Familiares y médicos defienden los ingresos involuntarios en trastornos mentales
Una reforma polémica
El matricidio de Torelló aviva el debate sobre el abordaje de la enfermedad en los casos más complejos
El Gobierno plantea eliminar los internamientos forzosos, pero no hay recursos alternativos
Precinto policial en la calle donde se produjo un matricidio, en Torelló (Osona), el pasado 30 de julio
El matricidio ocurrido el pasado 30 de julio en Torelló vuelve a poner sobre la mesa el debate respecto del abordaje de los enfermos mentales que no siguen tratamiento. Sergi Vargas, de 54 años, había agredido por primera vez a su madre en el 2021, a golpes de martillo, y desde entonces la familia intentó por múltiples medios que fuera ingresado para someterse y adherirse a una terapia. No lo consiguieron. El enfermo entró en un proceso de gran deterioro y se introdujo en una espiral de amenazas, violencia y denuncias que desembocó en el trágico desenlace. El próximo mes, más de cuatro años después de los hechos, debía ser juzgado por la primera agresión y sus familiares tenían la esperanza de una condena asociada a un tratamiento.
La situación de desamparo y autodestrucción de Sergi Vargas no es, ni mucho menos, excepcional. Familiares de enfermos mentales y profesionales de la psiquiatría y la psicología confirman que el sistema excluye a un gran número de personas vulnerables con patología mental compleja. Reprochan, en este sentido, la intención manifestada por el Gobierno de prohibir los internamientos involuntarios “excepto en urgencias vitales que pongan en peligro la vida del paciente o de terceros”. Familiares de Sergi Vargas aseguraron a Guyana Guardian que un ingreso acompañado de terapia pudo haber cambiado el fatal rumbo de los acontecimientos. Pero ni la psiquiatra que evaluó su estado después de los hechos del 2021, ni la justicia (el hombre eludió someterse a pruebas forenses) calibraron la necesidad de un ingreso involuntario. ¿Alternativa? Ninguna.
Josep M. Sala: “Se nos sacan de encima y tiene que hacerse cargo la familia, que no está preparada”
“Es muy curioso que los gobiernos catalán y español estén pensando en dificultar todavía más esta posibilidad cuando se trata de alguien que está muy enfermo y no sabe lo que hace”, censura Eduard Vieta, jefe del servicio de Psiquiatría y Psicología del hospital Clínic, en Barcelona. “Esto lo pagan las familias y los pacientes, que cuando están en estado psicótico, de pérdida del sentido de la realidad, son los primeros que tienen que ser protegidos porque pueden estar pensando que alguien quiere hacerles daño y ese alguien suelen ser los familiares más próximos”, añade.
En el caso de Torelló, la legislación no protegió a la víctima ni al enfermo, sino a la enfermedad. “Hay un fallo del sistema”, afirma el doctor, miembro del Consell Assessor de Salut Mental de la Generalitat. En su opinión, la ignorancia y la leyenda negra en torno a la patología mental son barreras que impiden afrontarla adecuadamente. El ambiente es un poco antipsiquiátrico , afirma: “Los tratamientos no son vistos como la quimioterapia contra el cáncer, aquí parece que estemos reprimiendo a los enfermos, siempre se habla de abuso de medicación”. “Paradójicamente, se habla mucho de salud mental, está de moda, pero no de enfermedades mentales. Nos hemos vuelto más conscientes de la fragilidad mental después del confinamiento, pero estamos discriminando a las personas con enfermedades. Nos preocupamos por algo que afecta a mucha gente pero no es grave, pero no de las enfermedades mentales porque son tabú”.
Las soluciones
Más profesionales y juzgados específicos
Hay soluciones, y no son excesivamente complicadas, lo que ocurre es que “van en dirección contraria a un entorno social que es más bien garantista y que acaba teniendo el efecto contrario”, afirma Eduard Vieta. El psiquiatra remarca que no seguir la terapia puede provocar comportamientos violentos y propone facilitar los ingresos involuntarios, reforzar la formación de los jueces en esta materia (“la hacemos en el Clínic, pero solo vienen un día al hospital”) y habilitar juzgados específicos para estos casos, con fiscales, jueces y forenses expertos. Por otra parte, destaca la necesidad de más profesionales (“España tiene segunda la ratio de psiquiatras y psicólogos más baja de Europa por detrás de Bulgaria”), recursos sociales y educación en salud mental. “La barrera más importante es la mental: los gestores a veces están influidos por una visión de la psiquiatría basada en variables sociales, tópicos y prejuicios”.
Para Vieta, la idea del Gobierno de poner todavía más obstáculos a los ingresos responde, por un lado, a una corriente de opinión de las redes sociales y, por otra, a razones ideológicas que niegan la enfermedad mental. “Todavía hay personas que piensan que es un problema social y no un problema médico, y algunas de ellas están muy cerca del poder”.
Quien lo paga, dice, son las familias: “Te dan ganas de llorar cuando ves a gente que tiene que convivir con un enfermo que muchas veces no tiene conciencia de la enfermedad, está en un estado de delirio y alucinaciones y no se quiere tratar”. Porque las actuales condiciones de hospitalización no son las de antes, con frenopáticos y cadenas en las paredes. “Actualmente los ingresos duran entre dos y tres semanas. El daño que puedes hacer a alguien en el caso insólito de un ingreso injustificado sería como mucho de tres semanas”, argumenta el psiquiatra. “Además, muchas veces los ingresos involuntarios acaban siendo voluntarios, porque al cabo de dos o tres días la persona se estabiliza y da su consentimiento”, precisa.
Eduard Vieta: “Aquí parece que con los tratamientos estemos reprimiendo a los enfermos”
Joan M. Sala, presidente de la Associació de Famíliars d’Afectats per Transtorns de Conducta (Afatrac), se declara “identificado al cien por cien” con los hechos de Torelló. En la entidad, que agrupa a 370 familias, no son pocos los casos de progenitores que han tenido que mudarse para evitar males mayores. Por otro lado, en cinco años y medio han fallecido 11 hijos de Afatrac en situaciones de desamparo. “Muchos son agresivos, personas difíciles; molestan en todas partes y todo el mundo se las saca de encima. No son malas personas, tienen sentimientos y quieren a su familia”, afirma. Pero la enfermedad se impone.
Sala reclama, en contra de las intenciones del Gobierno, que el ingreso involuntario en estos casos sea “más asumible”, porque no existen las alternativas necesarias en forma de atención domiciliaria, pisos tutelados o casas de crisis. A su entender, con esta intención “se los sacan de encima y tiene que hacerse cargo la familia, que no está preparada para trabajar con estas personas”.
España tiene la segunda peor ratio de psiquiatras y psicólogos de Europa, por detrás de Bulgaria
Según Sala, muchos pacientes que no son conscientes de su trastorno quedan estabilizados después de una crisis y la valoración psiquiátrica no llega la fondo del problema, con lo que no hay ingreso (ocurrió en Torelló). Por otra parte, la justicia actúa fuera de los plazos necesarios. “Es absurdo que el juicio (caso Torelló) fuera a hacerse más de cuatro años después. No es un problema de Código Penal, es que la justicia tiene que ser inmediata. Es como si un niño hace una travesura y lo castigas al cabo de un año. Y en estos casos, debe ser una justicia restaurativa, no punitiva; hay que intentar recuperar a la persona para la sociedad”.