Rodrigo Duterte vuela ya rumbo a La Haya, donde será procesado por la Corte Penal Internacional (CPI), interesada por los miles de ejecuciones extrajudiciales durante su mandato presidencial en Filipinas. Su sucesor, Ferdinand Marcos, había dado instrucciones para su arresto a su llegada al aeropuerto de Manila, este martes por la mañana. Tras varias horas custodiado en la cercana base aérea de Villamor, a las 11 de la noche, hora local (las 4 de la tarde en España), volvía a despegar, esta vez en un jet.
Se trata de un auténtico terremoto político en el archipiélago, donde el populista Duterte terminó su mandato con un elevado índice de aprobación. La hija de este, la vicepresidenta Sara Duterte, ha dicho que “se lo llevan a la fuerza” y ha denunciado “la persecución” de que son objeto. Según ella, una demostración de que “el gobierno abandona a sus propios ciudadanos y traiciona la esencia misma de la soberanía y la dignidad nacional”.
De este modo, la batalla de Filipinas -con su intríngulis geopolítico- entre el clan de los Marcos y el de los Duterte se ha convertido ya en una guerra abierta por la supervivencia.
El expresidente Rodrigo Duterte fue detenido nada más aterrizar en el aeropuerto de Manila, procedente de Hong Kong. La policía había recibido instrucciones desde Presidencia para atender la orden de arresto de Interpol, emitida la Corte Penal Internacional (CPI).
Esta investiga como un presunto crimen contra la humanidad la ejecución extrajudicial de 43 narcotraficantes, ladrones y delincuentes durante el periodo en que Duterte ocupó el palacio de Malacañang y, antes aún, la alcaldía de Davao, segunda área metropolitana del archipiélago. Este es el número de casos en que presume un conocimiento directo por parte del político populista, aunque el total de muertes de este tipo superaría las seis mil.
La detención y entrega del anterior jefe del Estado es una decisión política inaudita de su sucesor, Ferdinand Marcos, ya que el estado filipino se retiró en 2018 del Estatuto de Roma -a iniciativa de Duterte- por lo que queda fuera de la jurisdicción de la CPI. Bongbong Marcos descarga así en La Haya la responsabilidad de dejar fuera de juego a su antagonista, que vuelve a aspirar a alcalde de Davao en las elecciones de dentro de dos meses, con su hijo Sebastián como vicealcalde.
Su hija y vicepresidenta, Sara Duterte -con aspiraciones presidenciales- lucha también contra su propio proceso de destitución, iniciado en diciembre y que el mes pasado ganó velocidad de crucero en la Cámara Baja, presidida por un primo de Marcos.
Legalidad en duda
Duterte retiró a Filipinas de la jurisdicción del TPI en 2018 para evitar ser procesado
Su deportación a Europa supone una auténtica prueba de fuego para el gobierno de Ferdinand Marcos, hijo del dictador homónimo. El arresto, descartado durante años y meses, llega cuando faltan solo dos meses para la cita electoral más importante, después de las presidenciales. El 12 de mayo se renovará la Cámara Baja y la mitad de la Cámara Alta, además de los ayuntamientos. Una apuesta muy arriesgada, que podría volverse en contra del gobierno Marcos si el popular Duterte logra movilizar a los suyos.
Hasta ahora, el propio Ferdinand Marcos había afirmado que no entregaría a su predecesor, por motivos “de soberanía”, pero que no pondría ningún impedimento si él mismo decidía entregarse. A finales de febrero, no obstante, el secretario ejecutivo de Marcos -y cargo más importante de su gabinete- Lucas Bersamín, dijo que estaban abiertos a atender una orden de busca y captura de Interpol. Para más inri, Bersamín había sido nombrado en su día presidente del Tribunal Supremo por Duterte.
El Learjet en el que vuela Duterte, bajo custodia, justo antes de su despegue en la base aérea de Villamor, metro Manila.
El exmandatario declaró la guerra a los traficantes desde el principio de su mandato, en 2016. Una cruzada en la que se calcula que murieron unas 6.000 personas -más de 8.000 según un organismo de la ONU- la mayoría camellos. Tanto en operativos antidroga, como en ejecuciones extrajudiciales, en varios casos a manos de patrullas ciudadanas, con la connivencia de las autoridades.
Rodrigo Duterte dijo en octubre pasado que asumía toda las responsabilidad, en descargo de la policía, pero que no pensaba pedir perdón, porque su política lo que buscaba era "proteger inocentes”. Nada más llegar al poder, en una plataforma a favor de la descentralización y contraria a las drogas, Duterte prometió mano dura “contra tres millones de adictos”. Las Filipinas contaban entonces con cien millones de habitantes.
Ni el Presidente del Supremo, entonces, ni Ferdinand Marcos, luego, tuvieron grandes dilemas morales. La prueba es que este último concurrió a las presidenciales en una plataforma conjunta con Sara Duterte, para repartirse el poder al término de la presidencia de Rodrigo Duterte (en Filipinas solo puede optarse a un mandato, de seis años).
Pugna geopolítica
Mientras los Duterte se acercan a China, los Marcos reabren bases militares de EE.UU.
Sin embargo, el pacto se deshilachó en apenas dos años. Sara Duterte abandonó la cartera de Educación y salió del gobierno, conservando de todos modos el título de vicepresidenta, de acuerdo con la legalidad filipina. Su permanencia se había vuelto imposible, después de que se llamara a investigar su uso de los fondos reservados de la vicepresidencia. También denunció el hostigamiento legal a su jefa de gabinete. En septiembre, la persecución político-jurídica alcanzó de forma rocambolesca a uno de los aliados de los Duterte en la isla de Mindanao, fundador de la poderosa Iglesia del Reino de Jesucristo. Desde entonces, la batalla política se ha recrudecido a medida que se acercan los nuevos comicios.
Más allá de la lucha personal, subyacen grandes diferencias en lo relativo a la soberanía de Filipinas y a su relación con Estados Unidos y China. Ferdinand Marcos, en línea con su difunto padre, ha dado un volantazo favorable a Washington, devolviendo a los estadounidenses bases militares en suelo filipino de las que habían sido expulsados a raíz de las grandes movilizaciones de los años ochenta.
Asimismo, Bongbong Marcos ha abrazado una política de confrontación con China en el mar de la China Meridional, por la soberanía sobre un puñado de islotes minúsculos, arruinando su relación con el gigante asiático. Para más inri, ha aceptado la instalación en el norte de Luzón de baterías lanzamisiles Typhon, del ejército de EE.UU., capaces de alcanzar el estrecho de Taiwán y la China continental.
Concentración de apoyo a la detención de Rodrigo Duterte, este martes en Manila, con petición de “celda”, “justicia”, y “derecho”. También se recuerda a los “desaparecidos” por obra de Duterte, aunque su número queda empequeñecido por los que dejó el dictador Ferdinand Marcos, padre del actual presidente homónimo, que nunca fue procesado.
El empeoramiento de la relación entre presidente y vicepresidenta llevó a esta a declarar públicamente, a finales del año pasado, que si le pasaba “algo” había dado instrucciones para que a Bongbong Marcos le pasara “lo mismo”. Algo que fue interpretado como una amenaza de muerte. Esta, en cualquier caso, se quedó corta frente al lenguaje descarnado de su popularísimo padre, que califica habitualmente a Ferdinand Marcos hijo de “drogadicto” y “cocainómano”.
Sara Duterte, potencial rival en las presidenciales de 2028, es el verdadero objetivo de Ferdinand Marcos Jr.. En diciembre el Parlamento, que preside un primo de Marcos, inició su proceso de destitución como vicepresidenta.
Cabe señalar que la Corte Penal Internacional inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales entre 2016 y 2019, cuando se hizo efectiva la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma, un año antes. Duterte lo hizo ante la alarma internacional por sus métodos, con una senadora tildándolo de “titere de China” por la mañana y de plicado, y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos.
La legalidad de la detención deberá ser contestada por el equipo jurídico de Duterte, ya que el gobierno de Marcos nunca se atrevió a volver a situar a las Filipinas bajo la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya.
Algo no del todo sorprendente, perteneciendo como pertenece a una familia que saqueó el archipiélago. Su padre, además, fue responsable de miles de asesinatos políticos y de la tortura y encarcelamiento de decenas de miles de opositores.
La detención de Rodrigo Duterte servirá de consuelo a las familias de las pequeños narcotraficantes ajusticiados extrajudicialmente. Pero también será saludada por los partidarios de la línea dura frente a la República Popular de China. De hecho, los adversarios de Duterte que iniciaron la campaña internacional contra su guerra a las drogas, por la mañana le llamaban “asesino” y por la tarde “títere de China”. O viceversa. Como la senadora Leila de Lima, que lo pagó con varios años de cárcel y ahora se siente reivindicada.
Los partidario de marcar líneas rojas en el mar de China y en el en el mar de Japón pudieron celebrar el pasado fin de semana la excarcelación del presidente de Corea del Sur, inhabilitado por su intentona golpista de diciembre. Los seguidores de Yoon Suk Yeol, que acostumbran a ondear banderas de EE.UU. Junto a las de Corea del Sur, se han abonado últimamente a la campaña delirante según la cual China manipuló el escrutinio de las elecciones legislativas del año pasado, en las que la oposición aumentó su mayoría en el parlamento.
Los acontecimientos en Filipinas también son seguidos con atención en Tailandia, por la primera ministra Paetongtarn Shinawatra. Su padre, el expremier Thaksin Shinawatra -verdadero poder en la sombra en Bangkok- se enfrenta a acusaciones parecidas, ya que su guerra contra las drogas -también con algunos miles de muertos- precedió en una década y media a la de Rodrigo Duterte y le sirvió de inspiración. Sin olvidar que hasta el modélico Singapur reserva la pena de muerte para los traficantes de droga, varios de los cuales son ahorcados cada año.
Tailandia, a diferencia de Filipinas, está alineada con las líneas maestras de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que rehúye volver a la política de bloques que devastó el continente durante la Guerra Fría y se niega a tomar partido en la pugna entre Estados Unidos y China.
En el centro de la imagen, Rodrigo Duterte y Ferdinand “BongBong” Marcos, en el momento de la sucesión, una tregua que no iba a durar
Filipinas, en teoría, no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, como tampoco hacen Estados Unidos, Rusia, China, India, Turquía o Israel, entre otros, para proteger a sus mandatarios de sus propios actos.
El dictador Ferdinand Marcos, por cierto, murió en el destierro en Hawái, sin rendir cuentas por los miles de millones de dólares que robó. Para la mayoría de los filipinos -la mitad han nacido ya en el siglo XXI- su viuda, Imelda Marcos -la de los tres mil zapatos- no es más que la anciana madre de Bongbong Marcos. Alguien a quien la nobel de la Paz, María Ressa, llamó “el presidente de Facebook”.
Los restos de Ferdinand Marcos tardaron cinco años en poder regresar a Filipinas. Rodrigo Duterte, durante su mandato, hasta elogió al dictador “por emprendedor, aunque se corrompió por el camino”. Su hija Sara, ya no. Hace algunas semanas dijo que “cuando sea presidenta” exhumará sus restos del panteón y los echará al mar. El debate político filipino, efectivamente, ha degenerado en una lucha a vida o muerte. Y más allá de la muerte.