La jueza de la dana pide al 112 la grabación de una víctima que ha dado su consentimiento

Instrucción judicial

La magistrada también solicita que se pregunte a otra perjudicada si da su aprobación

La delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, acude a la reunión de análisis y seguimiento del episodio de lluvias que está afectando a la Comunitat Valenciana en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, a 4 de marzo de 2025, en Valencia (España). La lluvia y las olas mantienen este martes en aviso a nueve provincias en un día en el toda la Comunidad Valenciana permanece en nivel naranja por precipitaciones, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. 

Rober Solsona / Europa Press

La jueza del juzgado de Catarroja que instruye la causa de la dana ha pedido al teléfono 112 la copia íntegra de la grabación de las llamadas efectuadas por uno de los perjudicados de la riada que “había mostrado su consentimiento al respecto”. 

Tras esta aprobación por parte del afectado, la magistrada ha dictado un auto para que el 112 Comunidad Valenciana para que facilite la conversación que este efectuó el 29 de octubre. Además, en el auto también ordena que se contacte con otra para que manifieste si estaría de acuerdo con la misma acción.

En caso afirmativo, añade la jueza, ordena que se remita oficio al 112 Comunitat Valenciana para que facilite la “copia íntegra” de la grabación de las llamadas efectuadas por estas personas.

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Las llamadas efectuadas al servicio de emergencias 112 de la Comunitat Valenciana centran uno de los focos de esta causa judicial, especialmente tras conocerse que fueron cerca de 20.000 las recibidas la tarde del 29 de octubre.

La acusación popular que ejerce el sindicato FETAP-CGT solicitó a la jueza instructora que recabase todos los audios de las llamadas al 112, una petición sobre la que todavía no hay pronunciamiento, si bien la jueza está recabando el consentimiento de los afectados.

El letrado de este sindicato apuntó que la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias obliga a la Generalitat a grabar esas llamadas, que se debe custodiar durante un periodo máximo de dos años.

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Igualmente, otra de las acusaciones populares, la que ejerce Acció Cultural del País Valencià, ha pedido a la jueza que solicite al 112 un informe complementario, en el que especifique las llamadas no atendidas el 29 de octubre, especificando la hora y su origen.

Otras partes también han solicitado la incorporación a la causa de la grabación de las comunicaciones efectuadas a través de la red Comdes (Red de Comunicaciones Móviles Digitales de Emergencias y Seguridad de la Comunitat Valenciana), que usan los intervinientes en una emergencia.

Las llamadas al 112, como fuente de conocimiento del alcance de la situación

Según la información que facilita la propia Generalitat Valenciana en su web oficial, la red Comdes es la “infraestructura de telecomunicaciones que ofrece la Generalitat a todas las organizaciones y flotas que prestan servicios de prevención, rescate, emergencias y seguridad en la Comunitat”.

Las acusaciones esgrimen toda la información contenida en las llamadas para subrayar que la dirección de la emergencia debía conocer, por las propias alertas que lanzaban las víctimas a través del 112, lo que estaba sucediendo.

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