Las delegaciones de PSOE y Junts per Catalunya mantienen este viernes en Suiza una nueva edición de sus reuniones periódicas ante el mecanismo de verificación y mediación internacional, según ha podido saber La Vanguardia.
Esta cita se produce cuando quedan apenas cuatro días para que el Congreso de los Diputados debata la proposición no de ley (PNL) que presentó JxCat para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza. El debate será el martes, si nada cambia, pero no será hasta el miércoles cuando se produzca la votación.
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Esta iniciativa ni es vinculante ni tiene efectos legales, puesto que es como una resolución o una moción del Parlament de Catalunya y quien tiene la potestad de convocar una cuestión de confianza es el presidente del Gobierno. No obstante, sí tiene gran significado político y carga simbólica que se hable sobre ello, ya que puede evidenciar la debilidad del Gobierno central en función del resultado que arroje. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha remarcado hoy mismo que el resultado de la votación “no es vinculante” y que no obliga a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y ha apuntado que el diálogo con Junts “es continuo”.
En las semanas previas, cuando los socialistas se negaban a tramitar en la Mesa de la Cámara Baja la PNL, Junts apuntaba que tramitarla no implicaba sustanciarla siempre y cuando hubieran avances en sus conversaciones. Ese aspecto hacía presagiar que el debate sobre la cuestión de confianza en el hemiciclos seria a mediados de marzo y no a finales de febrero, para tener más tiempo de alumbrar nuevos acuerdos tras la reforma fiscal de finales del año pasado, la entente para que TVE tenga un canal que emita solo en catalán, o del pacto para, en un segundo intento, sacar adelante las medidas sociales del decreto ómnibus que hacían referencia a cuestiones como el precio del transporte público o la revalorización de las pensiones, entre otras.
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Sea como fuere, la negociación para el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat, que podría desencallar la situación y se acordó hace más de un año y debería haberse zanjado antes de finalizar el 2024, seguía encallada estos últimos días en los mismos puntos: la expedición de los NIE para las personas extranjeras por parte de la administración catalana y el papel de la policía autonómica, los Mossos d'Esquadra, en las fronteras. Aspectos en los que el Ejecutivo de Sánchez se resiste a ceder y que para los posconvergentes son fundamentales, ya que opinan que sin incluirlos la delegación de competencias –mediante el artículo 150.2 de la Constitución– no será “integral”. En ese sentido, JxCat señala al ministro del Interio, Fernando Grande-Marlaska, como responsable y ha pedido su cabeza en más de una ocasión.
A la cuestión migratoria hay que agregar otro asunto pendiente, la oficialidad del catalán en la Unión Europea, para lo que JxCat reclama a Sánchez que intervenga de forma directa él mismo al considerar insuficientes las maniobras y gestiones del ministro José Manuel Albares, a quien en su momento reconocieron sus esfuerzos.
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En las reuniones de Suiza participan por parte del PSOE su número tres y secretario de organización, Santos Cerdán, acompañado de su mano derecha, Juan Francisco Serrano. También lo hace en algunas ocasiones, como este viernes, el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Por parte de JxCat acuden habitualmente el secretario general, Jordi Turull, la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras y el expresident Carles Puigdemont. No es la primera vez que el expresidente socialista se involucra en el diálogo con los posconvergentes. En enero ya participó en las conversaciones cuando la relación entre ambas organizaciones pasaba por un momento de crisis y además recientemente ha apagado también algún que otro fuego con los socios de Sánchez en la coalición, con Sumar.
Por otra parte, más allá del debate de la semana que viene, ambos partidos tienen sobre la mesa otros aspectos del día a día de la Cámara Baja, como la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media, que Junts por ahora no respalda, o el compromiso de los socialistas de tramitar en el Congreso la propuesta para modificar varias leyes y facilitar que se pueda expulsar a ocupas en un plazo de 48 horas si no tienen un título jurídico que les habilite para estar en un inmueble.
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Esta misma semana Turull estuvo en Waterloo despachando con el presidente de la formación, Puigdemont, junto al vicepresidente de JxCat, Antoni Castellà, otro de los hombres claves en la cúpula posconvergente.
Fue el mismo día en que la dirección de la patronal Cecot se reunió con el expresidente catalán para reclamarle que Junts no apruebe la reducción de la jornada laboral que propugna el Gobierno, la medida estrella de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
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