Libertad para decidir
A finales de noviembre, este periódico publicó una entrevista a Rafael Yuste, neurobiólogo español y profesor en la Universidad de Columbia, que alertaba sobre los avances imparables en neurociencias y el peligro que podían suponer para la manipulación de nuestros cerebros, por ejemplo, mediante los neuroimplantes.
Rafael Yuste es el impulsor de la NeuroRights Foundation, cuyos principios fueron la base de la declaración de València, en la que se recomienda la incorporación de los neuroderechos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La declaración de València contempla, entre los cinco neuroderechos que proteger, estos dos: el libre albedrío y la identidad personal. Desde mi punto de vista, la conculcación de estos derechos no es nueva, ambos han sido históricamente vulnerados. Es decir, la intervención sobre nuestro pensamiento y voluntad o la imposición sobre nuestra identidad no nacen con los avances en neurociencias, sino que llevan siglos entre nosotros. En todo caso, lo que sí nace ahora es la intervención directa sobre los procesos neuronales. Aunque es preciso señalar que, en un pasado no muy lejano, ya empezaron a utilizarse métodos que modificaban directamente la dinámica neuronal, por ejemplo, la terapia electroconvulsiva, que se inició en la década de los años treinta del siglo pasado. Otro ejemplo, la publicidad subliminal, que actúa por debajo del umbral de la conciencia. De modo que los neuroimplantes que pueden actuar sobre nuestros cerebros son una realidad grave pero no ontológicamente nueva.
La declaración de València dice respecto al libre albedrío: “Las personas deben tener el control final sobre su propia toma de decisiones, sin manipulación desconocida de neurotecnologías externas”.
La conculcación de neuroderechos como el libre albedrío y la identidad personal no es nueva
Sin embargo, las personas en innumerables ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad no han tenido control sobre lo que piensan y sobre sus decisiones. En primer lugar, porque tenerlo presupondría que todos los seres humanos son sujetos jurídicos, autónomos, racionales y sin desigualdades materiales. En segundo lugar, porque las personas somos seres sociales y gregarios, por lo que, tal como explica la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann en La espiral del silencio, las personas tememos el aislamiento social. Por ello, observamos continuamente qué opiniones parecen mayoritarias. Si percibimos que la nuestra es minoritaria o socialmente sancionada, tendemos a callar. Ese silencio refuerza la apariencia de consenso, lo que hace que más personas callen. Dos ejemplos de teorías peregrinas sin evidencia empírica y que, sin embargo, no solo tuvieron éxito, sino que estructuraron sociedades enteras durante siglos: la existencia de las brujas, una teoría quimérica convertida en causa judicial, y la incapacidad de las mujeres para aprender a leer, una falsedad convertida en dogma educativo.
Vayamos al otro derecho formulado en la declaración de València: la identidad personal. De él se dice: “Se deben desarrollar límites para prohibir que la tecnología interrumpa el sentido de uno mismo. Cuando la neurotecnología conecta a las personas con redes digitales, podría desdibujar la línea entre la conciencia de una persona y los insumos tecnológicos externos”.
Y de nuevo, podemos comprobar que la identidad personal no ha necesitado interfaces cerebrales para ser violada. Por poner ejemplos relativamente recientes, a finales de los noventa del siglo pasado se desencadenó una epidemia de trastornos de la conducta alimentaria entre las chicas jóvenes originada sobre todo por el mundo de la moda y su elección de modelos con cuerpos cadavéricos. Ahora mismo hay otra epidemia entre mujeres jóvenes: las intervenciones estéticas, causada, entre otras razones, por los filtros que, aplicados a sus fotos, cambian sus rostros e impiden la aceptación de los reales. Y si retrocedemos al pasado, vemos que las mujeres difícilmente han podido mostrar su identidad real, manipuladas como estaban –están– por los estereotipos de género.
Así que, desde luego, legislar sobre los neuroderechos es importante. Sin embargo, estos no deberían presentarse como derechos nuevos sino como nuevas formas de violación de derechos ya existentes.