Las reivindicaciones de los docentes catalanes: un 37% secunda el paro y decenas de miles de personas ocupan las vías públicas
Escuelas en huelga
Educación informa que propondrá un incremento del suplemento autonómico que supondrá un “punto de inflexión” en las negociaciones.
El triunfo de la huelga y de la protesta del profesorado resultó indiscutible. Tras analizar una tercera parte de los centros, el 37,23% se unió al cese de actividades, lo cual sugiere un seguimiento muy elevado en las escuelas e institutos públicos. Del total de docentes, sería necesario restar a quienes no pertenecen a primaria y secundaria, etapas que agrupan las mayores quejas, es decir, a los de educación especial, formación profesional y otros. Igualmente, a los maestros de la escuela concertada, que suponen cerca del 30% de todo el personal.
Las organizaciones sindicales sitúan, por tanto, el seguimiento de la huelga en el 85% de los empleados de la enseñanza obligatoria. El descontento se ha reflejado igualmente en las vías públicas. Cerca de 100.000 profesores en Catalunya han salido a protestar, de acuerdo con las centrales sindicales (70.000 en Barcelona, si bien la Guardia Urbana reduce la cantidad a 25.000).
En todo caso, la protesta se ha hecho notar con cortes en carreteras y accesos a las principales ciudades del territorio al inicio de la mañana, así como con la manifestación de Barcelona, que partió desde Jardinets de Gràcia hacia Via Augusta, donde se encuentra la conselleria de Educació.
En Barcelona, las agrupaciones sindicales calculan la protesta en 70.000 asistentes y la Guardia Urbana, en 25.000.
Desde junio de 2022 no se habían visto tantos docentes con pancartas. Entonces, bajo la responsabilidad de la conselleria de Josep Gonzàlez-Cambray, se negociaba el intercambio por aceptar el adelanto del calendario que implicó cuatro meses de huelgas consecutivas. Por cierto, el PSC asumió ese adelanto al tomar el control de Educació en 2024, cumpliendo con los acuerdos con ERC para gobernar, aunque aún genera disputas entre las direcciones de los centros, que lamentan no disponer de tiempo para preparar el curso. Inicialmente, Cambray pretendía que se trabajara en julio para tener las aulas listas tras el verano, pero con los ánimos exaltados, ningún responsable administrativo ha llegado a plantearlo formalmente.
Así pues, en la época estival de 2022, con el fin de detener el conflicto, las autoridades aceptaron que los maestros recortaran una hora lectiva, lo que conllevó la llegada en enero de 2023 de 3.500 educadores extra. A los responsables de los centros no les convenció totalmente el resultado. Habrían preferido que esos recursos se emplearan no en disminuir el horario de los docentes, sino en aumentar el personal escolar para gestionar mejor la diversidad de los estudiantes.
Todo este contexto resulta relevante porque en la protesta de hoy también se unen varios objetivos cuya solución determinará las manifestaciones de mañana.
El incremento de la compensación financiera (las organizaciones sindicales solicitan hasta un 25% de los haberes) y la optimización del entorno escolar: una menor ratio, más especialistas de refuerzo pedagógico para gestionar la pluralidad y una reducción de la carga burocrática.
Las organizaciones sindicales que convocan incluyen a USTEC-STEs (IAC), CCOO, CGT, UGT y Professors de Secundària. De entre el conjunto de demandas (ratios, salarios, reducción de burocracia) su “línea roja” se centra en las remuneraciones. Solicitan un incremento del 25% debido a la disminución de la capacidad de compra que el sector padece desde los ajustes de la gran crisis económica.
Educació, en la lògica de la negociació, ha assenyalat que planteja posar en marxa el complement específic autonòmic que, en els docents nous, es troba per sota dels de les altres comunitats espanyoles. Ho farà a la taula sindical convocada per al 19 de febrer. El secretari de Millora Educativa del Govern, Ignasi Giménez, ha destacat avui que és “la primera vez en 20 años” que la conselleria obri aquest tipus de negociació i que la millora, que no ha quantificat, serà progressiva. Vinculada, és clar, a l’aprovació del pressupostos. Una aprovació incerta en aquest moment.
El departamento tiene que resolver qué presupuesto asigna a progresos del trabajo y qué parte a la escuela inclusiva.
Giménez sugirió que esto implicaría un desembolso importante debido a que los 100.000 docentes del sector representan el 54% del personal laboral de la Generalitat. “Pero sin presupuestos no podrá ser”, reconoció. El Govern afronta una situación complicada debido a esta movilización y a la huelga médica de la semana entrante, cuyo sindicato mayoritario, Metges de Catalunya, ha respaldado a los profesores. Giménez aclaró que, de no ratificarse las cuentas de 2026, sería necesario regresar a las partidas de 2023, que fueron las últimas validadas. En aquel periodo, se asignaron a Educació cerca de 5.800 millones y, mediante suplementos de crédito, dicha cantidad subió a unos 9.000 millones.
La principal organización sindical de facultativos, que ha programado un paro para la semana entrante, brinda su respaldo al profesorado.
Pese a que se aprobara otra vez dicha ayuda económica excepcional, no se dispondría de ella al instante, lo que dificultaría el abono de los fondos a los que están asignados.
Ha recordado, por otra parte, que los docentes ya han visto incrementado su salario este enero gracias al aumento salarial del 11% en tres años para los funcionarios públicos aprobado por el Gobierno y acordado con UGT y CSIF. Estos incrementos, ha señalado, establecidos por el Gobierno español, suponen para las arcas catalanas unos 5.030 millones de euros.
En todo caso, el incremento salarial debe ir acompañado de otro objetivo: mejorar las condiciones para el personal de apoyo educativo (no son docentes, sino profesionales que auxilian en las escuelas) y reducir las ratios. Los sindicatos, que celebrarán elecciones en 2027 y con estas protestas evidencian su tour de force, exigen un aumento salarial y, en segundo lugar, ratios.
Sin embargo, el motivo de la frustración de los profesores no reside tanto en sus salarios como en el contexto de sus aulas, debido al volumen y la pluralidad de los estudiantes. Esto incluye la precariedad, la inmigración, los alumnos con requerimientos específicos por trastornos o discapacidades y los nuevos desafíos en el equilibrio emocional y psíquico. Al reportar, por ejemplo, una crisis de salud mental de un joven, carecen del respaldo de los departamentos psicopedagógicos de Educación o de los servicios sanitarios habituales. Son observadores recurrentes de una pasividad ante conflictos severos que termina por socavar la credibilidad en la estructura institucional.
La propia consellera Esther Niubó, actualmente en baja médica, destacó al inicio del curso que el 34% de los alumnos requiere una atención educativa especial, ya sea por su situación familiar —económica, cultural o de origen— que los coloca en una posición inicial inferior a la del resto, o bien por dificultades previas para aprender, como discapacidades físicas o psíquicas, trastornos del lenguaje, trastornos del aprendizaje o autismo.
No se trata de que los docentes no deseen mejorar su salario, pero las reclamaciones expresadas en las calles reflejan la presión que sufren en el aula. La disminución demográfica ayudará de manera natural, pero reducir las ratios es una medida anticipada, especialmente en los centros urbanos muy saturados (la media de alumnos por docente disminuye por la baja matrícula en las escuelas rurales). Y, desde luego, el respaldo a las necesidades psicológicas, ya sean puntuales o crónicas.
El secretario de Mejora Educativa reconoció que se presentará una iniciativa similar, señalando que la raíz de las dificultades en la enseñanza inclusiva reside en la normativa de 2017 que carecía de financiación. La totalidad de los estudiantes con requerimientos educativos diversos tienen que compartir el espacio del aula. Dicha aspiración integradora contaba con el respaldo de los docentes. Sin embargo, actualmente se percibe como algo inviable si no se realiza una transformación estructural del modelo, más allá de las soluciones temporales que implementa la gestión pública. El Govern ha incrementado en 1.500 el número de docentes, 1.600 los espacios de bienvenida y ha destinado 34 millones adicionales a la integración escolar. No obstante, el secretario confesó que el proceso resulta complejo. “Estamos haciendo esfuerzos”, manifestó, “en la medida de lo posible”. “Ojalá podamos poner los recursos que necesita la inclusiva”.