La oposición carga con dureza contra Llorca por el escándalo de las VPP de Alicante
Corts Valencianes
El PSPV y Compromís piden la dimisión de la vicepresidenta Susana Camarero y del alcalde Luís Barcala, y el president defiende su actuación “detectamos trato privilegiado para unos jetas e investigamos”
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la sesión de control de les Corts
La primera sesión de control del año en Les Corts Valencianes ha estado marcada esta mañana por el choque frontal entre el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, y la oposición a cuenta del escándalo por la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, en la Playa de San Juan de Alicante. El debate se ha producido semanas después de que haya trascendido que entre los adjudicatarios figuraban cargos y personas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante.
Pérez Llorca ha defendido la actuación de su gobierno y ha asegurado que, en cuanto se ha tenido conocimiento de posibles irregularidades, se ha actuado. “Detectamos un trato privilegiado y una información privilegiada de unos jetas, que lo sigo diciendo, y lo que hicimos es investigarlo”, ha recalcado desde la tribuna. El president ha admitido, no obstante, que “evidentemente se tienen que reforzar los sistemas de control” y ha garantizado que el Consell ya está trabajando en ello.
La polémica ha estallado tras conocerse que la ya exconcejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, familiares de la también dimitida directora general del Ayuntamiento María Pérez-Hickman y un arquitecto municipal estaban entre los beneficiarios de estas VPP. Además, Miguel Ángel Sánchez ha renunciado como jefe de gabinete de la Conselleria de Industria después de que haya trascendido que la madre de sus dos hijas figuraba como adjudicataria. Una jueza de Alicante ha abierto diligencias previas tras recibir una denuncia por estas adjudicaciones.
Desde la bancada socialista, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha elevado el tono y ha acusado al PP de “tráfico de influencias y uso de información pública para quedarse viviendas que pagamos con el dinero de todos”. En un discurso plagado de ironía, ha afirmado que “el congreso del Partido Popular se hará en la piscina del residencial Les Naus” y ha contrapuesto esta situación con la de personas que han estado haciendo cola durante días en Alzira para optar a una vivienda pública.
Muñoz ha exigido responsabilidades políticas inmediatas y ha pedido el cese de la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, firmante del decreto de 2024 que, a su juicio, ha eliminado controles en el acceso a VPP. También ha reclamado que el president inste a dimitir al alcalde de Alicante, Luis Barcala. “Usted carece de autoridad moral; su gobierno también. Pero lo que es un peligro público es que la consellera que lo firmó siga en el cargo sin que usted le haga dimitir”, le ha espetado.
El dirigente socialista ha sostenido que el decreto aprobado en 2024 —que llevaba la firma de Camarero y del entonces president Carlos Mazón— ha sido “el origen de lo que ha ocurrido”, al eliminar requisitos, suprimir la calificación permanente de las viviendas y permitir que el promotor pudiera adjudicarlas. Además, ha reprochado a Pérez Llorca que se haya mostrado “indignado” por este caso mientras, según ha denunciado, utilizó su “posición privilegiada” como alcalde de Finestrat para reformar la piscina de su vivienda.
En su primera réplica, el jefe del Consell ha evitado referirse directamente al escándalo y ha reivindicado el plan Vive impulsado por la Generalitat como ejemplo de “diálogo, entendimiento y política útil”. Ha subrayado que hasta 85 municipios —muchos de ellos gobernados por el PSPV— se han sumado a esta iniciativa y ha defendido que desde la llegada del PP al Consell en 2023 se han impulsado 4.800 viviendas públicas frente a las “cero” construidas, según ha afirmado, durante los ocho años del Botànic.
Ya en su segunda intervención, Pérez Llorca ha respondido de forma más directa a las acusaciones y ha insistido en que su Consell ha sido el que ha detectado y ha investigado las irregularidades. “Llevo dos meses y medio y estoy poniendo orden a lo que no ordenaron en su día”, ha afirmado, en alusión a la herencia recibida del anterior gobierno. Ha rechazado, además, entrar “en la crispación constante” y ha defendido que lo que molesta a la oposición es que el actual Ejecutivo esté demostrando que se puede gobernar con acuerdos y colaboración.
El PSPV ha anunciado que presentará enmiendas al segundo decreto de simplificación administrativa del Consell para solicitar la paralización del plan Vive y forzar la devolución de las viviendas adjudicadas irregularmente. Muñoz también ha instado a que la futura oficina antiokupación, fruto del acuerdo con Vox, tenga como primera actuación “ir a Les Naus y desalojar a los okupas del Partido Popular de alto standing”.
Compromís se ha sumado a las críticas y ha pedido igualmente la dimisión de Camarero y Barcala, e incluso la convocatoria de elecciones. Mientras tanto, Vox ha guardado silencio en el hemiciclo, algo que el síndic socialista ha interpretado como complicidad.
El escándalo ha tensionado así el estreno parlamentario de Pérez Llorca como president en una sesión de control que, lejos de servir para exhibir gestión, ha evidenciado que la vivienda se ha convertido en el principal campo de batalla político en la Comunitat Valenciana.
