Las denuncias de ataques sexuales por internet contra menores de edad han subido un 13% en el lapso de dos años.
Grooming
Save the Children alerta mediante un reporte acerca de estos crímenes, los cuales impactan mayoritariamente a las niñas y cuyos trámites legales acostumbran extenderse por encima de tres años.
Las niñas son las principales víctimas y representan el 68,6% de los casos.
Marta cursaba 6º de Primaria cuando Víctor, su profesor de música, contactó con ella a través de Instagram usando un perfil falso. Se acercó a la menor como un apoyo emocional para después pedirle fotos y vídeos de contenido sexual. Este delito se conoce como grooming, es decir, cuando una persona adulta contacta con un menor por medios digitales con el objetivo de obtener material de abuso sexual infantil o propiciar encuentros, ya sean digitales o físicos.
Save the Children dio a conocer este jueves el estudio Detrás de la pantalla: violencia sexual contra la infancia en el entorno digital, fundamentado en el examen de 23 fallos judiciales relativos a 28 sucesos registrados durante el 2023 y 2024. La organización advierte que el entorno digital ha propiciado distintas modalidades de agresión en un escenario donde cerca del 58% de los niños y adolescentes usa la web con frecuencia desde los 11 años. Su actividad en línea se ha transformado en un lugar para socializar y aprender, aunque representa igualmente un ámbito peligroso si no se cuenta con las medidas de seguridad pertinentes.
Un 42% de los atacantes son personas allegadas y el 25% son parientes de las víctimas.
Los fallos judiciales examinados constituyen solo una fracción de los episodios de agresión sexual que ocurren. En realidad, una tercera parte de los niños y adolescentes ha padecido grooming en alguna ocasión, de acuerdo con un sondeo realizado a más de un millar de chicos de la misma entidad.
Los reportes sobre infracciones sexuales en el entorno digital dirigidas a la infancia han crecido un 13% durante el pasado bienio, elevándose desde los 954 incidentes contabilizados en 2022 hasta los 1.078 en 2024, de acuerdo con cifras de Interior. Gran parte de estos ilícitos afectan a personas de corta edad (84,2%), siendo las niñas el colectivo más perjudicado (68,6%).
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El documento ratifica que el promedio de edad de los afectados se sitúa en los 13 años y que el género femenino continúa predominando, representando el 60,7% de los incidentes. Sobre los atacantes, el patrón corresponde al de un varón que carece de registros criminales previos. En relación con el vínculo con el perjudicado, el 41,7% proviene de su círculo cercano, el 33,3% son individuos ajenos y el 25% se vinculan al entorno de la familia, una cifra considerablemente más alta que el 3,3 % detectado en el estudio previo.
Esta información evidencia que, de forma similar al entorno presencial, quienes agreden no resultan ser siempre extraños. Así le ocurrió a Marta, cuyo docente acabó cometiendo agresiones de índole sexual tanto en las instalaciones escolares como fuera de ellas después de que ella le confesara quién era realmente. Al final, la afectada reportó lo sucedido junto a su progenitor, un hecho poco frecuente, puesto que en casi la mitad de las situaciones es la madre quien interpone la querella, frente al 12,5 % que es gestionado por el padre.
Gran parte de los menores testifican en más de dos ocasiones antes del proceso judicial.
“El aumento de denuncias es una señal de que el problema empieza a visibilizarse, pero también confirma que la violencia sexual se extiende en distintos ámbitos del entorno digital. Internet sigue siendo un espacio inseguro para los niños”, afirma Ona Lorda Roure, quien coordina las políticas infantiles en Save the Children Catalunya.
Aunque se dispone de un conocimiento más amplio sobre este tipo de agresiones, por encima del 60% de las causas judiciales duraron tres años o un tiempo superior y un 14% se prolongaron más de cinco. En concreto, Marta debió aguardar tres años hasta que el sistema legal sentenció a prisión a su atacante por abusos sexuales reiterados mediante el empleo de medios tecnológicos.
En este prolongado procedimiento, gran parte de los afectados debieron testificar en más de dos ocasiones previo a la vista oral. “Obligar a un niño a repetir su experiencia una y otra vez supone revivir el daño. La Ley de enjuiciamiento criminal, en su artículo 499 ter, ya establece la obligatoriedad de la prueba preconstituida para los menores de 14 años, una protección que debería ampliarse”, sostiene Lorda. Si bien todavía no se implementa de forma regular, se empleó efectivamente en el 65 % de los expedientes.
Save the Children subraya que la normativa de amparo a la niñez y la juventud determina la importancia de “una justicia especializada”, puesto que los expedientes analizados en el documento demuestran que aún se mantienen “carencias importantes”. En realidad, el 65,2% de los procesos concluyó con un fallo de culpabilidad, lo que representa una caída considerable frente al 96,7% registrado en el estudio previo. De acuerdo con el reporte, las sentencias absolutorias ocurren porque no se estima que se cumplan los requisitos del tipo delictivo o, en diversas ocasiones, debido a la carencia de evidencias.
Debido a estas razones, la entidad sugiere incrementar las unidades expertas en agresiones infantiles, dado que hoy en día únicamente hay tres en el territorio nacional, situación que definen como “insuficiente”. Asimismo, solicitan la apertura de fiscalías dedicadas a procesos con menores afectados, proporcionar personal técnico cualificado a la judicatura y fijar una capacitación mandatoria para el conjunto de agentes legales, abarcando el maltrato en medios tecnológicos. Finalmente, Save the Children subraya la importancia de ampliar el sistema Barnahus, en el cual los damnificados reciben asistencia de expertos en un espacio adaptado a sus requerimientos.