La asociación Facua-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a la promotora del festival Brava Madrid por impedir a los asistentes introducir comida y bebida del exterior en el recinto, una condición que considera abusiva y sin justificación legal. No es la primera vez que la asociación actúa contra estas prácticas. El mes pasado denunció ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a varios de los principales parques de atracciones en España, entre ellos Isla Mágica, Parque Warner, PortAventura y Terra Mítica, por impedir también la entrada con comida y bebida del exterior.
El evento, previsto para los días 19 y 20 de septiembre en el recinto ferial del municipio madrileño, detalla en su página web que queda prohibido el acceso con alimentos o bebidas, aunque sí podrán adquirirse en el interior en puestos y barras habilitados por la organización.
Facua sostiene que esta restricción no responde a motivos de seguridad ni de higiene, sino a fines meramente económicos. “La restauración es un servicio complementario, ajeno al precio de la entrada, por lo que la prohibición constituye la imposición indirecta de servicios accesorios no solicitados”, señala la denuncia, que también advierte de que genera “un desequilibrio en las relaciones contractuales en perjuicio del consumidor”.
La organización recuerda que tanto la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios como la normativa autonómica califican como infracción la imposición de condiciones abusivas o prestaciones accesorias no solicitadas. En este sentido, cita un informe de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) que en 2016 ya consideró abusiva la prohibición de introducir comida en cines.
Lee también
Facua ha instado a los asistentes al festival a reclamar ante la promotora y ha solicitado a las autoridades de consumo locales y autonómicas que abran expedientes sancionadores para proteger los derechos de los usuarios.
Según la asociación, este tipo de políticas vulnera el principio básico de la normativa de consumo, que prohíbe imponer cláusulas que limiten los derechos de los consumidores o los obliguen a contratar servicios no solicitados.