El ICE impidió el contacto de los detenidos en Minnesota con sus abogados
Denuncia judicial
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Gregory Bovino, rodeado de policías y agentes federales.
Un juez federal ordenó el jueves al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) garantizar que los detenidos tengan acceso a sus abogados en Minnesota, tras concluir que la agencia había impedido a miles de personas ver a sus letrados durante una reciente oleada de actuaciones. La jueza federal de distrito Nancy Brasel, nombrada por el presidente Donald Trump en su primer mandato, afirmó que las prácticas del ICE durante la reciente Operación Metro Surge, incluida una política de trasladar rápidamente a los detenidos fuera de Minnesota y privarlos de llamadas telefónicas, “prácticamente extinguen el acceso de un detenido a la asistencia letrada”. Brasel dictó la resolución inicial en una demanda colectiva presentada en nombre de los detenidos el 27 de enero, y su orden permanecerá en vigor durante 14 días mientras continúa el proceso.
La orden judicial exige al Gobierno que deje de trasladar rápidamente a los detenidos fuera del estado y que permita visitas entre abogado y cliente, así como llamadas telefónicas privadas entre los detenidos y sus abogados.
Democracy Forward, una organización sin ánimo de lucro que presentó la demanda en nombre de los detenidos, afirmó que el derecho a un abogado no es “opcional” en Estados Unidos.
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“El DHS ha estado deteniendo a personas en un edificio nunca destinado a custodia a largo plazo, encadenándolas, trasladándolas en secreto fuera del estado y bloqueando el acceso a la asistencia letrada y a la supervisión en un esfuerzo deliberado por eludir la rendición de cuentas”, declaró en un comunicado la presidenta de Democracy Forward, Skye Perryman.
Un portavoz de la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El ICE no negó que los detenidos tuvieran un derecho constitucional a asistencia letrada y afirmó que no tiene una política para impedir que los detenidos vean a sus abogados, según la resolución. Pero en la práctica proporcionó condiciones que aislaron a miles de personas de sus letrados, señaló Brasel. Los demandantes, detenidos no ciudadanos, aportaron pruebas sustanciales y concretas sobre sus condiciones de detención que contradecían las “endebles” explicaciones del ICE sobre sus políticas y sus protestas de que no disponía de suficientes recursos para facilitar a los detenidos el acceso a sus abogados, concluyó la jueza.
La orden judicial exige que los detenidos puedan ver a sus abogados y tener llamadas telefónicas privadas con ellos
“Los demandados asignaron recursos sustanciales para enviar miles de agentes a Minnesota, detener a miles de personas y alojarlas en sus instalaciones”, dijo Brasel en su resolución. “Los demandados no pueden carecer repentinamente de recursos cuando se trata de proteger los derechos constitucionales de los detenidos”. La mayoría de los detenidos son retenidos inicialmente en el edificio federal Bishop Henry Whipple en Minneapolis, pero muchos son trasladados inmediatamente fuera del estado, sin previo aviso y sin forma de que los abogados puedan contactar con ellos, según la resolución.
Los detenidos a veces son trasladados con tanta rapidez y frecuencia que el ICE pierde el rastro de dónde se encuentran, concluyó la jueza.