La posición de Junts sobre el uso del velo islámico ha abierto dos debates; el de la capacidad de la ultraderecha para marcar la agenda y al de fondo sobre si es conveniente o no regular la utilización de esa prenda. No es algo nuevo. De hecho, ahora forma parte de los planteamientos de la derecha, pero antes también la izquierda lo puso sobre la mesa.
El Ayuntamiento de Lleida aprobó en 2010 por una amplia mayoría una ordenanza contra el uso del velo islámico en edificios municipales, una medida impulsada por el entonces alcalde socialista Àngel Ros. Lleida cuenta hoy con un 9% de población musulmana, cuando la media en España es del 5%, una tendencia que ya se vislumbraba entonces. Fue la primera ciudad que planteó la prohibición y enseguida contagió a otras. El argumento esgrimido era la igualdad de género, aunque se añadían motivos de seguridad.
El debate en el Parlament sobre el velo islámico se ha quedado en un relato que solo beneficia a Aliança Catalana
La ordenanza de Lleida fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, pero en 2013 el Supremo se pronunció por primera vez sobre esa materia y lo hizo en contra por considerar que no era abordable por parte de un ayuntamiento. Solo una norma con rango de ley podía limitar un derecho que podía afectar a libertades fundamentales. El Supremo rechazaba que el uso del velo perturbara la tranquilidad ciudadana y la seguridad, como señalaba el TSJC. Incluso criticaba que se presupusiera que la mujer que viste el velo lo hace coaccionada.
Entonces, el feminismo en general se mostró más bien contrario a la sentencia por considerar que el velo y el burka atentan contra la dignidad de las mujeres y que la libertad religiosa no puede estar por encima de otros derechos y libertades.
Sílvia Orriols, portavoz de Aliança Catalana en el Parlament
Antes de este episodio, en 2008, recién investido José Luis Rodríguez Zapatero, su número dos en el Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se propuso reformar la ley de libertad religiosa de 1980 para poner en el centro de la norma la “libertad de conciencia” y contemplar así no solo los derechos de los practicantes de distintas religiones, sino también de agnósticos y ateos. El proyecto introducía palabras como “laicidad” y “neutralidad” para referirse al Estado y dictaba que la simbología religiosa de cualquier tipo debía desaparecer de los centros públicos. La Iglesia y el PP alzaron la voz. La reforma quedó olvidada en un cajón.
Hoy no existe ninguna norma, ni estatal ni autonómica, que regule el velo. Solo unos pocos países europeos lo han hecho. Francia prohibió en 2004 cualquier símbolo religioso en las escuelas públicas. Todos. Y en 2010 prohibió cubrirse el rostro en espacios públicos, algo que han aplicado otros países alegando motivos de seguridad y con el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que aludió a la preservación de la convivencia.
Así pues, los socialistas plantearon la medida en el marco de la laicidad del Estado, mientras la derecha la limita al islam, como hizo el PP en el Senado en 2010, cuando Alicia Sánchez Camacho defendió la prohibición del velo integral en espacios públicos en una iniciativa aprobada con apoyo de CiU, pero que Mariano Rajoy olvidó cuando llegó al poder.
En el movimiento feminista persisten voces que abogan por la prohibición. Incluso aunque admitan que a algunas mujeres se les impedirá salir de casa si no pueden llevar velo, sostienen que no puede permitirse tal discriminación de género y transmitir el mensaje de que el cuerpo de la mujer es algo que debe ocultarse.
Sin embargo, la extrema derecha se ha apoderado de la medida para promover discursos islamófobos y fomentar la idea de una amenaza cultural, como ha ocurrido esta semana en el Parlament con Aliança Catalana. Su iniciativa ha arrastrado a Junts a explicar su posición también contraria al velo, aunque sin el ropaje retórico discriminatorio. Los alcaldes de Junts están preocupados por el avance de Silvia Orriols en zonas de Lleida y Girona.
La formación de Carles Puigdemont cree que no debe eludir asuntos espinosos si no quiere sucumbir ante la extrema derecha, pero en este caso solo ha logrado que la iniciativa de AC, que iba a ser rechazada sin pena ni gloria, adquiriera más relieve. Una vez más, se ha abierto un debate abocado a un callejón sin salida. No hay ninguna iniciativa legal viable sobre este asunto y la excusa de Junts de hacerlo a través de la delegación de competencias en inmigración difícilmente puede prosperar si se considera que parte de una discriminación por origen. No es extraño que Orriols se regodeara en el Parlament: “Bienvenidos a la extrema derecha”.
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El catalán en la UE
Momento crítico para el PSOE y Junts
Se acerca un momento crucial en las relaciones entre el PSOE y Junts. El martes los países de la UE votarán en el Consejo de Asuntos Generales sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión. Se necesita unanimidad y la moneda puede caer de un lado o del otro. Incluso podría lograrse un reconocimiento a medias. Todo está abierto y el PP está presionando a fondo para impedirlo, alegando, por ejemplo, que no se hará cargo del coste si llega a gobernar. Para Puigdemont, es una condición importante para apoyar al PSOE, aunque no se prevé una ruptura de las relaciones si no se consigue
En el Ayuntamiento de Barcelona
La dificultad de pactar entre Junts y el PSC
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el jefe de filas de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Martí, habían acercado posiciones para flexibilizar la norma que obliga a reservar un 30% de vivienda social en las promociones privadas. Pero el posible acuerdo está topando con posiciones en contra dentro de la dirección de Junts por parte de quienes consideran que no se debe pactar con los socialistas en Catalunya, ni con Salvador Illa ni con Jaume Collboni. De hecho, Carles Puigdemont abandera la confrontación con el PSC ante la insistencia de Illa en hablar de normalización en Catalunya.
