¿Por qué la gente se queja más que nunca?
A pie de calle
Un buen termómetro para saber el estado de ánimo de la población son las quejas que se presentan ante el Defensor del Pueblo, una institución que en Catalunya ostenta el Síndic de Greuges desde 1984. Pues bien, el nivel de cabreo ciudadano es alto porque este 2025 se ha incrementado un 30% el número de quejas presentadas, una cifra que supone el récord desde que se creó esta institución. En 2024, e ste estamento realizó 22.825 actuaciones, 62 cada día.
Hay malestar e inquietud social y, ante la falta de respuesta e ineficacia de las administraciones, los ciudadanos acuden a la Sindicatura de Greuges como último recurso para intentar resolver sus problemas con las múltiples ventanillas oficiales. ¿De qué se queja la gente? La lista es larga y diversa, pero destaca el mal funcionamiento de los servicios públicos como el transporte, las listas de espera de la sanidad, la lentitud en la concesión de las ayudas sociales como la dependencia, la falta de vivienda y la lenta y excesiva burocracia que se ha convertido en una tortura para los contribuyentes.
La cifra de peticiones de actuación a la Síndica de Greuges se ha disparado un 30%
“Hay poca confianza en una administración que es antipática con el ciudadano”. Quien se expresa así es la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas. Y añade: “A la administración le cuesta mucho pedir disculpas y trata al ciudadano como presunto culpable”. Lo demuestra el hecho de que muchos de los casos que llegan a su mesa están relacionados con el (mal) trato que reciben los ciudadanos.
¿Cómo se resuelve esta percepción? Giménez-Salinas afirma que se debería reconocer que tenemos un problema y, acto seguido, cambiar la manera de relacionarse con los administrados porque “a menudo parece que la gente está al servicio de la administración, cuando es al revés”. Para la Síndica, las leyes se han quedado obsoletas y deben adaptarse a las necesidades de la población con “empatía”. Esta virtud también interpela directamente a los funcionarios. La actual estructura administrativa se diseñó para una Catalunya de seis millones de habitantes y ahora se han superado los ocho millones. El traje se ha quedado estrecho.
La pena de todo esto es que la Síndica de Greuges no tiene en su mano darle la vuelta a la situación, como reclaman los ciudadanos cada vez más. La solución la tienen los partidos políticos y los gobiernos que se muestran pasivos. Un ejemplo de esto lo vimos la semana pasada, cuando Giménez-Salinas tuvo que convocar a las administraciones locales, a la Diputació y a la Generalitat para buscar respuestas al creciente problema de los sintecho. La Generalitat y los Ayuntamientos están metidos en un bucle. La primera dice que este asunto es competencia local y los segundos responden que sin recursos poca cosa pueden hacer. Y mientras sigue este diálogo de besugos, la cifra de personas que malviven en la calle crece y bate récords.
Uno de los errores que cometen muchos municipios en este tema es dar una respuesta policial y de expulsión de las personas sintecho de sus ciudades. Esta actitud no está socialmente mal vista porque venimos de una tradición muy arraigada en nuestro país. Hace casi cien años, en agosto de 1933, la República instauró la famosa Ley de Vagos y Maleantes que la dictadura franquista reformó en 1970 como Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. ¡La norma no se derogó hasta 1995!
Con esta tradición política y administrativa es costoso cambiar el planteamiento. Pero es necesario hacerlo porque de lo contrario solo conseguiremos desplazar el problema en lugar de buscar una solución estructural. Y esto no solo es válido para los sintecho sirve también para el mal funcionamiento de la administración como delatan las miles de quejas ciudadanas.
