La diversidad de fuerzas representadas en el Parlament hace casi imposible que todas coincidan en cualquier tema. En la actualidad, esto no se practica ni se fomenta. Pero lo casi imposible no lo convierte de inmediato en inviable. Este martes se ha podido constatar con el inicio en el Parlament del debate monográfico sobre la crisis del estado del bienestar en Cataluña, impulsado por Junts.
Existe una valoración unánime en la Cámara catalana: el estado del bienestar padece un fallo estructural que repercute en la vida diaria de los ciudadanos. No obstante, este acuerdo se desvanece cuando las agrupaciones debaten sobre los motivos de tal declive, sus efectos y las acciones para corregirlo. En ese punto emergen las divisiones ideológicas y se hacen patentes las visiones contrapuestas entre las formaciones de izquierdas y las de derechas.
En calidad de impulsor de la propuesta, JxCat ha pretendido recalcar que “el ascensor social se ha estropeado” y que “la cultura del esfuerzo ya no es sinónimo de recompensa”. Por este motivo, ha reprochado al Govern que sea “inepto” por mostrarse “incapaz” al trasladar los positivos registros macroeconómicos de Catalunya —un aspecto que todos admiten— hacia la esfera microeconómica. En otras palabras, que no se percibe en la economía de los ciudadanos. El Executiu concede que la desigualdad permanece como el principal reto a combatir, pero ha usado la oportunidad para defender el nuevo esquema de financiación como “una gran oportunidad” para obtener los medios que “fortalezcan el estado del bienestar”.
Al respecto, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha solicitado nuevamente “unidad” ante el Parlament para respaldar este esquema inédito mediante el cual “habrá 4.700 millones que tienen que servir para muscular los servicios públicos”. Dalmau ha reconocido que “la buena marcha de la economía no llega a todo el mundo” y que la prioridad del Govern es que se produzca “prosperidad” -objetivo que se está alcanzando- pero que resulte “compartida”.
“Somos conscientes de la realidad, crecemos económicamente pero sabemos que hay una desigualdad demasiado alta. No queremos vender una imagen triunfalista, pero tampoco que sea demasiado gris el panorama”, ha añadido el titular de la Presidència. El conseller ha apuntado a un crecimiento poblacional que no se ha visto reflejado en la redimensión de los servicios o de las infraestructuras, al impacto de la crisis económica, a la infrafinanciación y a la “falta de grandes acuerdos de país” como algunas de las razones que explican la situación actual.
A este planteamiento se ha adherido la titular de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, quien ha defendido que “el estado del bienestar no se ha adaptado con suficiente rapidez para rellenar las brechas que se han generado”. Específicamente ha apuntado que el encarecimiento de la vida, la pobreza entre los trabajadores y que existan grupos a los que “no les llega” este modelo de bienestar evidencian las deficiencias del sistema, una dinámica negativa que “viene de lejos”.
Sin embargo, Mònica Sales, quien preside Junts en el Parlament, ha reprochado al Govern su administración mediante “incompetencia mayúscula” y “normalizar la dependencia con el Estado”. Según la formación posconvergente, la “avería del ascensor social es premeditada y programada” debido al “déficit fiscal” se estima en 22.000 millones. Durante su intervención, Salvador Vergés, portavoz de JxCat, ha propuesto una reducción impositiva en la cuota autonómica del IRPF o aplicar una bonificación del 99% en el tributo de sucesiones: “Bajar impuestos da aire a ciudadanos y empresas”.
El PP, Vox y Aliança Catalana también han criticado la fiscalidad en Catalunya y la han presentado como uno de los factores que “castiga y empobrece” a las clases medias, llevándolas a la “desaparición”. La cuestión tributaria es la que mejor refleja la brecha entre las izquierdas y las derechas. El Govern ha respondido a esta postura afirmando que “si se quiere reforzar los servicios públicos, eso es incompatible con bajar la fiscalidad porque los números no cuadran”. “Bajar los impuestos o renunciar a 4.700 millones adicionales al año no reducirá la desigualdad”, ha señalado Martínez Bravo.
Por su parte, Jordi Albert, portavoz adjunto de Esquerra Republicana, ha impulsado precisamente un aumento de los tributos “a quien gana más” y ha respaldado un “cambio en el modelo productivo” para “combatir” la desigualdad. Albert ha entrado en conflicto con Junts al cuestionarles por proponer un salario mínimo catalán de referencia por ley: “Saben que por ley es imposible de aplicar. De tantos unicornios que hay en el cielo no se ve el sol. Lo que necesitamos es el traspaso de la competencia”.
Por parte del PP, el parlamentario Hugo Manchón ha puesto el foco en la oportunidad de la discusión, si bien ha comentado con sarcasmo que Junts haya sido quien lo ha presentado: “Ustedes son cooperadores necesarios de la decadencia que vive Catalunya”. “Han convertido Catalunya en una fábrica de miseria, se pagan más impuestos que nunca y los servicios se caen a pedazos”, ha recriminado.
De forma semejante se ha manifestado Joan Garriga, portavoz de Vox, si bien ha incrementado el nivel de responsabilidad al “bipartidismo y separatismo” por la “desaparición” del estado del bienestar. El grupo de extrema derecha también ha subrayado que una de las razones de esto es la “sustitución demográfica” que ejecutan los gobiernos: “Han cortado los cables del ascensor social”.
Por otro lado, David Cid ha calificado de “intento de vacile” el planteamiento de JxCat al propugnar una remuneración mínima catalana de 1.400 euros “mientras la semana pasada votaron en contra de una resolución que defendía la subida del SMI a 1.221 euros”. Cid ha denominado como el “tripartito de la patronal” a los posconvergentes, al PP y a Vox puesto que “siempre votan en contra de cualquier medida que sea un avance para los trabajadores”. Además, ha arremetido contra el hecho de que la formación de Carles Puigdemont busque “seguir la doctrina Ayuso” y que Catalunya resulte “la Andorra del sur”.
La CUP se ha alejado de la terminología del ascensor social. Laure Vega, su diputada, ha asegurado que ese elevador “no ha existido nunca en Catalunya” y ha señalado que tradicionalmente han concurrido “desigualdad de oportunidades” según el estrato social.
Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, ha afirmado que “el estado del bienestar se ha convertido en el estado de los disparates” debido a “las políticas de extrema izquierda llevan hacia la ruina”. La alcaldesa de Ripoll ha utilizado su intervención para reprender a Junts por “eluda su parte de responsabilidad” de un modelo de “cronificación de la precariedad”. Además, Orriols considera que los posconvergentes “presumen de ser decisivos” aunque “no han sacado nada del cheque en blanco” a Pedro Sánchez.
Al finalizar la sesión de este martes, cada formación ha presentado cinco iniciativas de resolución compuestas por tres puntos cada una. Las mismas se votarán el jueves que viene por la tarde y se desarrollará una breve discusión sobre el tema.
