El caso Montoro está atascado con la “ingente” cantidad de escritos y recursos interpuestos por las defensas de los 27 implicados, entre ellos el exministro de Hacienda. La Fiscalía Anticorrupción está dando respuesta a cada uno de ellos, que solicitan la nulidad de las actuaciones, la falta de competencia y otro tipo de argumentaciones. En su último escrito, al que ha tenido acceso Guyana Guardian, la fiscal de Anticorrupción niega las acusaciones vertidas por algunos de los letrados sobre que se trata de una causa política.
La representante del ministerio público encargada de este asunto, Carmen García Cerdá, defiende el origen de la causa, que fue la incautación de unos correos electrónicos en un asunto de un fraude vinculado a una empresa gasista y en el que apareció un mail sospechoso sobre la “vía directa” que tenía el despacho fiscalista Equipo Económico con el Ministerio de Cristóbal Montoro.
A partir de ese momento, los Mossos iniciaron una investigación por un posible tráfico de influencias para aprobar reformas legislativas entre el despacho y el ministro, que a su vez había sido fundador de la oficina de abogados.
“Es necesario dejar claro y sentado desde este momento que determinados correos electrónicos intervenidos por el Juzgado de Tarragona contra empresas gasistas que tenían en este municipio su sede, lo que revelaban no eran hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona que no entienden de ideología política alguna”, sostiene la Fiscalía.
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Con esta afirmación, la fiscal defiende la labor del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, a quien las defensas acusan de quedarse el caso Montoro por su repercusión política y mediática a pesar de no ser, a su juicio, competente.
García Cerdá defiende la competencia del juzgado porque aunque la investigación gire en torno a reformas legislativas supuestamente aprobadas por la influencia de Equipo Económico, las empresas beneficiadas serían gasistas con sede en Tarragona. La fiscal, por tanto, se opone enérgicamente a la acusación vertida contra el juez de su “pretendida arbitrariedad en su interés por asumir una causa que consideran de notorio cariz político y especial relevancia mediática”.
Anticorrupción también lamenta que algunas defensas afirmen “sin rubor alguno de la existencia de anomalías procesales sobradamente conocidas que revelan el especial interés del instructor en alejar el procedimiento de terceras personas por todos los medios”.
Para la fiscal, el objetivo de las defensas es empapelar el juzgado con una “ingente” cantidad de escritos y recursos para lograr la nulidad de las actuaciones. Lo cierto es que desde que levantó el secreto de sumario a mediados del mes de julio, tras siete años bajo secreto, el juez no ha podido llevar a cabo ninguna diligencia a la espera de que se entreguen todos los recursos contra lo actuado hasta ese momento.
Nuevos pasos para el año que viene
Las defensas tienen de plazo hasta el 21 de diciembre para presentar sus escritos. A partir de ese momento, Rus resolverá sobre la competencia y nulidades varias. Si acepta seguir adelante con la causa, el siguiente paso será las citaciones en calidad de investigados de Montoro, gran parte de su equipo en Hacienda y los máximos responsables de Equipo Económico.
En otro escrito previo, la fiscal ya tuvo que salir en defensa de los Mossos d’Esquadra en su investigación sobre esta trama supuestamente liderada por Montoro para aprobar reformas legislativas ad hoc.
Un “hallazgo casual” aparecido durante el registro en el 2018 de una empresa gasista a la que se investigaba por un fraude provocó el inicio de una nueva investigación que ha acabado salpicando a toda la excúpula de Hacienda.
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El e-mail en cuestión era de una cuenta corporativa del director técnico de la empresa Messer Ibérica en que decía que “la vía directa es pagar a Equipo Económico (EE), que tiene contacto directo con el ministro” para un intento de lograr una modificación legislativa.
EE era el despacho que originariamente fundó Montoro cuando salió de la política tras la presidencia de José María Aznar. Cuando volvió a la política dejó el despacho, pero sus socios siguieron en él. De hecho, la investigación recoge las conexiones que existen entre EE y el propio ministerio, adonde Montoro se llevó como jefe de gabinete a Felipe Martínez Rico, hermano del presidente ejecutivo del despacho.
Al igual que ha hecho ahora con el juez, García Cerdá se opuso hace unos meses al intento de las defensas de los investigados de anular toda la causa porque los Mossos actuaron, según estas, de manera irregular.
Uno de los argumentos de las defensas es que hubo una extralimitación por parte de los investigadores al comunicar al juez un “hallazgo casual” en el registro de la empresa Messer, lo que provocó el inicio de una investigación paralela que ha acabado con la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, gran parte de la cúpula del ministerio y los responsables de EE.
