Los funcionarios cobrarán hasta 3.500 euros más en cuatro años con el nuevo acuerdo
Función Pública
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente en la firma del pacto para el nuevo marco laboral y salarial de los empleados públicos, valora “el triunfo de lo público y del diálogo social”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la firma con los sindicatos
Entre 1.524 euros y 3.512 euros cobrarán de más los funcionarios en cuatro años, gracias al nuevo acuerdo marco por la mejora del empleo público y de servicios a la ciudadanía, que eleva las retribuciones para los años 2025-2028 hasta un 11%. Los 3.512 euros corresponderán a los funcionarios del grupo A1 en 2028. El grupo más numeroso, el C1, recibirá 2.187 euros adicionales de revalorización y los 1.524 euros son para el grupo más bajo, el E.
El acuerdo supone una subida salarial del 11% (11,43% si se tiene en cuenta el efecto arrastre, señalan los sindicatos) a repartir entre los cuatro años. La subida de este año será del 2,5% con efectos retroactivos a 1 de enero. Para 2026, la subida será de un 2%, (1,5 % fijo, más 0,5% variable), a cobrar en el primer trimestre de 2027 con carácter retroactivo desde enero de 2026. En 2027 el incremento será de un 4,5%, y de un 2% en 2028.
El acuerdo se ha firmado esta tarde en la sede del ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública por parte del ministro Óscar López, la representante de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque y el presidente de CSIF, Miguel Borra. CC.OO. No se ha sumado finalmente al acuerdo pese a participar de las negociaciones.
En la firma ha estado presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha destacada el “muy buen acuerdo” para los empleados y empleadas públicos. “Estamos dando un paso decisivo hacia un modelo de empleo público más contemporáneo, más actualizado a las exigencias y a las demandas de la sociedad española del siglo XXI, más preparado para responder a los desafíos que tiene nuestra sociedad. Y además lo hacemos unidos. El valor de esta firma es que lo hacemos desde el diálogo social, que es la mejor herramienta para avanzar, para construir acuerdos sólidos y teniendo acuerdos que legitimen la acción del gobierno”, ha señalado.
Por su parte, el ministro de Función Pública, Óscar López, también ha agradecido a los sindicatos su trabajo para alcanzar este acuerdo, al presidente del Gobierno su presencia en el acto de firma, y ha asegurado que sin la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este acuerdo “hubiera sido imposible”. “El acuerdo marco que firmamos hoy no solo mejora sus condiciones laborales, también moderniza la función pública y refuerza, sobre todo, los servicios que reciben los ciudadanos”, ha expuesto López.
Por su parte, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha asegurado que este acuerdo prepara a la Función Pública para un futuro “cada vez más grande”. “Es un acuerdo con un enorme potencial de desarrollo en todos los ámbitos territoriales y sectoriales del sector público, partiendo del respeto a la autonomía y especificidad existente en cada uno de ellos”, ha añadido.
El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha indicado, por su lado, que este es “el mejor acuerdo posible” ante las dificultades que atraviesa España, con un bloqueo presupuestario, y ha recalcado que CSIF lo suscribe por “responsabilidad y compromiso”. Borra ha reprochado al ministro de Función Pública que no se hayan sentado a negociar “antes” y ha avisado de que el apoyo de CSIF al acuerdo “no es un cheque en blanco” al Gobierno. “Velaremos por su cumplimiento en tiempo y forma, reservándonos las medidas necesarias. Creemos que hemos dado un paso adelante en la mejora de las administraciones públicas y, desde luego, estamos convencidos de que nuestros empleados públicos valoran de manera muy positiva el esfuerzo del Gobierno y el acuerdo que aquí hemos suscrito”, ha concluido.
La clave de este acuerdo, que ha llevado “incontables horas de negociación”, ha recalcado el ministro, ha sido la cesión, por parte de Función Pública, de aumentar el porcentaje de revalorización de sueldos para 2025 y 2026. El lunes pasado, la negociación encalló porque el Ejecutivo ofrecía un 11% pero en el reparto, solo se incrementaban los sueldos un 4% en los dos primeros gastos para no superar el techo de gasto. Al final, Función Pública ha cedido en añadir un 0,5% al año 2026 vinculado a que el IPC sea igual o superior al 1,5% de la parte fija para este año. Este incremento se pagaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.
Los salarios públicos “recuperarán de este modo tres puntos de poder adquisitivo (exactamente, 2,83%). En un plazo de trece meses (enero de 2027), las nóminas registrarán un incremento del 9 %. El aumento total real durante el período de vigencia del acuerdo será del 11,43 %, incluidos deslizamientos y arrastres”, según destacaron desde UGT en un comunicado.
El acuerdo incorpora además diversas mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios, como la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de los procesos selectivos y el refuerzo de las plantillas de atención al público, entre otros aspectos.
Así, los firmantes se comprometen a agilizar y mejorar los procesos selectivos, reduciendo los plazos, territorializándolos para aportar mayor proximidad, eficiencia y rapidez, simplificando y reduciendo las cargas administrativas, y reforzando los programas de becas y se impulsará la implantación gradual de un modelo alternativo basado en criterios de planificación estratégica y gestión de recursos humanos en las Ofertas Públicas de Empleo.
Además, se revisarán al alza en 2026 las indemnizaciones por razón de servicio, incorporando criterios de igualdad entre empleadas y empleados públicos, y los complementos de residencia e insularidad