La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo decide este martes si anula el nombramiento de García Ortiz como fiscal general. Esta decisión del Gobierno fue recurrido por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (Apif).
En el escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso EFE, la defensa pide desestimar el recurso presentado por esta asociación al considerar que sus “argumentos, más que jurídicos, son de pura y simple propaganda”.
“Da igual que haya o no base para impugnar un nombramiento del Gobierno, lo que se pretende al interponer el recurso contra el real decreto que acuerda nombrar al fiscal general del Estado es que se inicie el proceso judicial, que el nombramiento esté durante varios meses en cuestión”, señala la defensa del fiscal general para la que es “evidente” que la Apif “no deja de verter de modo tendencioso motivaciones subjetivas de marcado carácter político, ajenas al procedimiento contencioso-administrativo, con evidente ánimo de menoscabar la honorabilidad del fiscal general del Estado”.
Es más, afirma que la asociación quiere “imputar al fiscal general actuaciones que no ha realizado nunca” empleando “argumentos inauditos” hasta el punto de que el recurso está fundado “en meras opiniones subjetivas, en suspicacias interpretativas, y en una oculta intención subjetiva, contra el fiscal general del Estado”
El caso González Amador sigue su curso
Entre tanto, ayer lunes el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado decidió no demorar la declaración como investigado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este interrogatorio será un hito en la justicia española ya que es la primera vez en democracia que se cita como imputado al máximo responsable del ministerio público.
La defensa de García, que lleva la Abogacía del Estado, solicitó al magistrado una suspensión de la declaración en aras a que pudiera llevar a cabo una serie de diligencias solicitadas, como el interrogatorio de más periodistas para que acrediten que él no pudo ser la fuente que filtró los correos electrónicos vinculados a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La defensa de Ortiz pedía la declaración de más periodistas que accedieron a los e-mails del amigo de Ayuso
Hurtado ha rechazado tales diligencias y como consecuencia ha mantenido la fecha del interrogatorio en calidad de investigado para mañana 29 de enero.
Entre otras, se ha negado a tomar declaración al querellante y supuesto afectado por la filtración de los correos, Alberto González Amador, porque a su juicio todo lo que tenía que aportar está en la querella.
En la causa se investiga la filtración de tres correos electrónicos cruzados entre el abogado de González Amador y el fiscal que le estaba investigando por fraude fiscal. El primero, del 2 de febrero del 2024, es enviado por el letrado a un correo genérico de la Fiscalía ofreciendo un pacto de conformidad que pasaría porque el empresario reconociera el fraude. El segundo, del 12 de febrero, es del fiscal comunicándole que él es el encargado del asunto y tomará nota del ofrecimiento. Y el tercero es del 12 de marzo, por el que el fiscal le comunica la denuncia interpuesta contra su cliente y le deja la puerta abierta a llegar a un acuerdo, como había pedido la defensa.
De estos correos, el primero que se filtró es el del día 12 de marzo por parte del diario El Mundo , en la noche del 13 de marzo. Sin embargo, para el instructor el origen de todas estas diligencias es el correo del 2 de febrero y reconoce que existe “controversia” sobre cuándo se llegó a tener conocimiento del mismo.
El magistrado reconoce que el e-mail del 12 de marzo que publica El Mundo no tiene “incidencia” en la causa porque “se difunde a partir de la autorización” de la persona a quien afecta el secreto. Este correo –dice– se difunde para “minimizar” la trascendencia del del 2 de febrero.
A pesar de esta afirmación del juez, cuando se difundió el correo del 12 de marzo, todavía no había saltado a la prensa la existencia de otro correo previo, el del 2 de febrero, por el que la defensa de González Amador tomaba la iniciativa de ofrecer un pacto.
Para el juez, la clave de la filtración es ese primer correo que circula a partir de la actuación de un tercero ajeno a la confidencia, quien, más que divulgarlo, “lo filtra subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto, cuando la relevancia delictiva se encuentra en la quiebra de esa confidencialidad”.
El fiscal general tendrá que explicar si el 6 de marzo, cuando un periodista de elDiario.es asegura que tuvo acceso a ese correo, él lo tenía. De todas las declaraciones expuestas hasta ahora, se conoce que García tuvo conocimiento y acceso a esos correos el 13 de marzo.
