La posibilidad de que la inseguridad pudiera convertirse en uno de los principales problemas para la sociedad vasca parecía inimaginable hace una década, cuando los efectos de la crisis económica copaban las preocupaciones sociales y apenas un 2% de la ciudadanía situaba esta cuestión entre los principales problemas. Un decenio después, sin embargo, hasta un 26% de la población vasca señala la delincuencia como uno de los principales problemas a atender, con porcentajes notoriamente más elevados en el caso de los principales núcleos urbanos.
Aunque Euskadi continúa siendo un territorio seguro y su tasa de criminalidad se sitúa en parámetros similares a la media española, con alrededor de 50 delitos por 1.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inquietud que el fenómeno de la delincuencia genera en algunas aglomeraciones urbanas es incontestable. En Bilbao, según un reciente estudio municipal, prácticamente la mitad de los ciudadanos (el 48,8%) lo sitúa como el principal problema de la ciudad.
Fuentes de la Ertzaintza consideran que este aumento de la preocupación no viene por un incremento generalizado de los delitos, que en los últimos años se mantienen estables, sino por un crecimiento de los que más alarma social generan: los robos con violencia, cometidos habitualmente en grupo y con niveles de reincidencia o multirreincidencia muy elevados.
Los juicios rápidos
Atendiendo a este contexto, desde la Ertzaintza trabajan en varios frentes para poner coto a esta problemática. Uno de los ámbitos en los que ya se trabaja es el de la dinamización de los juicios rápidos, que en Euskadi se celebran desde hace dos décadas y que se están incrementando en los últimos meses, pese a las limitaciones existentes.
De entrada, los juicios rápidos únicamente se pueden realizar para juzgar delitos cuya pena máxima sea de cinco años y requieren que la instrucción sea sencilla. Además, suponen un reto para los agentes de la Ertzaintza, que han de preparar los atestados con el máximo celo, localizar a las partes, citarlas y coordinar todos los trámites con la Justicia para que las vistas puedan realizarse.
Además de las limitaciones ligadas a las penas máximas, la Ley de Enjuiciamiento Criminal implica otras limitaciones: por ejemplo, no se pueden celebrar juicios rápidos si los acusados son menores de edad. También existen límites en la gestión de las vistas, de manera que hay juicios rápidos que no se pueden celebrar porque el autor del delito está en el hospital o porque se necesita un perito. Finalmente, existen algunos límites relacionados con la capacidad operativa: en algunos momentos (especialmente los fines de semana) y en algunos lugares se acumula el trabajo y existen limitaciones de personal. Además, existe una alarmante falta de jueces y los juzgados vascos están colapsados.
Pese a todo, en Bizkaia se ha conseguido que uno de cada cuatro casos en los que se produce un robo con intimidación sea juzgado a través de un juicio rápido, respondiendo a los delitos en cuestión de semanas en vez de esperar hasta tres o cuatro años. “Si la Justicia es ágil tienen su pena antes y se les disuade antes. En Bizkaia, por ejemplo, los robos con intimidación se han reducido un 12%, y creemos que ha podido influir que los autores de algunos de esos delitos hayan ingresado en prisión”, señalan las mismas fuentes.
Prisión preventiva
Otro ámbito en el que se trabaja tiene que ver con el impulso a la prisión preventiva para casos de reiteración delictiva. Euskadi es una de las comunidades en las que menos se aplica la prisión preventiva, y fuentes de la Policía vasca consideran que esa tendencia impacta en el aumento de la multirreincidencia.
La Ertzaintza ha tratado de hacer pedagogía entre jueces y fiscales para que recurran a la prisión preventiva en más ocasiones y, particularmente, en el caso de los multirreincidentes. La Policía vasca considera que es una de las cuestiones clave que puede llevar a rebajar la delincuencia que mayor impacto social tiene, muy vinculada a los robos con violencia y a la reiteración delictiva.
Las expulsiones
En tercer lugar, fuentes de la Policía vasca señalan que existe margen de mejora a la hora de coordinarse con la Policía Nacional de cara a favorecer la expulsión a su país de origen de determinados delincuentes sin arraigo en el País Vasco y que han hecho de la delincuencia su modus vivendi. Obviamente, se trata de una absoluta minoría entre los extranjeros que residen en Euskadi, pero los últimos datos de la Policía vasca registran una sobrerrepresentación evidente de algunos perfiles en relación con algunos delitos.
Atendiendo en concreto a los robos con violencia, el 81,9% de los detenidos por este delito hasta el pasado mes de septiembre tenían nacionalidad extranjera. La cifra era similar en el caso de los delitos de hurto (el 82% eran de nacionalidad extranjera) y algo menor en el caso de los delitos de lesiones (el 71%), aunque igualmente llamativa en una comunidad en la que los ciudadanos de nacionalidad extranjera no llegan al 10% (un 14% si se atiende al total de nacidos en el extranjero). Desde la Ertzaintza ven que se trata de otro ámbito en el que se puede trabajar, en coordinación con los Consulados y con la Delegación del Gobierno en Euskadi, y pese a que, también en este caso, existen limitaciones de calado. De hecho, algunos países, como Argelia, no aceptan estas expulsiones.
Las reglas en los centros de menores
En cuarto lugar, fuentes de la Ertzaintza identifican una última línea de actuación. En Euskadi existe una amplia red de centros de menores que ofrece a jóvenes extranjeros itinerarios punteros dirigidos a su integración sociolaboral. La inmensa mayoría de los jóvenes que pasa por estos centros, la mayor parte procedentes del Magreb y el Sahel, termina integrándose en la sociedad vasca y trabajando en los ámbitos en los que se han formado. Existen cientos de casos de éxito.
Sin embargo, se ha identificado que existe un porcentaje de los menores que pasa por esos centros que termina en la multirreincidencia, en muchos casos incluso mientras residen en los mismos. En este punto, las fuentes consultadas consideran que la Administración debe ser estricta a la hora de acotar los horarios y el conjunto de las normas a las que están sujetos los menores no acompañados, y estiman que se puede avanzar a la hora de vincular la estancia de estos jóvenes a su formación sociolaboral, evitando atraer a quienes no están por la labor.
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Finalmente, en relación con el posible impacto de la Ley de Multirreincidencia, si es que finalmente se aprueba, las mismas fuentes son más prudentes, ya que está vinculada a los hurtos y no a los robos con violencia. En todo caso, son claras a la hora de subrayar que la estrategia mencionada, basada en la eficacia policial, la agilidad judicial y la disuasión, tendrá efectos positivos si se puede desplegar.
