Alicante y Elx introducen medidas para reducir el favoritismo en la adjudicación de viviendas públicas.
Crisis vivienda
La controversia en el centro provincial aconseja a los mandos del PP adoptar disposiciones que mitiguen el malestar de los habitantes.
Imagen de archivo: Pablo Ruz (i) y Luis Barcala (d) se saludan cordialmente a las puertas del Ayuntamiento de Alicante.
El entorno económico y social resulta esencial para descifrar las acciones que el Partido Popular está ejecutando para tratar de sofocar la crisis que el escándalo de la vivienda pública protegida, que ya ha motivado tres dimisiones, ha desatado sin que se tenga certeza de cuánto queda aún por arder.
La dificultad para obtener un hogar constituye hoy el principal desafío del país, resultando especialmente grave en la provincia de Alicante, que se sitúa entre las zonas con mayor encarecimiento de ventas y arrendamientos, ante una disponibilidad insuficiente para la demanda y una presencia de compradores extranjeros considerablemente por encima de cualquier otro punto de España.
El entorno socioeconómico resulta fundamental para comprender las medidas que el Partido Popular está ejecutando.
Así las cosas, que una concejala de Urbanismo, los hijos y un sobrino de una directora general, la esposa de un jefe de Gabinete de una consellería, además del hijo del notario y la familia de un arquitecto municipal hayan aprovechado una de las contadas iniciativas para poner viviendas protegidas al alcance de los ciudadanos ha generado una indignación generalizada que se manifiesta no solo en las redes sociales, sino también en las charlas cotidianas de la gente. Los antecedentes no ayudan, pues los escándalos urbanísticos en Alicante son tan frecuentes como las lluvias de octubre.
Conscientes de la difícil situación y el escepticismo de quienes, tarde o temprano, volverán a acudir a las urnas, los líderes populares han actuado estos días “escandalizados” y, tanto desde la Generalitat —donde existe seria inquietud en el Palau— como desde el ayuntamiento alicantino, se han apresurado a anunciar la persecución inquebrantable de los supuestos infractores, con denuncia judicial incluida, y la implementación de medidas para evitar que hechos similares ocurran nuevamente en el futuro.
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La repercusión de la polémica ha llegado igualmente a la tercera urbe de la Comunitat Valenciana, Elx, cuyo regidor se ha apresurado a emplear compromisos como cortafuegos para evitar que el conflicto se extienda por su localidad. Ayer, al presentar un plan de viviendas sociales que la entidad pública Pimesa pondrá al alcance de los vecinos, Pablo Ruz —quien gobierna en una cordial alianza con Vox— remarcó con prontitud que ningún representante político, alto directivo o asesor vinculado a la administración municipal podrá acceder a estos pisos ni a los que se oferten próximamente. “Si algún asesor se inscribiera, sería cesado de manera inmediata”, avisó el alcalde.
El proyecto Casa Fácil, un plan mediante el cual se proyecta habilitar cerca de 250 inmuebles de protección oficial, establece que una fracción de los pisos sea administrada de forma directa por Pimesa, bajo la modalidad de arrendamiento –enfocado sobre todo a la juventud–, mientras que las demás unidades quedarán a cargo de compañías adjudicatarias, contando siempre con control público. Ruz enfatizó que las entidades privadas “no decidirán de forma unilateral”, al igual que sucedió en el Residencial Les Naus de Playa de San Juan, debido a que todos los candidatos a adjudicatarios han de ser informados a la entidad municipal para su análisis, constatación y visto bueno.
“Si algún asesor se inscribiera, sería cesado de manera inmediata”, alertó el alcalde de Elx
Sea coincidencia o no, aproximadamente una hora después de que Ruz hiciera esta declaración, y mientras se aguarda a que las pesquisas actuales verifiquen la existencia de otros fallos, el ayuntamiento de la capital de la provincia emitió un comunicado similar: el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, comunicó que “se restringirá a los concejales, cargos y personal de confianza el acceso a procesos” con el fin de solicitar un inmueble de protección oficial.
La decisión se hizo pública mediante un comunicado enviado a los medios tras la rueda de prensa de la junta de gobierno, donde la portavoz municipal, Cristina Cutanda, afirmó que el alcalde Luis Barcala —a quien 15 de los 20 concejales del pleno exigen que dimita— cuenta con el “respaldo” del PP nacional y autonómico, sin que ella ni el vicealcalde hicieran mención a esa medida.