El pasado mes de julio, una alianza de cuatro medios de comunicación (RTVE Noticias, Ràdio 4-RNE, elDiario.es e Infolibre ) dieron voz a mujeres presuntamente abusadas por Ramón Flecha.
Poco después, 11 personas presentaron una denuncia ante la UB, que encargó una investigación a una comisión independiente y suspendió la condición de emérito al catedrático. Esta es una concesión que da el rector a docentes e investigadores después de cumplir los 70 años, edad de jubilación.
La comisión está compuesta de un experto en abuso sexual, otro en grupo coercitivo, y un tercero en integridad académica
Flecha tenía entonces 72 años (en septiembre cumplió los 73) y tuvo que dejar en manos de otros docentes las direcciones de tesis de estudiantes.
La comisión de expertos de la UB está compuesta por tres profesionales –un especialista en abuso sexual y de poder, otro en grupos coercitivos, un tercero, en integridad académica. Por orden expresa del rectorado, la identidad de estos profesionales permanece en el anonimato para evitar interferencias.
De momento, están tomando declaraciones a los denunciantes (actualmente ya son 15) en largas sesiones.
La bola que empezó a rodar en julio con los reportajes y, sobre todo, con la actuación de la UB, ha ido creciendo, afectando a otros miembros de CREA.
La Generalitat retiró cautelarmente a Marta Soler –que es doctora en Harvard y vicepresidenta de la Asociación Internacional de Sociología– un galardón por su trayectoria de excelencia.
Y, el pasado jueves, Soler recibió la noticia de que se investigará su mandato mientras presidió la Associació Catalana de Sociologia. La junta (presidenta, Olga Serradell, vicepresidente Josep M. Pascual, secretaria, Lidia Bordanoba, y tesorera, Lena de Botton), mayoritariamente de CREA, fue cesada de forma cautelar.
El pasado martes, la consellera de Universitats, Núria Montserrat, llamada a comparecer en el Parlament por este caso, expresó el respeto por la autonomía universitaria y la confianza en la UB.
La UB reformó el código ético en 2024 y ahora considera “mala praxis profesional” las relaciones entre profesores y alumnos
Dentro de la UB, la Assemblea Feminista, la facultad de Educación y grupos de Sociología presionan al rectorado para que cese a Soler como jefa del departamento y a la coordinadora del programa de doctorado, Lidia Puigvert, también miembro destacado de CREA.
La UB responde que, en nombre de la imparcialidad institucional, no puede limitar derechos hasta que disponga de elementos formales para actuar. Está a la espera del informe de la comisión.
Si se hallan indicios de delitos, el caso se trasladará a Fiscalía y el rector puede decidir que la UB se persone como acusación particular, algo que no se hizo en anteriores denuncias (2004 y 2016).
La percepción social sobre el acoso sexual ha cambiado, como demuestra la investigación en curso. La UB cuenta desde el 2022 con un protocolo contra el acoso y en el 2024 reformó el código ético que ahora considera “mala praxis profesional” las relaciones sexoafectivas entre docentes y alumnos, por ser “claramente asimétricas, con un evidente comportamiento de superioridad del primer colectivo respecto al segundo”.
