Sánchez intenta recoser sus alianzas
Sin permiso
Todas las encuestas arrojan una mayoría contundente del PP y Vox. Aunque en el año que falta para las elecciones generales puede surgir cualquier cisne negro que altere esa tendencia, el planteamiento de Pedro Sánchez para encarar la gran batalla es erigirse en la resistencia ante el avance de la ultraderecha. Ya lo apuntó en su discurso de investidura de 2023, cuando llamó a edificar “un muro de democracia, convivencia y tolerancia” contra los “ataques recurrentes a los valores de la España democrática”. La referencia a levantar un muro ha sido utilizada por el PP para reprochar al presidente que pretenda dividir a los españoles y lo cierto es que Sánchez ha evitado después recurrir a ese término. Pero la estrategia es la misma, convertirse en el eje de contención frente al “bloque de la involución” (dando por descontado que el PP será “absorbido” por la agenda de Vox). Le ha ayudado la deriva autoritaria de Donald Trump, pero lo más difícil para el PSOE para sostener ese discurso es ofrecer un “bloque democrático” alternativo.
Derechos y libertades, cambio climático y justicia social son los ejes del discurso del Gobierno, que contrapone al negacionismo, recortes de los servicios públicos y privatizaciones que atribuye a sus rivales. Pero por el camino se cruza la cruda realidad, como la tragedia de Adamuz y Gelida o el desastre de Rodalies. El Ejecutivo hace campaña con la defensa de los servicios públicos, gracias a que muchos de los fallos pueden atribuirse a las comunidades autónomas, por ejemplo, en materia de sanidad. Sin embargo, hay otros casos, como el de la vivienda que, siendo competencia autonómica, el Gobierno ha tenido que asumir un mayor protagonismo, a través de un ministerio específico, al comprobar que los ciudadanos lo culpaban de inacción en un asunto que constituye una de las principales preocupaciones de los españoles. La vivienda no puede reportarle a Sánchez resultados rápidos y, para colmo, provoca disensiones en el seno de la coalición. En la Moncloa consideran que las críticas por parte de Sumar a la ministra de Vivienda solo refuerzan la idea de que el Gobierno no hace los deberes en esta materia. Pese a ese malestar interno, lo más probable es que el decreto que anunció Sánchez nada más volver de las fiestas navideñas para aprobar beneficios fiscales a los caseros que bajen el alquiler se renegocie con Sumar en las próximas semanas.
El Gobierno no tenía claro regularizar inmigrantes por el rechazo en parte de sus votantes
El Gobierno tampoco tuvo claro desde el principio la regularización de inmigrantes que acaba de anunciar. Es más, en el PSOE se han resistido durante bastante tiempo a esta reclamación, que parte de una iniciativa legislativa popular que entró en las Cortes hace dos años. Un tercio de los votantes socialistas considera que hay demasiados inmigrantes en España, según el CIS. El discurso contra ese fenómeno está cada vez más extendido y no solo cala entre los electores de la derecha, sino también en muchos barrios de tradicional voto de izquierdas. Y eso que la inhumana actuación de Trump en este ámbito ha propiciado un cierto respiro para que el Gobierno defienda la regularización, aunque evita ondearla como bandera electoral, como se aprecia en la campaña de los comicios de Aragón. Al final, en la Moncloa han considerado que pueden permitirse ese riesgo para mantener la relación con Podemos, que exigía esa medida.
Sánchez impuso desde la Navidad la tarea de recoser las relaciones con los aliados que le dieron la investidura. Con Bildu acordó la prórroga del escudo social, con el PNV se han cerrado transferencias como la gestión de las prestaciones por desempleo, con ERC la financiación y ahora con Podemos, la regularización de inmigrantes. Este último paso abre además la puerta a cumplir con una de las condiciones de Junts para recuperar el diálogo, formalmente roto, que es la delegación de las competencias en inmigración a Catalunya. Mientras, el Gobierno tratará de publicar las balanzas fiscales, que si no se han desvelado todavía es porque existe un desacuerdo entre Hacienda y Junts sobre su cálculo y el resultado. Todo a la espera de que, entre marzo y abril, el Tribunal Constitucional pueda dar luz verde a la aplicación de la ley de amnistía y se produzca el retorno de Carles Puigdemont.
Todos los aliados son necesarios para intentar la aprobación de los Presupuestos, aunque el trabajo de recoser las relaciones no se hace solo por eso. De hecho, en la Moncloa hay pocas esperanzas de lograr ese objetivo, aunque se les pondrá difícil decir que no, en especial a Podemos y Junts, los más complicados de convencer. En el Gobierno se conforman con poder presentar las cuentas en febrero y abrir un diálogo. Si, como es probable, Sánchez no logra aprobarlos, el PSOE lo presentará como la base de su programa para las generales.
Para el presidente, erigirse en líder del “bloque democrático” exige que esos partidos de izquierda y los nacionalistas/independentistas que le llevaron a la presidencia se mantengan en su órbita. La tarea resultará más compleja conforme nos acerquemos al final de la legislatura, puesto que todos querrán marcar un perfil propio. En ese esquema, el flanco más inestable es Junts. A pesar de que ese partido no puede propiciar la llegada de un Gobierno del PP con Vox de la mano porque su electorado no lo entendería, para Puigdemont el discurso de la alianza para frenar a la ultraderecha no le resulta atractivo puesto que siempre ha defendido que la falta de democracia es inherente al Estado español, gobierne el PSOE o el PP. Para Sánchez, sin todos ellos, el relato del “bloque democrático” contra “el bloque de la involución” tiene menos credibilidad.
