Alberto Núñez Feijóo firmó con los presidentes autonómicos de su partido el pasado fin de semana la llamada Declaración de Murcia. En ella se dedican varios párrafos a la inmigración. En un contexto en el que la extrema derecha suele prometer que expulsará a todos los extranjeros en situación irregular en España, el PP trata de hacer un ejercicio propositivo que en el mismo documento definen como equidistante al señalar que no está ni entre los que defienden “que entre quien quiera” (se supone que PSOE y el resto de la izquierda) ni los que sostienen que “hay que echarlos a todos” (en alusión a Vox).
La medida estrella, la que ha ocupado los titulares, no figura, sin embargo, en esa declaración. Se trata del llamado visado por puntos al que Feijóo aludió después, en su comparecencia ante los medios, y cuya idea amplió el partido al día siguiente. El texto firmado en Murcia es muy genérico, pero trata de transmitir la idea de que existe un descontrol fronterizo y una manga demasiado ancha en la concesión de ayudas a los inmigrantes, además de trasladar el mensaje de que es posible cribar la entrada de extranjeros para que solo accedan a la legalidad los más parecidos culturalmente a los españoles y el resto sería fácilmente repatriable. Ideas todas ellas que se resumen en la afirmación “tenemos derecho a decidir quién entra en nuestro país y con qué condiciones”.
Este tipo de declaraciones suele servir a los partidos para clarificar posiciones y unir diferentes voces en su seno ante temas que suscitan justo lo contrario, confusión de ideas y, sobre todo, diferencias entre líderes de una misma formación. Es lo mismo que hacía el PSOE en la cuestión territorial con declaraciones como la de Santillana o Granada cuando la irrupción del independentismo catalán tensó sus costuras internas. El auge de Vox, que ha situado la inmigración como principal banderín de enganche, como ocurre en otros países, obliga al PP a mover ficha. Pero el papel lo aguanta todo y una cosa son las generalidades que se recogen en este tipo de declaraciones y otra su aplicación práctica.
CiU ya propuso el visado por puntos justo cuando emergió con fuerza el partido ultra Plataforma per Catalunya
El visado por puntos existe en países de tradición anglosajona como Canadá (el primero en implantarlo), Reino Unido o Australia. No es la primera vez que aparece en el debate político en España. CiU lo defendió en 2006 por primera vez y recuperó la idea en 2010, justo en una época de auge de Plataforma per Catalunya, formación de ultraderecha que logró cierta implantación en poblaciones de arraigo político convergente como Vic. Allí, el alcalde Josep Maria Vila d’Abadal, de Unió y luego activista por la independencia, provocó polémica al prohibir el empadronamiento de inmigrantes irregulares. A Jordi Pujol siempre le preocupó la integración de la inmigración latinoamericana por considerar que evitaban el aprendizaje del catalán al disponer ya del español, pero en las zonas donde ganó terreno PxC o la actual Aliança Catalana existía, y aún es así, más migración de origen magrebí.
En los países donde está vigente el visado por puntos se establecen unas condiciones como el conocimiento del idioma (el inglés en los tres casos mencionados), de formación o se puntúa la juventud para obtener el permiso de trabajo. El problema es que tanto CiU en su día como ahora el PP lo plantean como si esa herramienta evitara la entrada de determinados inmigrantes. Según Feijóo, el visado por puntos permitirá la entrada “de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra, de quien conoce mejor nuestra cultura y de quien tiene mejor capacidad de integración”.
Los criterios que imponen otros países nada tienen que ver con las afinidades culturales ni la capacidad de integración, pero lo que se busca, dicho sin ambages, es transmitir la idea de que los latinoamericanos serán bienvenidos si tienen un contrato de trabajo y los africanos o determinados asiáticos, no. Caben dudas sobre si sería constitucional una distinción que resultar discriminatoria para quienes no profesan la religión católica, por ejemplo. Pero hay que subrayar que tampoco un sistema de visado por puntos evitaría la entrada de inmigración irregular, como no lo hace en Reino Unido a pesar del Brexit. Porque pudiera parecer erróneamente que es posible examinar a todo extranjero que llega a España con supuesta intención de quedarse.
El 94% de los inmigrantes accede por los aeropuertos y lo hace de forma legal, como turista, estudiante, empleado...
La propuesta del PP subraya la necesidad de aumentar los controles fronterizos, algo factible. De hecho, aunque las imágenes de los cayucos puedan dar la impresión de que son la principal vía de entrada, el 94% accede por los aeropuertos y lo hace de forma absolutamente legal, pasando por los correspondientes controles fronterizos y presentando el preceptivo visado cuando es obligatorio según el país de partida. Por tanto, se llega a España como turista, estudiante, empleado…, no como polizón, y después se puede caer en una situación de irregularidad. Cuando Isabel Díaz Ayuso acusa al Gobierno central de convertir Barajas en un coladero de inmigrantes tiene razón en señalar ésa como la puerta de entrada más grande, pero olvida que no es factible parar a cada uno de ellos y preguntarles sobre si tienen intención de quedarse incluso en situación irregular. Además, las leyes migratorias deben estar sujetas a la normativa de la UE.
En la Declaración de Murcia se reclama “garantizar retornos efectivos” de aquellas personas en situación irregular. Precisamente una de las cosas más difíciles de conseguir si no es con la aquiescencia de los países de origen. Tanto es así que Donald Trump está pagando alrededor de 10.000 dólares por persona devuelta a diversos países de África o Latinoamérica sin tener muy en cuenta si realmente ésos son sus orígenes, lo que supone una flagrante vulneración de derechos humanos. Asimismo, cuando el PP, o en este caso también Vox, subrayan que los delincuentes deben ser expulsados, evitan recordar que eso es algo que ya contempla la ley, pero que es un juez quien lo decide.
El PP es más sutil que Vox y sus “paguitas”, aunque menos del 20% de los beneficiarios del IMV son de origen extranjero
La mencionada declaración también hace una referencia a lo que Vox llama “las paguitas”. El PP es más sutil pero el mensaje que subyace es el mismo. Asegura que el cobro del Ingreso Mínimo Vital “debe ligarse a la búsqueda activa de empleo”. Aunque la norma para acceder al IMV ya contempla medidas para evitar que desincentive la búsqueda de un trabajo, el PP hace aquí una propuesta concreta a considerar, si bien hay que recordar que menos del 20% de los beneficiarios de esa prestación son de procedencia extranjera.
Por último, los populares se muestran favorables a endurecer los requisitos de acceso al permiso de residencia. Éste está basado en buena parte en el tiempo de permanencia en el país, y es cierto que se redujo recientemente de tres a dos años. En un enunciado más bien ambiguo, la Declaración de Murcia se limita a señalar que “la residencia de larga duración no puede depender solo del tiempo, sino del esfuerzo laboral y la capacidad de subsistencia”.
Lo de las llamadas regularizaciones masivas es un capítulo aparte, puesto que la normativa europea ha puesto trabas a ese tipo de operaciones. Felipe González hizo dos, con apoyo del PP. Aznar hizo tres en una época de bonanza económica. Lo pedían las patronales y convenía mucho a las arcas públicas. Zapatero hizo otra, con fuerte oposición del PP, que le acusó de “dar papeles para todos” y abonar “el efecto llamada”. Rajoy no tuvo necesidad de tomar una medida de este tipo, puesto que los migrantes que estaban en España se marcharon en su mayor parte a causa de la grave crisis económica. Y Pedro Sánchez no ha hecho ninguna: la situación económica lo recomendaría, pero el contexto político español y europeo lo desaconseja. Obsérvese la contradicción en los discursos que rechazan las regularizaciones y reclaman al mismo tiempo que los inmigrantes aporten a la caja común en lugar de cobrar ayudas.
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En definitiva, Feijóo ha situado la inmigración como uno de los elementos centrales de su discurso político, aparte de subrayar a diario los casos judiciales que atosigan al presidente del Gobierno. El PP busca una definición mayor en una materia delicada y compleja, algo que es de agradecer. El problema es que Vox se alimenta de un discurso que nada tiene que ver con regular la migración, sino con endosar todos los males a un colectivo concreto. Por eso, poco importa que Santiago Abascal prometa bloqueos navales, que el ejército controlará costas de otros países o que llenará aviones con destino a no se sabe qué países siguiendo la estela de Trump. Primero se crea el temor a la inmigración y luego se ofrecen recetas que solo será posible aplicar si la UE deja de ser lo que ha sido hasta ahora.
