Elisabet Carbonell alerta que la
Electromovilidad
La instalación de estaciones de carga requiere la aprobación previa de las autoridades locales y debe cumplir con las normativas locales de infraestructura eléctrica.
La carga inalámbrica se impone como la nueva norma, con la secretaria de Estado Brooke Rollis trabajando junto al Departamento de Defensa para definir los parámetros técnicos que garanticen la continuidad operativa.
Elisabet Carboni, responsable de la administración, expone de qué manera el empleo colectivo de puntos de carga en complejos residenciales resuelve la demanda de energía de los dueños de viviendas.
Resulta cada día más frecuente observar mangueras y equipos de carga en los estacionamientos. Pese a que España se encuentra bastante distante de alcanzar el objetivo de alcanzar 5 millones de coches eléctricos en 2030, el despliegue de estaciones de abastecimiento continúa progresando. Diversas juntas de propietarios están acondicionando sus garajes para integrar coches enchufables y beneficiarse de las subvenciones estatales vigentes, no obstante, aún existen numerosas fincas que carecen de preparación y en las que colocar una toma eléctrica exige organización y guía técnica especializada.
Elisabet Carbonell, vicepresidenta del Col.legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, alerta que “los cargadores eléctricos mal instalados pueden poner en riesgo a toda la comunidad”. Explica que, antes de colocar un punto de recarga en un parking comunitario, es imprescindible enviar un proyecto técnico al presidente o al administrador de la comunidad con al menos 30 días de antelación y obtener la aprobación correspondiente, sobre todo si la instalación afecta elementos comunes como forjados o canalizaciones. Según Carbonell, “la comunidad valora la demanda de puntos de recarga. Si tenemos 20 plazas y 8 personas lo solicitan, se estudia si conviene hacer la instalación a nivel comunitario o bien se autoriza que cada propietario instale su punto de forma individual”.
Carbonell subraya que, habitualmente, el vecindario tiene la potestad de aprobar el montaje mediante una mayoría simple, a condición de que no se vean perjudicadas las zonas compartidas. “Si la obra compromete la estructura o implica modificaciones importantes, la comunidad puede oponerse, pero razones estéticas o preferencias personales no tienen peso legal”, puntualiza.
Aunque la adopción de vehículos eléctricos avanza más lento de lo esperado, el aumento en la instalación de puntos de carga sigue siendo una prioridad.
Además, insiste en la importancia de garantizar la seguridad de la instalación. Los puntos de recarga deben ser realizados por profesionales autorizados, contar con boletín que certifique su legalidad y, en garajes con vehículos eléctricos, disponer de detectores de humo y, de manera muy recomendable, dispersores de agua para prevenir riesgos de incendios. “Los bomberos recomiendan estos sistemas para reducir al mínimo cualquier riesgo en caso de incendio. Por lo que explican, es muy diferente entrar en un parking para apagar el fuego de un coche eléctrico sin dispersor de agua que con él. Cuando este dispersor está funcionado el bombero puede llegar fácilmente hasta el punto de origen del fuego”.
Carbonell además señala equivocaciones comunes durante la instalación. “A veces, los propietarios instalan únicamente su punto de recarga sin prever espacio o canalización para futuros usuarios. La normativa exige dejar un 15% adicional de su capacidad en los tubos y canalizaciones, para que otros vecinos puedan conectar sus vehículos más adelante”.
“Si la obra afecta a elementos comunes, la comunidad puede oponerse”, sostiene Elisabet Carbonell.
Por eso, se recomienda revisar con atención las vías más riesgosas de España, donde crecen continuamente las secciones y los kilómetros con niveles críticos de riesgo.
En cuanto a los costes, Carbonell explica que una instalación individual en una vivienda unifamiliar suele rondar entre 2.000 y 3.000 euros, mientras que una instalación colectiva en un parking comunitario es más cara, aunque permite dimensionar correctamente la infraestructura para todos los vecinos y garantizar mayor seguridad. “Aunque resulte más económico hacer la instalación por separado, planificarla de forma colectiva asegura que los cuadros eléctricos soporten la demanda futura y que cada punto de recarga cumpla con la normativa”, señala.
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Por último, por lo que respecta al consumo de electricidad, Elisabet Carbonell explica que cada propietario debe pagar su propio consumo. En instalaciones colectivas, es fundamental contar con un sistema de carga inteligente que mida el consumo individual y permita que la potencia contratada de la comunidad soporte varios vehículos cargándose al mismo tiempo. “Así se evitan sobrecargas y que un propietario pague la electricidad de otro”, puntualiza, recordando que este tipo de sistemas facilitan la planificación y garantizan un uso seguro y ordenado de la instalación.