Presunción de inocencia para Cristóbal Montoro. Toda. Pero el hilo del que han tirado durante más de siete años un juez de Tarragona y una fiscal honesta, que incluso fue expedientada por hacer su trabajo, está permitiendo descubrir un escándalo que, si se confirma, es una vergüenza para todos aquellos ciudadanos sufridores que intentamos cumplir siempre con Hacienda. Lo que hoy desvela nuestra redactora de Tribunales Carlota Guindal, que lleva mucho tiempo detrás de este caso escondido bajo siete llaves por la condición de secreto de sumario, tiene implicaciones que afectan a bancos, eléctricas o tabacaleras.
Estamos hablando de que varias entidades bancarias pagaron 6,6 millones de euros a una consultora, vinculada con Montoro, en pleno rescate bancario provocado por la crisis del 2008. Estamos hablando de que compañías eléctricas pagaron 8 millones de euros a esa misma consultora, Equipo Económico, en plena reforma del sector eléctrico en el 2012. Estamos hablando de que el equipo económico del ministerio que dirigía Montoro retocó el informe oficial que los peritos de la Agencia Tributaria tenían que enviarle al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre las donaciones del Partido Popular en la investigación de la caja B del partido.
Todas estas acusaciones están basadas en los correos electrónicos interceptados en una ardua labor conjunta de los Mossos d’Esquadra y agentes de la UCO de la Guardia Civil. Ahora se tiene que dejar trabajar a la justicia y confirmar la veracidad de esas informaciones. Montoro la niega.
El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
Sería gravísimo que desde las altas instancias del gobierno, que deben velar por la legalidad institucional, se hubiera permitido a empresas, bancos o particulares ahorrarse el pago de impuestos a cambio de mordidas a una empresa consultora. Esto es lo que se tiene que dilucidar ahora.
Aunque la implicación del PP en este caso supone una tabla de salvación para un PSOE acosado por el caso Cerdán, es una pésima noticia para el país. Un golpe durísimo a la
credibilidad del Estado. Estos casos de corrupción solo benefician a un tercero: Vox.
