“Encuentran maneras de esquivar la ley”: una familia catalana residente en Australia, a raíz de la limitación de redes sociales para jóvenes menores de 16 años.
Redes y adolescentes
Mercè Salla y su descendiente, Gabriel, quienes residen desde hace tiempo en la costa este de Queensland, exponen el modo en que funciona realmente la restricción de redes sociales para menores y los impactos concretos que esto acarrea en la rutina de los adolescentes.
En el ámbito español, el pronunciamiento de Pedro Sánchez referente a limitar el empleo de plataformas sociales a menores de 16 años ha generado una fuerte polémica.
¿Qué sucede si una nación determina que un joven menor de 16 años no tendría que acceder a plataformas sociales? ¿Desaparecen de golpe Instagram, TikTok o Snapchat de la vida de los adolescentes, se enfrían las conversaciones entre amigos o, simplemente, todo sigue igual pero por otros caminos? Mientras en España el anuncio de Pedro Sánchez de impulsar una prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años ha abierto un gran debate, en otros lugares del mundo esa pregunta ya no es teórica, sino parte de la vida cotidiana de miles de familias.
Australia es uno de esos países. Allí, la restricción del acceso a las redes sociales para menores se implementó el 10 de diciembre de 2025. La ley es aún demasiado nueva para evaluar sus efectos de forma definitiva. No se presentó como una respuesta milagrosa, sino como un límite claro: el de reconocer que la protección de los menores en línea no puede depender exclusivamente del control parental ni de la buena fe de las plataformas.
Los detalles de la limitación
Así se aplica en la práctica
Ubicados en el litoral oriental de Queensland, Mercè Salla Martret, profesional de la investigación y madre de dos menores, junto a Gabriel Martínez Salla, de 14 años, han experimentado dicho proceso desde su interior. Su vivencia permite dar un rostro humano a la discusión, alejándola de las consignas partidistas y analizando cómo se implementa verdaderamente una restricción de este tipo, qué varía (y qué permanece) en la cotidianidad de un joven y hasta qué punto las regulaciones logran frenar o simplemente desviar el empleo de las redes sociales.
En España, la propuesta presentada por el presidente del Gobierno busca aumentar a 16 años la edad mínima para usar redes sociales, obligar a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad más efectivos y ampliar su responsabilidad legal por contenidos perjudiciales, ilegales o que promuevan comportamientos adictivos. La iniciativa española se basa en medidas ya en vigor o en curso en naciones como Francia o Australia.
Respecto al contexto de Australia, señala Mercè, la iniciativa no se implementó repentinamente, sino que fue objeto de debate por varios meses, se difundió en los centros educativos y se procuró concienciar a progenitores y descendientes sobre los cambios futuros. No obstante, admite que la incertidumbre mayor no residía en la esencia del acuerdo sino en su puesta en marcha: “Lo que generaba más incertidumbre no era tanto la prohibición en sí, sino cómo se acabaría implementando en la práctica por parte de las diferentes redes sociales y hasta qué punto el control sería realmente efectivo o no”.
Me imaginaba que dejaría de comunicarme con personas sin WhatsApp, y aquello me generaba bastante irritación.
Para Gabriel, de 14 años, la noticia provocó una repercusión afectiva más directa. El hecho de no poder acceder a redes sociales hasta los 16 años le generó desánimo, especialmente por el temor a distanciarse de amistades que no ve habitualmente, como excompañeros de primaria o del fútbol. “Pensé que era una mala pasada porque no podría continuar hablando con mis amigos y que perdería el contacto con gente que no tenía WhatsApp, y eso me ponía de mal humor”, manifiesta, dando voz a una preocupación muy extendida entre la población adolescente.
Dicho marco resulta fundamental para comprender la experiencia australiana. En Queensland, por lo menos, el uso de celulares está restringido en los centros de secundaria, provocando que los contactos virtuales ocurran tras la jornada lectiva y que el dispositivo no funcione como un recurso pedagógico habitual. Bajo tales circunstancias, el veto a las plataformas sociales no modificó sustancialmente el día a día escolar, si bien forzó a los jóvenes a reestructurar sus medios de contacto.
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No obstante, conforme avanzaban las semanas y tras la implementación de la regla, Mercè afirma que numerosos jóvenes hallaron la forma de rehabilitar o abrir perfiles recientes en ciertas aplicaciones. Cambiar la edad del usuario o emplear recursos tecnológicos se volvió un hábito común. “Los amigos que tuvieron que salir de las redes se crearon un perfil con una edad dos años más mayor o usaron una VPN para crear la cuenta en un país donde no estaba prohibido”, declara Gabriel.
Los detalles de la limitación
Sin cambios de importancia en la rutina diaria familiar.
En la vida diaria familiar, los cambios no fueron extremos, explica la investigadora. No observaron modificaciones significativas en el estado de ánimo ni en el desempeño escolar, en parte porque el tiempo frente a la pantalla ya se encontraba controlado mediante aplicaciones de supervisión parental. Sí notaron, sin embargo, una disminución de la presión social vinculada a la obligación de “estar” en ciertas plataformas, una presencia constante que muchos adolescentes experimentan más como una carga que como una decisión voluntaria.
A juicio de Mercè, esta disposición resulta más eficaz como una señal comunitaria que como una simple restricción. Establece una frontera, potencia el mensaje que numerosos hogares ya comunican internamente y evidencia que el ámbito tecnológico no resulta inofensivo para la infancia. “Ayuda a marcar límites claros y a reforzar el mensaje de que las redes sociales no son espacios neutros ni inocuos para los menores”, afirma.
Esto no implica, señala, que la disposición carezca de inconvenientes. El veto podría provocar disparidades según el nivel de supervisión o compromiso de cada hogar, una diferencia que los mismos jóvenes logran identificar y utilizar: “Muchos encuentran maneras de esquivarla”, afirma Mercè. Asimismo, estima que aún es pronto para analizar sus consecuencias sociales de forma duradera, sobre todo considerando que bastantes menores continúan entrando a las redes mediante otros métodos.
Al reflexionar sobre España, Mercè manifiesta su respaldo a una propuesta parecida, fundamentándose en investigaciones que ponen en duda los beneficios de las plataformas digitales para jóvenes de menos de 16 años, aunque recalca que la medida no debe limitarse únicamente a un veto jurídico. Según su criterio, para lograr efectividad sería preciso brindar opciones auténticas de interacción y contacto que eviten fomentar la dependencia, disminuir la utilización de móviles en los centros escolares y complementar la regulación con un plan pedagógico de mayor alcance.