Durante más de dos décadas, cada vez que un nuevo rector ha asumido funciones en la Universidad de Barcelona (UB), una mujer ha llamado a su puerta. Ana Ayuste, profesora de la facultad de Educación, ha pedido audiencia, incansablemente, para advertir sobre Ramón Flecha, catedrático de Sociología, y el funcionamiento de CREA, el influyente grupo de investigación que él fundó en 1991.
“A cada cambio de rector he ido a hablar. También a cada nuevo equipo de decanato y dirección de departamento”, dice Ayuste. “Con todo lo que me cuesta”. Desde el 2004, cuando dejó CREA tras 13 años, ha contado su historia a un total de cinco rectores.
Las advertencias no han sido puntuales ni aisladas. Han pasado 21 años desde que a la mesa del rector de la UB llegaron las primeras acusaciones de presuntas prácticas abusivas –sexuales, académicas y laborales– en el seno de CREA. Flecha ha afrontado dos denuncias colectivas, en 2004 y 2016, que la universidad trasladó a la justicia y Fiscalía archivó. Dos carpetazos que resultaron cruciales para permitir la continuidad del grupo y consolidar a su líder.
Hoy, con 16 nuevas denuncias bajo investigación en la UB, una pregunta cobra fuerza: ¿cómo es posible que tantos años después se denuncien patrones idénticos de abuso sexual y de poder? Y, si lo que relatan las denunciantes es cierto, ¿cómo ha sobrevivido este grupo durante tanto tiempo?
En los pasillos de la UB, muchos hablan de un “secreto a voces”. El catedrático emérito de Educación Jaume Trilla, que es pareja de Ana Ayuste y, junto a ella, uno de los críticos más firmes de CREA, lo expresa de forma explícita: “Si se contrastan los actuales testimonios con los de 2004 y 2016, se ve que las prácticas que se atribuyen a CREA y a su líder se han ido produciendo a lo largo de muchos años y siguen vigentes”, escribe. “Las autoridades de la UB han conocido de sobras estas prácticas”.
En 2016, el fiscal consideró que CREA no era una secta porque sus miembros podían entrar y salir de los pisos
Ayuste participó en ambas denuncias. Su insistencia no responde, subraya, a una experiencia individual, sino estructural. “Lo que a mí me pasó fue en el marco de una institución; cuando conocí a Ramón, yo era estudiante y él profesor de la UB. Por eso, para mí no es un problema personal sino institucional”, dice.
2004, primera denuncia
En octubre de 2004, una quincena de ex miembros de CREA presentó una denuncia ante la UB. El rector, Màrius Rubiralta, encargó una investigación interna al catedrático de Derecho Constitucional Enoch Albertí. Las declaraciones recogidas –a las que ha tenido acceso Guyana Guardian – describen un funcionamiento que desbordaba lo académico.
“Cada semana hay una reunión del grupo del piso donde se exponen los temas personales y es el grupo quien decide sobre tu vida personal”, declaró un denunciante. Otro explicó: “Yo preparaba los artículos y los libros y después Ramón Flecha decidía quién los firmaba. Si pedías firmarlos te decían que tenías afán de protagonismo”. Una estudiante relató: “Tuve relaciones sexuales con Ramón y él me dijo que mantenía relaciones abiertas con varias chicas… Atando cabos [con otra joven], llegamos a la conclusión de que la mayoría de chicas de CREA están o han estado con Ramón”.
En mayo de 2005, Albertí entregó su informe confidencial al rector, que lo remitió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Un año después, la fiscal Teresa Compte decretó el archivo. Con matices: subrayó que se desprendía “la existencia de un entorno de invasión de la vida privada y no estrictamente académica”, por el “control de las relaciones sentimentales”, “imposición sutil de comidas colectivas”, “convivencia en pisos” y “confesiones semanales”, y vio indicios de “un comportamiento que afecta a los derechos elementales”.
Ana Ayuste, profesora de Educación, se ha reunido con todos los rectores desde el 2004 para advertirles
Compte fue más allá: señaló que ese comportamiento “puede llegar a ser considerado delictivo” según el artículo 314 del Código Penal, relativo a la discriminación grave en el ámbito laboral. Sin embargo, la ley establecía que, antes de abrir una causa penal, el rectorado debía requerir a CREA para que corrigiera la situación. Solo si persistía el comportamiento se podría actuar penalmente.
La fiscal no mencionó las prácticas sexuales relatadas, aunque, según fuentes del actual rectorado de la UB, Albertí sí había destacado en su informe “insinuaciones de carácter sexual y conductas que las personas afectadas viven como acoso sexual”.
Los límites institucionales
Tras el archivo, el rector Rubiralta envió una carta a Flecha exigiendo medidas. “Como verá, la fiscal considera que el comportamiento y funcionamiento de CREA puede llegar a ser delictivo”, advertía. “En caso de continuar produciéndose este tipo de situaciones, este rectorado comunicará los hechos a la Fiscalía”.
Dos meses después, Flecha dimitió como director de CREA y fue sustituido por Marta Soler, aunque en la web del grupo, la dimisión se vincula a la muerte de su amigo más cercano. Flecha también anunció al rector que retiraba los tickets comedor que CREA daba a sus miembros, eliminaba un borrador de código ético y abría un debate interno sobre becarios y publicaciones, explican fuentes de la UB.
Lo que no está claro –y el actual equipo rectoral lo admite– es si la UB supervisó que los cambios se aplicaran. Poco después cambió el rector y el equipo jurídico.
2016, segundo carpetazo
Diez años más tarde, en 2016, una nueva denuncia grupal volvió a poner a CREA bajo el foco. Dos ex integrantes denunciaron ante la UB prácticas sectarias: control de las relaciones afectivas, planificación de la vida personal y profesional, aislamiento del entorno familiar y represalias académicas. Se sumaron varios denunciantes del 2004. La UB de nuevo lo envió a la justicia, señalando que las nuevas acusaciones hacían “pensar que los comportamientos por los cuales se iniciaron actuaciones se están reproduciendo”.
El caso recayó en el fiscal de Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, que encargó la investigación a la Guardia Civil para determinar la “existencia de una posible secta bajo la apariencia de grupo de investigación”. Pese a la complejidad del caso, las declaraciones fueron breves, algunas de apenas veinte minutos. “Era evidente que era un trámite”, dice un denunciante. “El guardia civil me dijo que aquello no iría a ninguna parte”, dice otro.
El fiscal decretó el archivo al no ver hechos nuevos respecto a lo cerrado diez años atrás, ignorando que la fiscal Compte sí vio un potencial delito y dijo que, de no corregirse, se debería devolver a la justicia.
En 2016, el fiscal consideró que CREA no era una secta porque sus miembros podían entrar y salir de los pisos
Aguilar argumentó que no era una secta porque el denunciante principal decidió voluntariamente convivir con miembros del grupo y podía entrar y salir del piso cuando quisiera. El mismo escrito recogía, sin embargo, que esa persona “se vio obligado a cambiar de profesión para recuperar su identidad” al salir de CREA y había recibido tratamiento psicológico.
Quejas a Ensenyament
¿Estuvo alertada la Generalitat? Hasta lo que ha podido saber este diario, llegó una alerta a la conselleria de Ensenyament a través de uno de los proyectos estrella de CREA, las comunidades de aprendizaje, una propuesta de educación comunitaria, que aplican unos 40 centros en Catalunya (según el grupo). Imparte esta formación la asociación Odissea, vinculada a CREA. En 2013, la directora general de Educación Alba Espot atendió a un exmiembro de Odissea que le contó que dentro de una comunidad de aprendizaje había sido captado y abusado psicológicamente. El departamento trasladó la cuestión a los Mossos d’Esquadra, que llamaron a la presunta víctima. Este rechazó participar porque pasaba por un momento difícil. En cuanto se recuperó, los llamó, pero el asunto se zanjó por la dificultad de demostrar un abuso psicológico y la ausencia de tipificación legal. En 2016, este mismo hombre vuelve a llamar a la puerta de la conselleria, junto a otro ex miembro de CREA y dos profesores de la escuela El jardí dels Horts, situada en la Verneda, con un proyecto de comunidad de aprendizaje, que alertan sobre los contenidos con una visión doctrinaria cerrada. El departamento frena los recursos destinados a la formación y traslada la inquietud a la UB, que avala los proyectos. El departamento indaga y concluye que algunos centros se muestran satisfechos y otros no. La UB responde entre tanto que Fiscalía ha archivado el caso. En diciembre de 2017, el departamento vuelve a integrar las comunidades de aprendizaje en su catálogo de proyectos de innovación. En 2021, el conseller Josep González-Cambray (ERC) nombra directora general a Raquel García, hasta entonces directora de un centro exitoso de l’Hospitalet de Llobregat que ha seguido los postulados de CREA. Esta invita a Ramon Flecha a dar una conferencia que aún puede verse en la web. Hoy Educació ha retirado los fondos a CREA porque no se alinean con su objetivo estratégico de mejorar en matemáticas y lengua. Odissea ha decidido continuar apoyando a las comunidades gratis. El mismo exmiembro de CREA se ha comunicado ahora con Eva Menor, consellera de Igualtats i Feminisme, advirtiendo que el grupo ofrece formación sobre abuso a menores.
La psicóloga clínica Margarita Barranco, que trató a cuatro ex integrantes de CREA en aquellos años, es crítica. “La gran dificultad es siempre demostrar que ha habido toda esta parte coercitiva. Y muchos en el ámbito jurídico no están preparados para afrontar este tipo de casos. Si te limitas a la definición de lo que es una secta y tu argumentación es que alguien entró de forma voluntaria, significa que no entiendes el funcionamiento de estos grupos ni las técnicas que utilizan”, lamenta.
Un mes después, CREA apuntaló públicamente su victoria con una rueda de prensa en la que presentó un informe por encargo, del psicólogo José Fernández Aguado, que concluía que el grupo no era una secta. El informe se basó únicamente en entrevistas con miembros del grupo, lo que para Barranco lo invalida.
Cortafuegos y silencios
Entre archivos, advertencias sin control y cambios de rectorado, CREA sobrevivió. En 2015 dejó de ser formalmente un grupo de investigación adscrito a la UB para convertirse en una “comunidad de investigación”, al no adaptarse a la nueva normativa. Eso no impidió que sus miembros siguieran conquistando posiciones de poder en la universidad y en el ámbito académico, sin dejar de utilizar la marca UB como aval.
Lee también
La supervivencia de CREA se explica, según diversas fuentes universitarias, por una combinación de factores: opacidad interna, estrategias de despiste y la posición pública de Flecha como referente académico y adalid de la lucha contra la violencia de género, que actuó de cortafuegos ante las críticas. Por otra parte, padres de mujeres que hoy denuncian abusos defendieron en su día a CREA y a Flecha.
También pesó el silencio del entorno. Profesores, compañeros de departamento y cargos universitarios no denunciaron. Marta Soler es jefa del departamento de Sociología desde el 2020 y fue reelegida este febrero, como única candidata y 80 miembros con derecho a voto. Sigue pese a que el reglamento de la UB contempla la moción de censura constructiva. Hace tres semanas, 48 miembros del departamento firmaron una carta al rector pidiéndole, “con la máxima diligencia”, medidas “para restablecer la confianza institucional, proteger a las personas afectadas y el alumnado”.
¿Una nueva mirada?
Hoy, el avance del feminismo y un nuevo marco cultural permiten releer prácticas que antes se normalizaban o se toleraban. La propia UB se ha dotado de protocolos contra el acoso, códigos éticos y mecanismos de investigación.
“Por primera vez se analiza un posible patrón de coerción sexual”, dice la abogada de los denunciantes
“La diferencia respecto a 2004 y 2016 es que entonces no se analizó el patrón de coerción sexual como tal”, señala Violeta Assiego, abogada de los 16 denunciantes actuales. “Ni la UB ni la Fiscalía tuvieron en cuenta las relaciones sexuales que Ramón Flecha mantenía con mujeres del grupo CREA, ni valoraron si se daban en un marco de desequilibrio de poder o de presión psicológica”.
Lee también
“Por primera vez se plantea un análisis conjunto de estos elementos y la posible existencia de un patrón de coerción sexual”, añade Assiego. “Aunque no esté tipificado de forma autónoma, es un concepto reconocido en instrumentos internacionales y forma parte del debate normativo. Hay registrada una modificación de la ley catalana de violencias machistas para que lo incluya”.
