La presión para proteger rorcuales y cachalotes llega al Congreso con preguntas al Gobierno
Biodiversidad
La iniciativa de Sumar persigue que estas especies sean consideradas en peligro de extinción y retomar los trabajos para su preservación, incluida la reducción de velocidad en el corredor de cetáceos
La presión para proteger rorcuales y cachalotes llega al Congreso con una pregunta al Gobierno
Las organizaciones conservacionistas están intensificando la presión sobre el Ministerio para la Transición Ecológica para que adopte medidas eficaces de protección de los grandes cetáceos. Estas exigencias se concretan en dos preguntas parlamentarias presentadas por Sumar en el Congreso de los Diputados en las que interpela al Gobierno sobre los compromisos adquiridos para adoptar medidas de conservación que eviten el declive de las poblaciones de rorcual común y cachalotes.
Las acciones reclamadas comportan la reclasificación de estas dos especies para que sean consideradas en peligro de extinción, lo cual abriría la puerta a que se tomen medidas de conservación de probada eficacia, como la limitación de la velocidad de los buques. Todos estos asuntos han sido también dados a conocer en una carta enviada a la ministra Sara Aagesen
Dos especies en la Lista Roja de la UICN
Una de las preguntas formuladas por Sumar en el Congreso está relacionada con “el incumplimiento” por parte de España de la obligación contraída ante el Convenio de los Cetáceos del Mediterráneo (Accobams, por sus siglas en inglés), una de cuyas resoluciones le conminaba el pasado mes de noviembre a incluir a las subpoblaciones mediterráneas del cachalote (Physeter macrocephalus) y del rorcual común (Balaenoptera physalus) en el catálogo español de especies amenazadas en la categoría de “en peligro de extinción”.
Esta catalogación como especie en peligro de extinción para las poblaciones mediterráneas de rorcual común y cachalote ha sido reconocida en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (en 2021) y más recientemente, en 2022, por el Convenio sobre Cetáceos del Mediterráneo a través de una resolución (la 8.12) adoptada por sus miembros.
En cambio, el Ministerio mantiene desde 2011 para estas especies la catalogación de “vulnerables”, sin que hayan aprobado ni siquiera los obligatorios planes de conservación, que tenían que haberse terminado en 2016.
El Convenio de Cetáceos pide a España que España clasifique a rorcuales y cachalotes como especies en peligro de extinción
Tras una queja presentada por OceanCare, una nueva resolución (en noviembre pasado) del Convenio de Conservación de los Cetáceos del Mediterráneo refuerza la tesis de que España debe acelerar la protección de estas especies. En este sentido, se recuerda que todas las partes del Convenio “tienen la obligación de iniciar un proceso (...) Para revisar el estado de conservación de estas especies en cuestión”. Y que lo pueden hacer “con arreglo a su legislación nacional” y “en un plazo razonable”.
La pregunta de Sumar interpela sobre en qué momento el Gobierno va a revisar el estado de conservación de las poblaciones de cachalote y rorcual común en el Mediterráneo.
Otra pregunta se refiere a los retrasos en la puesta en marcha de un grupo de trabajo con todas las partes interesadas para acordar las medidas de reducción de velocidad de los barcos en el área marina protegida del corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo.
“Transcurrido ya más de medio año desde esa primera reunión, el Ministerio para la Transición Ecológica no ha vuelto a convocar una nueva reunión de dicho grupo de trabajo, pese a que esta ha sido reclamada reiteradamente por algunas de las partes interesadas con el fin de avanzar en la concreción de las medidas obligatorias”, se expone en la formulación de la pregunta.
Las dos especies sufren una disminución continua
En las últimas décadas, las poblaciones de rorcual común y cachalote en el mar Mediterráneo han experimentado una disminución continua en el número de individuos maduros
Las colisiones de barcos con cachalotes y rorcuales contribuyen de forma significativa a la continua disminución del número de individuos de estas dos especies. Sus poblaciones, dado su lento crecimiento y bajas tasas reproductivas, no pueden reponer ejemplares con la suficiente rapidez para compensar esas pérdidas, por lo que se corre el riesgo de que las colisiones terminen siendo el factor determinante que haga desaparecer sus poblaciones en el Mediterráneo.
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Las colisiones con embarcaciones son la principal causa de muerte inducida por el hombre
Las colisiones con embarcaciones son la principal causa de muerte inducida por el hombre para estados dos especies en el Mediterráneo noroccidental, una zona con una intensidad alta y creciente de tráfico marítimo.
El movimiento de buques en esta región se cifra es de unos 220.000 al año y sus velocidades medias oscilan entre 14 y 20 nudos en el caso de los buques mercantes o incluso de hasta 35 nudos en el caso de los ferris.
Aproximadamente el 75% de los recorridos comerciales se realiza a velocidades medias superiores a los 10 nudos, según el análisis de los datos de navegación. Sin embargo, los datos científicos disponibles indican que la probabilidad de que una colisión tenga un efecto letal en una ballena es muy reducida cuando la velocidad del buque no supera los 10 nudos.
La carta a la ministra, envida por Carlos Bravo, responsable de políticas sobre el océano de OceanCare, aborda todas estas cuestiones; en ella se ruega a la ministra que tome urgentemente cartas en el asunto ante el silencio y la falta de respuesta de la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho; que coordine la respuesta de los ministerios involucrados, y que concrete los plazos para implantar las medidas obligatorias para reducir la velocidad de los barcos.
El espacio marino denominado “Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo” se encuentran en el Mediterráneo noroccidental, cuenta con una superficie de 46.385 km2 y está localizado entre la Comunitat Valenciana, Catalunya y les Illes Balears. Fue declarado por España en 2018, mediante un real decreto como área marina protegida, y poco después, en 2019, catalogado como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) por el Convenio de Barcelona.