La Radio Nacional Pública (NPR, por sus siglas en inglés) se ha unido a tres emisoras locales de Estados Unidos y han presentado una demanda contra la Administración de Donald Trump por su orden de cortar fondos federales a estos medios. El presidente firmó un decreto a principios de mes en el que ordenaba a la Corporación para la Difusión Pública (CPB) poner fin a la financiación federal de los dos mayores medios públicos de Estados Unidos, NPR y PBS. Trump argumentó en su orden que ambas emisoras tienen un sesgo contra él.
En su demanda colectiva, las emisoras argumentan que el presidente está usurpando el poder del Congreso, que fue el encargado de asignar esos fondos y, por tanto, también de retirarlos. Además, califican este asalto como una violación de la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y de prensa. Su defensa es similar a la que realizó la Universidad de Harvard cuando plantó cara a Trump por los recortes en su financiación.
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“No siempre es obvio cuándo el Gobierno ha actuado con fines de represalia en violación de la Primera Enmienda. 'Pero este lobo viene como un lobo'”, sostienen los cuatro medios en su escrito legal, citando la famosa expresión que usó en 1988 un juez del Tribunal Supremo, Antonin Scalia, en su disenso sobre un caso que en su opinión atacaba abiertamente la separación de poderes.
“La orden se dirige expresamente contra NPR y PBS porque, en opinión del presidente, sus noticias y otros contenidos no son 'imparciales, precisos ni objetivos'”, recuerdan los denunciantes, entre los que no se incluye PBS, citando el decreto de Trump. En él, el presidente argumentaba que “Ninguna de las dos entidades presenta un retrato justo, preciso o imparcial de la actualidad a los ciudadanos que pagan impuestos”.
La demanda, presentada en el Distrito de Columbia, se dirige contra Trump, pero también contra el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought (que relevará a Elon Musk a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental), el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la presidenta de la Fundación Nacional para las Artes, Maria Rosario Jackson.
En la opinión de los denunciantes, la orden ejecutiva de Trump es “una represalia de manual” y una amenaza existencial para el sistema de radio pública “del que dependen millones de estadounidenses en todo el país para obtener noticias e información vitales”, afirma en un comunicado la presidente y directora ejecutiva de NPR, Katherine Maher. A ella, se ha sumado la radio pública de Colorado, la Aspen Public Radio y la KSUT, dirigida a tribus indígenas reconocidas por el Gobierno en la región de Four Corners (Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah).
Trump congela el resto de contratos de la Administración con la Universidad de Harvard
Los cuatro medios han optado por la confrontación, siguiendo la estela de la Universidad de Harvard, que el mes pasado denunció al Gobierno por su recorte de fondos federales y la semana pasada presentaron una nueva denuncia tras la orden que prohíbe su programa de admisión de alumnos extranjeros.
La batalla entre Harvard y la Casa Blanca ha tenido este martes una nueva escalada, pues Trump ha ordenado a todas las agencias federales que cancelen el resto de sus contratos existentes con la universidad, un nuevo golpe que asciende a 100 millones de dólares y se suma a los cerca de 3.200 millones congelados durante el último mes. Además, el presidente amenaza con recortar fondos a futuro por valor de otros 3.000 millones y con revocar el estatus de exención de impuestos de la universidad.
El presidente anunció ayer, a través de Truth Social, su intención de destinar estos fondos, retirados por la acusación de “promover el antisemitismo” en sus campus, a “escuelas de negocio de todo el país” que se adhieran a sus criterios. Es decir, a todos aquellos centros que no permitan en sus campus protestas “terroristas” contra el Gobierno estadounidense o el Estado de Israel, los que mantengan programas con criterios de diversidad, equidad e inclusión (DEI), o los que no cedan ante otras exigencias como el control de los criterios de admisión de alumnos y profesores.