El gran desafío del Ayuntamiento de Barcelona

* El autor forma parte de la comunidad de lectores de Guyana Guardian

En economía afirmamos que, para que un mercado funcione correctamente, debe permitirse el cálculo económico, es decir, la libertad de formación de precios con el menor número de interferencias por parte de las administraciones públicas. Pero, ¿han desarrollado los científicos sociales algún mecanismo que permita el cálculo social? 

En otras palabras, ¿es posible que la sociedad civil pueda intervenir libremente en la formación de las normas para su entorno social con el menor número de interferencias de la administración pública? 

Moral es aquello que mayoritariamente un grupo considera que está bien o está mal. Para lograr que la moral esté sincronizada con la ley, para ciertos asuntos civiles y económicos, necesitamos la integración de la sociedad civil. 

A medida que la sociedad y la economía se hacen más complejas, esta necesidad se hace más palmaria y acuciante. El Estado está dimensionado para problemas de escala: es para ciertos asuntos demasiado lento y costoso. El Estado no es un utensilio útil para realizar microcirugía legal. Cuando el Estado no mantiene sincronizada la moral y la ley, la justicia se vuelve injusta y judicializamos las externalidades.

La sociedad civil está demandando con gritos silenciosos un mayor grado de participación en las decisiones políticas, es decir, el cálculo social o competencia institucional normativa.

La gobernanza participativa ha adquirido una creciente notoriedad en la literatura politológica durante el último cuarto de siglo XX. La ciudad de Porto Alegre, una de las ciudades más importantes de Brasil, con un millón y medio de habitantes, desde 1989 trabaja con el llamado Presupuesto Participativo Municipal, el cual permite “la participación social directa y una pirámide de representación social que cogobierna junto con el gobierno municipal, decidiendo las políticas públicas y la asignación del presupuesto municipal bajo una concepción de justicia distributiva”. 

Esta forma de participación se limita cuasi exclusivamente a determinar el destino de una parte del presupuesto municipal, entre un 15% y un 25%. Pero los ciudadanos no participan en la formación del marco jurídico.

En España, un ejemplo de integración de la sociedad civil es La Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento del Polígono Industrial Cobo Calleja del Municipio de Fuenlabrada. La citada entidad urbanística ha firmado un acuerdo con el Gobierno municipal para hacerse responsable de: 

• a) Incrementar la seguridad en el área industrial mediante la contratación de servicios de seguridad privada. 

• B) Del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. 

• C) Del servicio de limpieza viaria. 

• D) Del mantenimiento y conservación de la red de alumbrado.

• E) La conservación y mantenimiento de zonas verdes. 

• F) De la desratización y desinfección en vía pública.

Es la comunidad de empresarios la que, conforme a su criterio, establece los servicios y asume su coste, sin que tenga que intervenir un burócrata municipal que planifique y ralentice la toma de decisiones. 

De esta forma el Ayuntamiento se ahorra dinero, evita responsabilidades, y los empresarios ajustan de manera flexible sus servicios a las necesidades y capacidades financieras. La consecuencia es que, uno de los polígonos más grandes de España, es uno de los más limpios y seguros de Europa. 

Por tanto, es el regulador privado el que determina y tiene la potestad de ejecutar las normas de funcionamiento de la comunidad, asumiendo sus costes.

Estos dos ejemplos embrionarios de Cálculo Social ponen de relieve diversas formas de participación ciudadana en la gestión pública.

En ocasiones la sociedad civil se ve obligada a organizarse espontáneamente para cubrir las fallas de la administración pública. Pondré algunos ejemplos:

• 1) En noviembre de 2024,  “muchos incívicos están inundando las calles del Raval de bolsas de basura, garrafas de agua vacías, cajas de cartón de frutas y verduras”.

• 2) En julio de 2025, también los vecinos de un barrio de Málaga se vieron obligados a limpiar sus aceras.

• 3) En septiembre de 2025, los vecinos de un barrio de Parla (Madrid) decidieron recoger la basura de sus calles: “Nos tienen abandonados desde hace 21 años”. Hartos de suciedad, los vecinos han decidido salir a limpiar ellos mismos su calle. 
• 4) En noviembre de 2025 se constituyó la Associació Veïnal Cor de Sant Antoni para “representar los intereses del vecindario y contribuir activamente a la mejora de la calidad de vida en el barrio de Sant Antoni”, en el distrito del Eixample de Barcelona. 
• 5) También en noviembre de 2025, asociaciones de vecinos y entidades en pie de guerra por las basuras: Girona creará una brigada para limpiar las calles

La pregunta es obligada: ¿podríamos trasladar estos modelos e iniciativas de integración civil a ciertos aspectos de la gestión municipal de forma experimental? ¿Podría el Ayuntamiento de Barcelona permitir que, en uno de sus barrios y de forma experimental, una asociación de vecinos se hiciese cargo de la limpieza de las calles?

Parece razonable que un Ayuntamiento moderno y dinámico, como el Ayuntamiento de Barcelona, se plantee esta pregunta dado que no existen dos calles iguales en un mismo barrio. Hay calles que, por el tráfico peatonal, por su actividad comercial, por el tipo de arbolado, etc. Necesitan dos o tres limpiezas diarias o mayor seguridad ciudadana. 

Por el contrario, “la calle de atrás” con tan solo una limpieza diaria sería suficiente. ¿Quién determina el número, el tamaño, la ubicación y la frecuencia de vaciado de las papeleras municipales? ¿Por qué a diario cientos de porteros se ven obligados a limpiar la parte frontal de su edificio? ¿Por qué muchos comercios limpian la parte frontal de su establecimiento? ¿Por qué, en ocasiones, los vecinos hacen un inadecuado uso de los contenedores comunales de vidrios y cartones?

Da la sensación que es difícil que el Ayuntamiento pueda realizar una gestión eficiente y eficaz aplicando un criterio cuasi homogéneo, tanto en servicios como en tasas, para un mismo distrito.

Un ayuntamiento moderno debería dar la posibilidad a los vecinos que estén dispuestos a pagar un doble servicio de limpieza o de seguridad a ejercer este derecho. Igualmente debemos permitir que otros ciudadanos paguen menos tasas sociales cuando las características de su calle así lo aconsejen.

Pero, ¿cómo se llevaría adelante una idea que, sobre el papel, parece razonable? ¿Cómo se constituirían estas asociaciones? ¿Cuántas asociaciones habría? ¿Qué capacidad normativa y ejecutiva podrían desarrollar? ¿Quién soportaría los costes de los servicios? ¿Cómo se resolverían los posibles conflictos entre las distintas asociaciones? ¿Qué pros y contras tiene el experimento?

Los vecinos del hipotético distrito experimental, podrían asociarse para constituir una entidad reguladora de la limpieza urbana. Se requería un mínimo de 25 socios. Debe exigirse un mínimo de socios, porque debemos fomentar el debate dentro de la propia entidad reguladora.

Al constituirse el Regulador, los socios determinarán estatutariamente el territorio de tutela, las normas de funcionamiento y el sistema de toma de decisiones.

Los socios de un Regulador deberán permanecer asociados a la entidad por dos años. Esto evitará un constante transfuguismo entre los reguladores del territorio que pueda desvirtuar la formación de la voluntad popular.

Cabe la posibilidad que puedan solaparse dos reguladores sobre un mismo territorio o calle. Para saber qué criterio normativo prevalecerá sobre las diferentes propuestas normativas, la mayoría concurrencial o mayor número de consenso obtenido en cada una de las asambleas determinará la norma o criterio ganador.

¿Cómo funciona la mayoría concurrencial? ¿Cómo funciona el cálculo social? Pongamos un simple ejemplo de solo dos reguladores, aunque podrían existir solapamientos múltiples. Imaginemos que existe un regulador de limpieza de, exclusivamente, Las Ramblas de Barcelona, ubicada en el distrito Ciutat Vella. Igualmente pongamos que existe otro regulador de todo el Distrito de Ciutat Vella.

Supongamos que el regulador de Las Ramblas determina, con un 85% del quórum asambleario, que la limpieza de las calles se haga tres veces al día, sábados y domingos inclusive. Pero el regulador del distrito de Ciutat Vella acuerda que tanto solo se harán dos veces al día, y tan solo una los sábados y domingos. Esta última decisión se toma con un 80% de apoyos.

Al ser mayor el nivel de consenso existente en el regulador de Las Ramblas, los ciudadanos de Las Ramblas dispondrán de tres servicios de limpieza diaria, y el resto de ciudadanos del distrito de Ciutat Vella se regirán por las normas de este último regulador. Por tanto, para el resto del distrito de Ciutat Vella las calles se limpiarán dos veces al día, y tan solo una los sábados y domingos. En caso de empate en la toma de decisiones prevalecerá la opinión del Regulador con mayor número absoluto de votantes.

Existirá un Registro de Propuestas normativas que coordinará los cambios que las distintas asociaciones propongan. El objetivo de esta entidad es, entre otras, informar a las restantes asociaciones concurrentes de las nuevas propuestas normativas para que sean votadas, en sus distintas asambleas, el mismo día.

La Junta Municipal del Distrito de Ciutat Vella podrá igualmente adoptar decisiones en régimen de competencia institucional. Por ejemplo, mediante el cálculo social tratará de obtener la mayoría concurrencial y de imponer unos criterios mínimos de urbanismo cuando considere que los reguladores no están dando el servicio adecuado a la ciudadanía.

La norma ganadora tendrá una vigencia mínima de 6 meses, salvo que todas las unidades involucradas acuerden unánimemente un plazo mayor al plazo de duración inicial de la propuesta normativa.

La mayoría concurrencial Minimiza la Ley de Hierro de la Oligarquía, evitando los abusos de minorías maximizadoras. La Ley de Hierro de la Oligarquía constata que tanto en autocracia como en democracia siempre gobernará una minoría maximizadora. Según Robert Michels toda organización se vuelve finalmente oligárquica. 

Con el nuevo sistema de organización propuesto se seguirá cumpliendo la Ley de Hierro de la Oligarquía en las unidades normativas, pero esta ley será irrelevante dado que el cálculo social tiene mayor peso que los oligarcas institucionalizados. Sus opiniones serán banales si no consiguen la mayoría concurrencial, si no consiguen que el mayor número de miembros de un Regulador les apoye. Los oligarcas deberán transformarse en auténticos líderes naturales.

A su vez, el cálculo social limita la corrupción de la gestión pública dado que, al no existir una única unidad de toma de decisiones, un suministrador de servicios tendría que posicionarse adecuadamente en todos los Reguladores para garantizarse un adecuado retorno económico, con los que la eficiencia del soborno disminuye enormemente.

Permitiendo la creación de múltiples reguladores que puedan incluso estar solapados, evitaremos, por ejemplo, que La Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento del Polígono Industrial Cobo Calleja pueda caer en las manos de un gestor corrupto o incompetente que no actualice dinámicamente las normas conforme a las necesidades de los empresarios. 

Supongamos que un grupo de joyeros que casualmente se ubican en un área esquinada del polígono deseasen una seguridad especial y sus demandas no fueran atendidas por oscuros intereses. Con la herramienta de la Competencia Institucional podrían crear su propio regulador y competir normativamente con la entidad territorialmente superior.

Los servicios que preste cada Regulador serán pagados por todos los vecinos que se beneficien de los mismos. Los costes del Regulador serán pagados exclusivamente por los socios. 

Entre los aspectos positivos podemos citar los siguientes:

• Es previsible una mejora sustancial en los servicios de la comunidad, pues se ajustarán adecuadamente a las necesidades sociales. Parece razonable pensar que las calles estarán más limpias, los vecinos estarán más contentos y se sentirán identificados con la gestión de su entorno.

• Al acercar la gestión pública a la sociedad civil, los viandantes de esos distritos serán más cuidadosos a la hora de hacer uso de un bien público o de tirar un papel, colilla, chicle, etc. Fuera de una papelera o de un cenicero. Pero también los vecinos se cuidarán de dejar objetos prohibidos en la vía pública. Es sumamente habitual que esto ocurra en todas las ciudades porque el ciudadano está controlado por un ser etéreo y alejado de la vecindad. Si el ser impersonal es sustituido por personas que viven próximas al hecho, el infractor andará con más cuidado, y el sentimiento de culpabilidad aumentará exponencialmente. Por tanto, también es previsible que aumente el nivel cívico.

• El ahorro en la tasa de basuras podría destinarse a la contratación de estos servicios, siendo más eficiente el coste. El servicio de limpieza podría ser realizado por los propios porteros del edificio, pues en ocasiones tiene algunas “horas muertas”. De hecho, esto ya se viene haciendo cada mañana por muchos porteros, los cuales limpian el frontal de su edificio. Además, es posible que ciertos edificios de ciertos barrios, que carecen de servicio de portería, se animen a contratar un portero o a compartir un portero entre varios edificios próximos, dado que tendría más sentido su contratación. El entramado social de vecinos, trabajadores de limpieza y viandantes se cohesionaría fuertemente.

• Al delegar la gestión, el Ayuntamiento de Barcelona tendría una posición política más cómoda si todo funciona correctamente. Muchas veces la Administración Pública se ve presionada por la huelga de los trabajadores de la empresa concesionaria de limpieza, como la acontecida en el año 2012. Si se fragmenta este servicio en múltiples empresas, además de fomentar la competencia empresarial para la mejora de los servicios, el Ayuntamiento evitará este tipo de situaciones límites que, en ocasiones, son de difícil solución y se dilatan innecesariamente.

El único riesgo potencial en este experimento social sería que el Regulador poseedor de la mayoría concurrencial desatienda los compromisos asumidos. En ese caso, la Junta Municipal Ciutat Vella considerará nula dicha mayoría, retiraría la licencia al Regulador y sancionaría a los responsables. Además dará paso al Regulador que alcanzó la segunda posición en las votaciones. Alternativamente, si no hubiese un segundo Regulador, la Junta Municipal y asumiría la ejecución del servicio conforme a los criterios de su asamblea.

En definitiva, el cálculo social trata de adoptar las normas a las necesidades sociales con el menor coste y lo más rápido posible. La mayoría concurrencial es un nuevo concepto jurídico que revolucionará todas las ciencias sociales, permitiendo que el Estado y el mercado funcionen mejor.

“La destrucción creativa (Schumpeter) tiene que ir acompañada que la destrucción normativa (Pedro Gómez), de lo contrario la justicia se vuelve injusta y judicializamos la externalidades”.

El Ayuntamiento de Barcelona sería la primera corporación municipal a nivel mundial en operar de una forma más lógica y dinámica, mediante el cálculo social.

La Competencia Institucional Normativa o social calculus es una Teoría de Juegos de carácter institucional. Las teorías de juegos se venían aplicando exclusivamente a personas físicas, y por medio del cálculo social podemos hacer extensiva esta dinámica de coordinación social a las instituciones y grupos sociales. Con el ejemplo de la retirada de residuos sólidos urbanos se puede apreciar bien cómo funciona la cálculo social, pero esta forma de coordinación social es extensiva a múltiples aspectos económicos, políticos y sociales. 

Por ejemplo, las fuertes inundaciones o incendios que sufrimos todos los países, inclusive hasta los teóricamente avanzados, como Canadá, se podrían afrontar mejor mediante la integración de la sociedad civil en la toma de decisiones. No podemos dejar todos los aspectos y actividades sociales en manos de los políticos.

En línea con el pensamiento de Platón, el mayor castigo que puede recibir un ciudadano por negarse a gobernar, es ser gobernado por personas peor formadas, o con un menor conocimiento del entorno que el propio interesado. Pero también es cierto que debemos permitir que los ciudadanos participen activamente en la vida pública.

Es ridículo que toda la participación que hacemos para la construcción del ordenamiento jurídico sea votar una vez cada cuatro años. Para que el Estado y el mercado funcionen mejor, la sociedad civil debe participar activamente en el diseño del complejo entramado normativo. Depender exclusivamente del aparato burocrático estatal es inadecuado para afrontar el mayor reto de la humanidad: la robótica con IA.

* Pedro Gómez Martin-Romo es profesor. Máster en Asesoría Financiera y Seguros. Universitat Politècnica de València

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