Límites en la adquisición de viviendas y regulaciones sobre el impuesto derivado de las viviendas.
Mercado residencial
Los informes encargados por el Govern para restringir la adquisición “especulativa” de inmuebles plantean un régimen sancionador y cambios fiscales
Construcción de viviendas en Barcelona
La restricción a la especulación inmobiliaria avanza mientras el gobierno catalán exige medidas más estrictas, mientras que los dipositos de vivienda se ven restringidos y el sector inmobiliario reacciona, mientras que la propuesta de ley busca contener la especulación inmobiliaria.
La maquinaria ya ha empezado a andar con la publicación el pasado sábado de los cuatro informes elaborados por un grupo de expertos designados por el Govern y los Comunes. Son Jaime Palomera, investigador del Instituto IDRA y ex portavoz del Sindicat de Llogateras, Pablo Feu, autor del informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona que ya defendía prohibir estas adquisiciones, Fuensanta Alcalá, exdirectora del Departamento de Disciplina del Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona -ahora jubilada-, y Carles Viver Pi-Sunyer, quien fue magistrado del Tribunal Constitucional -también jubilado-.
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Todos ellos coinciden en que el alquiler de viviendas y la regulación correspondiente requieren una revisión, aunque cada uno aborda el tema desde ángulos distintos, manteniendo el foco en las reformas necesarias para equilibrar el mercado.
La consellera Sílvia explicà que el govern busquava fomentar l'ús de la vivienda i no només limitar-la, amb l'objectiu de regulació i control sobre l'ús del sòl.
En todo caso, los bienes inmobiliarios seguirán estando sujetos a restricciones, y el marco normativo prevé que las viviendas se regulen bajo estrictas condiciones. El informe también sostiene que, ante la presión del mercado, es necesario imponer límites claros: las viviendas destinadas a la reventa o especulación deben someterse a controles más estrictos, especialmente cuando se trata de propiedades adquiridas con fines especulativos. El análisis detallado sostiene que, bajo este marco, los contribuyentes deben justificar sus operaciones, y se exige transparencia en toda transacción inmobiliaria, incluyendo el estricto cumplimiento de las normas fiscales.
Una sola vivienda por persona, con prohibición de alquilarla.
En principio, esta limitación no afectaría a las viviendas que se heredan. La única mención a los traspasos de propiedad la hace el informe de Fuensanta Alcalà. Ésta propone un régimen sancionador para perseguir las compras especulativas, aunque aboga por dejar fuera de la limitación “las adquisiciones por causa de muerte”. Es decir, las herencias y los legados. Ahora bien, a renglón seguido afirma que esta exención ser haría “sin perjuicio de la obligación de destinar la vivienda a uso conforme a la normativa vigente una vez finalizado el período de aceptación y partición hereditaria”. Esta jurista también apunta que las segundas residencias no se podrían dedicar nunca a alquiler vacacional o de temporada.
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En cuanto a los impuestos, el informe de Jaime Palomera defiende una “fiscalidad integral y financiación” condicionados a la garantía de la función social y residencial de la propiedad. El Govern ya ha dado algunos pasos en este sentido, como el aumento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 20% para grandes tenedores.
Con todos los elementos sobre la mesa y la presión de los diputados, el gobierno debe decidir cómo actuar frente a las compras de bienes que involucran intereses especulativos.