Caso Flecha: la UB traslada a la Fiscalía indicios de delitos “muy graves” y expedienta a dos profesores de CREA
Investigación sin precedentes
La universidad se personará como acusación particular si el fiscal presenta denuncia o querella contra los denunciados
El catedrático de Sociología Ramón Flecha
La Universitat de Barcelona (UB) ha decidido ir a por todas en el caso del catedrático de la UB, Ramón Flecha, y su entorno, acusados por 16 denunciantes de abuso sexual y laboral durante treinta años. Ayer, trasladó a la Fiscalía Provincial de Barcelona delitos “muy graves” que encajan en la posible existencia de “un grupo coercitivo de alto control”, presuntamente cometidos por este profesor y otros miembros del grupo CREA.
La comisión de expertos que ha investigado este caso desde el mes de septiembre, a instancias del rector de la UB, Joan Guàrdia, quiso trasladar a este un informe preliminar después de escuchar la declaración de once denunciantes que han dibujado, reiteradamente el mismo patrón de supuesta coerción. Las investigaciones continuarán y se recogerán el resto de declaraciones de las denunciantes (cinco más), el de los denunciados así como otras pruebas contrastadas.
En un comunicado, el campus señala específicamente que “los hechos enmarcados en el grupo CREA que los declarantes han relatado delante de expertos son muy graves: podrían ser constitutivos de conductas de coerción sexual, coerción psicológica, maltrato, explotación personal y profesional, así como conductas vejatorias e intimidatorias, que podrían encajar en la posible existencia de un grupo coercitivo de alto control”.
UB
“Los hechos enmarcados en el grupo CREA que los declarantes han relatado delante de expertos son muy graves”
El fiscal, si admite el caso, puede trasladar el informe de los expertos directamente al juez. Si a la luz del informe de la UB el fiscal decide presentar una denuncia o una querella, esta entidad ha anunciado que se personará en la causa como acusación particular, algo que no hizo en 2004 y 2016.
El rector ha resuelto también medidas de carácter administrativo, después de que las denunciantes hayan apuntado a docentes de la UB, miembros de la cúpula, con destacado papel en el funcionamiento “sistematizado y predefinido” de conductas delictivas y la utilización de la institución en beneficio del grupo.
La fiabilidad de los relatos
El informe de la comisión de expertos, formado por tres especialistas con formación específica en violencia de género y acoso institucional, que fue librado al rector el pasado 19 de diciembre, contiene dos anexos importantes que apuntalan su contenido, según fuentes de la UB. Por un lado, una valoración pericial psicológica de la fiabilidad de los relatos de los denunciantes. Por otro, un informe penal para valorar la relevancia jurídica de los hechos. A partir de este dossier, la Fiscalía podría admitir todo o un parte de las posibles denuncias expuestas. O ninguna. En el caso de que no trate algún aspecto (integridad académica, por ejemplo) la UB continuaría con la investigación. En relación a ello, la universidad adoptará medidas cautelares para evitar que méritos académicos y profesionales vinculados a CREA entren en procesos de selección de profesorado.
Estas medidas afectan a cuatro personas de dos departamentos, el de Sociología y el de Educación. En primer lugar, Ramón Flecha, al que se prorroga la suspensión de la condición de emérito. En segundo lugar, una persona catedrática jubilada a la que se le retira la condición de “honoraria”. Finalmente, dos profesoras a las que se les incoa un expediente disciplinario que comporta suspensión de empleo durante seis meses, prorrogables y ampliables. Estos docentes perderán sus cargos representativos si los tuvieren lo que abriría un nuevo proceso de elección interno en su departamento.
Este diario entrevistó a nueve presuntas víctimas de CREA que apuntaban reiteradamente a tres mujeres en la cúpula del grupo que estaban a las órdenes de Ramón Flecha. Marta Soler, directora de CREA y jefa del departamento de Sociología; Lidia Puigvert, coordinadora del programa de doctorado; y Rosa Valls, catedrática recientemente jubilada del departamento de Educación.
La UB ha informado a otras universidades con miembros de CREA del proceso emprendido
Otra medida interna apunta a la vigilancia de los procesos de selección de plazas en los que participen miembros vinculados al grupo CREA, con el objetivo de garantizar los principios de concurrencia, imparcialidad y objetividad de estos procedimientos.
Finalmente, la UB ha notificado a otras universidades con miembros de esta comunidad del proceso emprendido por si consideran necesario tomar medidas. Estas entidades, si así lo recomendaran sus servicios jurídicos, podrían sumarse a la causa.
CREA ha contestado a través de la plataforma X con un comunicado titulado: “Buena noticia”. En el mismo, se afirma que, a partir de ahora, podrá defenderse de “las acusaciones anónimas que no hemos recibido directamente y por tanto no las conocemos, solo sabemos que dicen los medios”. Alega que tiene pruebas documentales y testificales que aún no ha podido mostrar a la UB, pero que lo harán en fiscalía o en el juzgado. Defiende también el papel del grupo como defensor de víctimas a las que la prensa no ha dado voz.
Una de las abogadas de los 16 denunciantes de la UB, Violeta Assiego, considera que la resolución de la UB es un avance muy importante ya que empieza a hacerse justicia para sus clientas y para las presuntas víctimas de décadas anteriores. A su juicio, la decisión se ha tomado en base unas diligencias que se han llevado a cabo de forma rigurosa y exhaustiva, “teniendo presente el tema de género que atraviesa la manera de actuar del grupo.
Comunicado de CREA
El grupo CREA ha publicado un comunicado en la plataforma X señalando que es una “buena noticia” el hecho de que el caso esté en manos de la fiscalía porque eso permitirá que salgan a la luz las pruebas que tiene sobre su inocencia. Reproducimos a continuación el contenido íntegro del comunicado “La UB ha decidido por fin enviar a fiscalía las acusaciones anónimas que no hemos recibido directamente y por tanto no las conocemos, solo sabemos lo que dicen los medios. En ningún momento hemos podido presentar ninguno de los abundantes documentos que probarían la falsedad de las declaraciones efectuadas por las acusadoras anónimas. No era una obligación legal de la UB escuchar nuestras voces ni la de la abogacía que nos representa. Muchas personas dan por supuesto que se han valorado nuestras pruebas y testimonios; no es así. Por esa razón, el envío a fiscalía o su reenvío al juzgado si se produce, es una garantía de que quienes nos acusan lo hagan en la instancia que corresponde y que por fin podamos presentar nuestras pruebas y testimonios.
Es la tercera vez que estamos en esta situación. En el 2004 y en el 2016 también se hicieron acusaciones contra el CREA que la UB envió a fiscalía y se archivaron.
Los criterios científicos internacionales dejan muy claro que no se puede superar la violencia de género sin erradicar la violencia aisladora contra quienes apoyamos a las víctimas. Hasta ahora, los medios no han dado voz a las víctimas que presentaron denuncias con nombres y apellidos y a las cuales siempre hemos apoyado, antes de que se presentaran acusaciones contra el CREA. Confiamos en que los medios actúen con profesionalidad y que la ciudadanía busque las fuentes fiables de los hechos evitando el sensacionalismo.
Continuamos centrándonos en el trabajo científico excelente que tiene impacto social, que mejora la sociedad y las vidas de todas sus personas sin exclusión”.
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