Catalunya incrementa notablemente los ingresos fiscales por la adquisición de inmuebles.

Fiscalidad

La Generalitat recaudará cerca de 3.000 millones, el volumen más alto tras la burbuja, en el año del incremento del ITP

La compraventa de viviendas está en máximos desde la crisis del ladrillo

La compraventa de viviendas está en máximos desde la crisis del ladrillo

Mane Espinosa

Las Claves

  • La Generalitat percibirá cerca de 3.000 millones de euros en 2025 por impuestos inmobiliarios, alcanzando un máximo histórico desde la burbuja.

La Generalitat percibirá durante este 2025 cerca de 3.000 millones de euros por gravámenes vinculados a la actividad inmobiliaria, lo cual representa un máximo histórico desde los años de la burbuja. Ello se debe a que los ingresos de los dos tributos fundamentales que tramita la administración catalana sobre las transacciones de inmuebles han aumentado a doble dígito, según refleja el reciente reporte de cumplimiento presupuestario difundido este mes.

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De este modo, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) ha generado 2.207,1 millones de euros de enero a noviembre, lo que supone un incremento del 17,7% respecto al ejercicio previo. Respecto al gravamen de actos jurídicos documentados (AJD), los ingresos aumentan un 22,4%, alcanzando los 756 millones. A esto se suma el Impuesto de Operaciones Societarias, mediante el cual la Generalitat ha obtenido 11,5 millones de euros. Conjuntamente, las tres figuras tributarias acumulan 2.974,6 millones antes de incluir los datos de diciembre, que todavía no se han publicado. Por consiguiente, es muy factible que Catalunya sobrepase los 3.000 millones de euros por tributos inmobiliarios en el total del año, frente a los 2.772,5 millones registrados en 2024.

El documento sobre el cumplimiento presupuestario vincula el notable incremento de los ingresos fiscales al repunte en la cantidad de transacciones de viviendas. “El incremento de precios de la vivienda no se ha reflejado en las bases imponibles del impuesto de manera directa porque en una parte importante de las transacciones se tiene en cuenta el valor de referencia, que ha crecido menos que los precios”, señala.

La bajada de tipos y la fuerte demanda de vivienda ha elevado las transacciones a picos no vistos en casi veinte años. Tan solo de enero a octubre se enajenaron en Catalunya 95.6510 casas, un 80,6% de carácter usado. El ITP recae sobre tales fincas de segunda mano y supone el segundo gravamen por recaudación más importante para los recursos de las comunidades autónomas.

Respecto a Catalunya, el Govern modificó dicho impuesto durante el presente ejercicio, como resultado de un pacto con la formación de los Comunes con el fin de castigar la adquisición de inmuebles por inversores. Esta variación tributaria establece una tarifa impositiva gradual según los niveles de tasación de la propiedad, fijando un suelo del 10% en casas de hasta 600.000 euros y un techo del 13% para aquellas que superen los 1,5 millones. Dichas cuotas no se imponen íntegramente sobre el coste total, sino que funcionan por niveles sucesivos, aunque se contemplan bonificaciones según las circunstancias individuales y los ingresos. Asimismo, el Govern validó un gravamen específico del 20% destinado a grandes propietarios, ya sean sujetos físicos o entidades legales con cinco o más viviendas en zonas declaradas como tensionadas (casi toda Catalunya) o poseedores de diez inmuebles en las demás zonas. Consecuentemente, Catalunya se sitúa ahora entre las regiones con la carga fiscal más elevada dentro del ITP.

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Por otro lado, el tributo sobre Actos Jurídicos Documentados, identificado usualmente como el impuesto de las hipotecas, presenta un tipo del 1,5% en Catalunya.

La modificación del ITP y el incremento impositivo a los grandes propietarios podría no representar el único cambio fiscal en materia residencial que impulse el Govern de Salvador Illa. La titular de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, señaló en una charla reciente con la ACN que analizarán ajustar otra vez los impuestos para frenar la adquisición de inmuebles con fines especulativos, concepto que llaman “compra especulativa”. Una vez más, esto busca satisfacer un acuerdo con los Comunes, quienes solicitan explícitamente vetar dicha clase de transacciones.

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