El conjunto de las regresiones dentro del Pacto Verde de la UE relativas a las áreas boscosas, emisiones nocivas, pesticidas y la fauna salvaje.
Políticas ambientales
En el transcurso de 2025, la Comisión Europea ha postergado, relajado o disminuido reglas y obligaciones ambientales ratificadas antes, causando que el Pacto Verde para la sostenibilidad se sienta disminuido.
Manifestante disfrazado de Ursula Von der Leyen en Bruselas, durante el desarrollo de la “Gira Comercial Tóxica” en noviembre.
La reciente situación geopolítica internacional, las exigencias de las corporaciones importantes, el temor a disminuir la capacidad competitiva, la guerra de Ucrania o las protestas del sector agrario motivan una desaceleración en las medidas regionales que se establecieron con el fin de ser el primer bloque “cero emisiones” para mediados de siglo y así acatar el Acuerdo de Paris suscrito hace una década. Regulaciones relativas a coches térmicos, plaguicidas, tala de bosques foránea, responsabilidad ecológica empresarial o la recuperación de ecosistemas se han suavizado o pospuesto, el amparo legal del lobo se ha reducido y, habitualmente, se han agilizado las gestiones administrativas buscando potenciar un rendimiento fabril que sufre la creciente competencia de Estados Unidos y China.
Por su parte, la mandataria de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, afirma que no se pretende cancelar el Pacto Verde ratificado en 2019. No obstante, si previamente la prioridad era alcanzar la promesa de disminuir emisiones, actualmente la meta se centra en la competitividad industrial. Y pese a que sostiene el propósito de que dicho recorte alcance el 90% hacia el 2040, simultáneamente se agilizan las regulaciones ecológicas y los procesos burocráticos que pudiesen dificultar su ejecución.
La UE desaprovechó la ocasión de invertir en el transporte eléctrico hace dos décadas, una equivocación importante, y en la actualidad China lidera el sector.
Entre las determinaciones finales de 2025 que han provocado inquietud en los grupos ecologistas destaca que en diciembre se flexibilizó el veto a los vehículos con motor de combustión para 2035. Las empresas automotrices deberán disminuir un 90% el dióxido de carbono de sus comercializaciones, en lugar del 100%, permitiéndoseles equilibrar el 10% sobrante. Esto implica que continuarán ofreciendo una cantidad restringida de vehículos de gasolina o diésel.
En la actualidad se permite comercializar al menos un 10% del conjunto, una disposición orientada a salvaguardar al sector industrial de Alemania: “La UE perdió la oportunidad de apostar por la movilidad eléctrica hace 20 años, un grave error, y ahora China ha tomado la delantera”, comentaba hace poco la politóloga Cristina Monge al dar a conocer su texto La gran oportunidad. Colectivos como Greenpeace, Ecologistas en Acción y Transport & Environment (T&E) han figurado entre los perfiles más severos y han instado a los ejecutivos a no reducir sus metas ecológicas y a certificar un paso auténtico hacia una red de transporte libre de emisiones, teniendo presente que Europa constituye el territorio que experimenta un aumento de temperatura más veloz a nivel global, según indica la Agencia Ambiental Europea.
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Asimismo, durante diciembre, poco antes de su puesta en marcha, se postergó por doce meses la ejecución de una normativa comunitaria destinada a evitar la importación de diversos artículos que causan deforestación externos a la UE. Su vigencia estaba prevista para el cierre de 2024, posteriormente 2025 y actualmente se programa para concluir 2026, una noticia acogida positivamente por el sector empresarial, aunque rechazada tajantemente por los grupos ecologistas. El reglamento busca frenar la deforestación de selvas tropicales vinculada a la obtención de ganado, cacao, café, palma, caucho, soja y madera, recursos que actualmente ingresan a los 27. Al activarse, las compañías tendrían que rastrear geográficamente la procedencia de sus importaciones, buscando además disminuir emisiones al proteger los ecosistemas naturales. Por ahora esto no sucede y recientemente Cargill, importadora de soja hacia Europa, abandonó el acuerdo frente a la deforestación de la Amazonía. “De momento, como está Lula, igual se frena, pero es una noticia terrible este aplazamiento europeo con este escenario”, indica Carlos Bravo de Mighty Earth.
Retrocesos en la restricción de plaguicidas y planes de preservación
Hacia el año 2030, el Pacto Verde buscaba disminuir en un 50% los fitosanitarios y plaguicidas de mayor riesgo empleados por los productores de la Unión, una iniciativa que indignó al ámbito agrario y derivó en una mayor laxitud de dicha meta. Al finalizar el ejercicio, la Comisión trató de suprimir la vigilancia sobre el 90% de las sustancias tóxicas para otorgarles permisos permanentes, ignorando las recomendaciones de la ciencia. Las manifestaciones forzaron un retroceso parcial: se suavizan las inspecciones de pesticidas dañinos, aquellos que facilitaron previamente la prohibición de 162 elementos perjudiciales. Aunque se estima reducido su efecto sanitario —pese a la incertidumbre sobre el 'efecto cóctel' por la exposición múltiple—, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) e investigaciones autónomas advierten que tales químicos representan un factor clave en la desaparición de especies. “Sin evaluaciones periódicas, sustancias altamente peligrosas como mancozeb, clorpirifós, fosmet, metolacloro, clorotalonil o neonicotinoides seguirían llegando a los campos, los cuerpos de agua, los suelos y podrían permanecer en el mercado afectando a la salud y el medio ambiente”, indica Eva Hernández, responsable del Departamento de Gobernanza Ambiental en SEO/BirdLife.
Resulta notable el ejemplo del plaguicida artificial cipermetrina, sumamente perjudicial para las abejas y la vida acuática, cuya utilización está permitida hasta 2029. A mediados del pasado diciembre, tras un extenso litigio, el Tribunal de Justicia Europeo invalidó finalmente el permiso otorgado en 2021 por sus severos efectos nocivos. Por ahora, el producto sigue a la venta, si bien su empleo podría limitarse o vetarse durante los próximos meses.
El entorno natural también encara diversos riesgos. Inicialmente, durante 2025 se comunicó que dentro de las futuras cuentas europeas no habrá una partida específica para proyectos Life. Esto sucede a pesar de que el ejercicio previo marcó un hito histórico, alcanzando 1.095 propuestas entregadas, de las cuales se validaron 132 con una inversión de 358 millones de euros por parte de la UE. Se trata de iniciativas centradas en la preservación, así como en la atenuación y ajuste ante la crisis climática, las cuales se plantea trasladar al reciente Fondo de Competitividad Europeo. “Tendrán que competir ahí con proyectos que tienen más retorno industrial que proteger una especie, como puede ser el lince ibérico”, según han alertado los coordinadores investigadores de ciertas propuestas. “Será la sentencia de muerte de los LIFE que tan buen resultado han dado desde 1992”, tal como han señalado representantes de entidades como WWF, SEO/Birdlife o Client Earth.
Hasta el lobo, animal representativo cuya salvaguarda se ha reducido durante 2025 en Europa y en España, cuenta con la iniciativa LIFE WILD WOLF en siete naciones de la UE con presencia de estos cánidos, la cual intenta analizar y gestionar las disputas entre lobos y personas para intentar prevenirlas. Justo durante el ejercicio anterior se redujo en la UE el estatus de protección del lobo, cuando se calcula que su población se ha incrementado un 35% a partir de 2016. Dentro de España, donde de acuerdo al registro más reciente existe un 12% adicional respecto a hace diez años, igualmente se ha aminorado su amparo y actualmente se autoriza su captura, habiendo sido eliminados legalmente ya nueve ejemplares en Cantabria. Diversas leyes orientadas a la conservación de entornos naturales, tales como el reglamento de restauración de la naturaleza o la Directiva Hábitat, por ahora han resistido, si bien las exigencias externas van en aumento.
Amenazas sobre el océano
Existen peligros que acechan al mar, aunque rodeados de paradojas. Durante 2025 se ratificó el Pacto Europeo por los Océanos con el fin de salvaguardar la fauna marina —lo cual conlleva la futura validación de una Ley del Océano— no obstante, para 2026 se acordó conservar la pesca de arrastre en el Mediterráneo durante 143 jornadas, lo que de acuerdo con los estudios técnicos de la propia UE constituye una explotación excesiva e inviable para el 55% de los grupos de especies estudiados. Es preciso señalar que, conforme a la regulación comunitaria de 2019, el año previo tendría que haber concluido la sobreexplotación, hecho que no ocurrió para priorizar la estabilidad del sector pesquero. Según los expertos, esto compromete seriamente el equilibrio de los ecosistemas.
Asimismo, se percibió una transformación en la estrategia sobre la disminución de gases en la Cumbre del Clima de Brasil. Se validó la promesa de recortarlas un 90% para 2040, si bien se consintió que hasta un 5% se obtenga por medio de ‘créditos de carbono’, esto es, resarciendo lo lanzado a la atmósfera con planes como la plantación de bosques. En el G20, la mandataria europea se posicionó junto a los estados árabes al indicar: “No luchamos contra los combustibles fósiles, sino contra sus emisiones”. Una variación drástica respecto al planteamiento sostenido durante el pasado reciente.
Según Cristina Monge, tales involuciones tienen menos de negacionismo ambiental o científico que de retardismo, una visión que ella juzga que frena “una transición justa y eficaz” en una época en la cual convendría promover resoluciones políticas nítidas, primordialmente acerca del cambio climático. “No puede prosperar la economía al margen del funcionamiento del planeta”, detallaba en la presentación de su obra.
Retroceder en el Pacto Verde significa intensificar nuestra subordinación al petróleo, algo que perjudica la competitividad y resulta ajeno a la prosperidad de los europeos.
Esa inquietud es compartida por Ecologistas en Acción, que en su reporte más reciente En el instante en que el lobby fósil subestima la evidencia científica: la ausencia de regulación y la apropiación por empresas en la transformación climática de la UE con miras a 2040 estudia el progreso de las normas climáticas europeas y el efecto de las leyes ómnibus validadas en 2025. “Para avanzar en la lucha climática y responder a la urgencia es imperativo volver a las recomendaciones del Comité Asesor Científico Europeo en su integridad, priorizar la gestión de la demanda sobre soluciones tecnológicas de alto riesgo, eliminar el uso de créditos de carbono, garantizar la integridad climática estableciendo salvaguardas sobre los ecosistemas y las personas, y apostar por una transformación real, lejos de las lógicas que nos han traído a las crisis actuales”, sostienen en dicha agrupación.
Según el eurodiputado socialista Nicolás González Casares se trata de “terrible la deriva que está teniendo la derecha europea, marcada por la ultraderecha cuando se sabe que dar marcha atrás al Pacto Verde no es defender a la UE, sino profundizar nuestra dependencia del petróleo, lo que no favorece la competitividad y tampoco tiene que ver con el bienestar de los europeos”. No obstante, por ahora no se muestra muy esperanzado: “Sabemos ya cómo impacta el cambio climático, y no solo por los desastres, pero estamos en una tendencia difícil de cambiar mientras la derecha europea renuncie al Pacto Verde para contentar a Trump o a populistas, en vez de pararse a explicar y perseverar en las medidas que garantizan la sostenibilidad”, finaliza.