Hace justo un año el expresident Carles Puigdemont reapareció en Barcelona durante unos minutos, pronunció un discurso en un escenario en Arc de Triomf y se esfumó sin dejar más rastro que un coche blanco que ni siquiera fue correctamente identificado en un primer momento. Era el día elegido para el debate de investidura Salvador Illa y el líder de Junts, que era el candidato de su partido a la presidencia de la Generalitat en los comicios de mayo, había asegurado en los meses previos que estaría presente en el hemiciclo, tanto si él era el candidato como si lo era otro.
En sus cálculos entraba la aprobación de la ley de Amnistía, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado a mediados de junio del 2024. Pero aquel día, el 8 de agosto, el Tribunal Supremo ya había dejado claro que, de entrada, no tendría en cuenta el olvido penal en su caso al considerar que no cumplía los requisitos relativos al delito de malversación.
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Así pues, la situación de Puigdemont hoy y hace un año es la misma, aunque ahora ha recuperado la presidencia de Junts tras el congreso del pasado otoño. El expresident sigue pendiente de que se le aplique la ley de Amnistía y que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su caso particular. En una primera sentencia el órgano de garantías ya firmó en junio, dividido, que la ley cumple con la legalidad. Sin embargo, no ha resuelto los recursos de amparo de los dirigentes independentistas que no se han visto beneficiados: Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín.
En el primer pleno de septiembre el Constitucional tomará una decisión sobre las medidas cautelares que se le piden, sobre la orden de detención nacional que pesa sobre ellos, antes de resolver el recurso. Si se revoca esa orden, tal y como exigen los dirigentes soberanistas, podrían volver a España sin ser detenidos. Si los magistrados no fallan a su favor queda otra carta, la justicia europea.
Así las cosas, todo parece indicar que en los próximos meses se despejarán las incógnitas y que se aclarará al fin el horizonte del líder de JxCat. Por ello, en su partido empieza a debatirse qué rol debe tener el expresident si regresa. Durante la campaña del 12-M se daba por hecho que no ocuparía el puesto de jefe de la oposición, una figura vacante en esta legislatura, a la que los posconvergentes, de momento, renuncian. Hay voces que opinan que, llegado el caso, no estará en el Parlament y que puede tener otro papel. En cualquier caso, no hay nada firme.
El Tribunal Constitucional decidirá en septiembre si deja sin efecto su orden de detención
Hoy en Junts defienden que el retorno fugaz de su líder hace un año evidenció que no había “normalidad institucional ni democrática”, una suerte de mantra que repiten los portavoces del partido desde hace meses. “Había una ley de Amnistía en vigor y aun así iban a detenerlo y hoy sigue todo igual”, sostienen fuentes consultadas, que añaden que ahora, a toro pasado, se ha visto que la decisión de regresar a Waterloo fue certera. “Todo este tiempo hubiera estado en prisión, aunque la amnistía esté aprobada”, aseveran estas fuentes.
Lo cierto es que la maniobra de Puigdemont provocó también criticas de algunos sectores de su partido, que lamentan que el expresident dejara retratada a la policía de la Generalitat, a los Mossos d’Esquadra, que habían ganado mucho prestigió con su actuación durante los atentados de Barcelona y Cambrils del 2017.
En las semanas previas al 8 de agosto, Puigdemont, más allá de prometer su regreso, había afirmado que no se dejaría detener fácilmente –aunque se daba por hecho que ese era su destino– y así lo explicitó en TV3 el 6 de agosto el secretario general de JxCat, Jordi Turull. En la campaña, además, había aseverado que no tenía la tentación de hacer una gamberrada y que no se le había pasado por la cabeza entrar a Catalunya, hacerse una foto y salir. Entrar sin ser interceptado no era un problema, tal y como se vio el año pasado. Por eso, tras las críticas que recibieron los Mossos por no detenerlo, hubo en JxCat quien censuró la maniobra de Puigdemont.
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La opción de regresar a Waterloo se había previsto en los días previos, y se acabó de confirmar cuando quedó claro que el expresident no llegaría ni siquiera a pisar el Parlament. En esa decisión también pesó el hecho de que la Catalunya del 2025 no es la misma que la del 2017 y de los años posteriores. La movilización del independentismo, ahora desunido, no pasa por su mejor momento.
Teniendo en cuenta todos esos elementos, fuentes consultadas defienden que la decisión de evadirse y regresar a Bélgica fue la mejor. “El paso por la prisión, con el contexto actual, no hubiera tenido ningún sentido”, apuntan estas fuentes, al tiempo que lamentan las críticas a los Mossos d’Esquadra por el operativo que se montó aquel día. “Se echa la culpa a los Mossos, pero los servicios de inteligencia que vigilan todos los movimientos de Puigdemont no detectaron que se había ido de Waterloo y que estuvo en Barcelona dos días”, remarcan desde Junts.
En JxCat no está claro cuál será el rol de su líder si el órgano de garantías permite su regreso este otoño
Asimismo, una fuente consultada subraya que las críticas deben dirigirse a la cúpula política de Interior –el exconseller Joan Ignasi Elena, el exjefe de los Mossos, Eduard Sallent, y quien fuera director general de la policía, Pere Ferrer–. “Se dejó en evidencia a la cúpula”, agrega esta fuente. “Todos tenían la responsabilidad de detenerlo si hay una orden, no es exclusiva de los Mossos, y en Arc de Triomf había más cuerpos”, concluye.
Un expresident sin escolta
El regreso de Carles Puigdemont el año pasado ha tenido, hasta la fecha, consecuencias para tres agentes de los Mossos d’Esquadra, a los que se acusa de colaborar con el expresident. Más allá de la investigación penal, la División de Asuntos Internos (DAI) les había suspendido de empleo y sueldo, pero vuelven a estar en activo mientras no haya una sentencia judicial, según informaron esta semana fuentes de la policía de la Generalitat. En estos últimos años la seguridad del líder de Junts, que pese a ser expresidente de la Generalitat no tiene escolta al estar fuera de España, corre a cargo de miembros de los Mossos y de otros cuerpos como los bomberos, que en sus días libres se prestan voluntarios para ese menester. Tras el acuerdo entre el PSOE y JxCat que facilitó la investidura de Pedro Sánchez en el 2023, Puigdemont, partícipe de las negociaciones, volvió al foco. Por ello, su seguridad, según denunciaron desde su oficina de expresidente, se vio más amenazada que de costumbre. Hubo cartas a la Conselleria d'Interior varias veces y se contactó con el Ministerio del Interior para que se permitiera que el expresident tenga escoltas fuera de España. El Gobierno, en algunas declaraciones públicas, abrió la puerta a esa posibilidad, pero finalmente se dio largas a la petición del líder posconvergente, que había remitido a los Mossos algunas amenazas en el pasado sin que eso haya tenido consecuencias.
