Esta es la historia de Lourditas, el primer pulpo hembra nacido en un tanque de acuicultura, ya con tataranietos adultos que a su vez han sido padres. Es también la historia de unas criaturas singulares y muy inteligentes, los ejemplares de un molusco cefalópodo octópodo, el pulpo común o pulpo de roca (Octopus vulgaris), cuya capacidad de sentir y de sufrir ha llegado hasta el Parlamento en un mar de debates éticos.
Pero para conocer a Lourditas y los suyos hay que viajar en el tiempo. La ley española de cultivos marinos se aprobó en 1984 sin pena ni gloria (Felipe González era entonces el presidente de Gobierno). La norma quería regular “la maricultura”. Todo empezó con las bateas de mejillones, en las que España es una superpotencia, pero la inclusión en la acuicultura de cada vez más especies obligó a una regulación mucho más amplia.
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Así nació la ley 23/1984, de 25 de junio. “Los cultivos marinos no representan en España una competencia para la pesca extractiva, sino un simple complemento de gran valor en una época en que empieza a escasear a escala mundial la disponibilidad de proteínas”, decía la norma. Su aspecto más controvertido tardó muchos años en salir a flote, aunque aparecía a las primeras de cambio: apartado f del artículo dos.
Dice ese párrafo que las criaturas sujetas a la ley son “las pertenecientes a la fauna y flora que de forma permanente o temporal viven en el mar o que puedan ser cultivadas en aguas marinas o salobres”. Al margen de esa curiosa vida “de forma permanente o temporal”, la falta de precisión del legislador no llamó la atención de nadie hasta el 2021, cuando Pescanova anunció su intención de crear una granja de pulpos.
Cualquier norma medioambiental responsable debería descartar la explotación acuícola de los pulpos”
La empresa, que ahora se llama Nueva Pescanova, es uno de los mayores productores mundiales de camarón patiblanco o langostino vannamei (60.000 toneladas cada año en sus plantas de Nicaragua, Ecuador y Guatemala) y llegó a ser uno de los mayores productores mundiales de rodaballo, aunque su piscifactoría se trasladó a Portugal, donde superó una quiebra y hoy es una iniciativa saneada y viable, pero ya ajena al grupo gallego. Su próximo objetivo será el pulpo.
La compañía inauguró en el 2021 en O Grove, Pontevedra, Biomarine Center, el primer centro privado de investigación en acuicultura en España. Con una inversión inicial de casi ocho millones de euros, este centro busca posicionarse “a la vanguardia de la investigación acuícola mundial”, en la que, subraya, hay mucho margen de mejora: “De las 250.000 especies marinas que existen, solo se sabe producir en acuicultura 580”.
Video sobre la inteligencia de un pulpo
Uno de los ejes de Biomarine es la cría de Octopus vulgaris. Hasta hace poco las granjas de pulpos, como las llaman los ecologistas, eran poco rentables porque su reproducción en cautividad parecía una quimera: la única opción era capturar ejemplares jóvenes, confinarlos y esperar a que engordaran (para que un pulpo de un kilo alcance un tamaño óptimo de tres kilos han de pasar entre ocho y quince meses).
Investigadores españoles han logrado el hito de completar el ciclo de reproducción de esta especie en acuicultura. La primera criatura que vino al mundo en las instalaciones de O Grove, que pudo crecer y ser madre fue Lourditas. Después de morir (los Octopus vulgaris no son muy longevos y su esperanza de vida no suele sobrepasar los dos años) Lourditas tuvo tataranietos que también llegaron a la madurez sexual y fueron padres.
Un ejemplar capturado
Nueva Pescanova esperaba comercializar “los primeros pulpos nacidos en acuicultura del mundo en el 2022”, pero su granja en el puerto de Las Palmas aún no es una realidad. “De momento, no hay novedades, el proyecto sigue su curso administrativo”, dice la empresa. Sumar, ERC y el Grupo Mixto se han hecho eco de las dudas éticas y han presentado una proposición de ley “para la prohibición de la acuicultura con pulpos en España”.
La proposición (que se puede leer aquí) sostiene que “la cría y explotación de pulpos en cautividad supone el maltrato directo de un animal salvaje muy inteligente y con capacidad de sufrimiento, de manera que es imposible su uso en acuicultura sin provocarle daños y sufrimiento”. Este párrafo reproduce las palabras de Intercids, una plataforma jurídica de la que ya hablamos a raíz de los avances en bienestar animal de Suiza.
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Nadie cuestiona la pesca extractiva de estos cefalópodos. Ni la citada entidad animalista (integrada por jueces, fiscales, abogados, procuradores, agentes forestales y policías, entre otros profesionales) ni los políticos que se han hecho eco de sus denuncias y preocupaciones. Pero sí se discute la idoneidad de su cría en cautividad. Y no se hace por sentimentalismo, sino por una cuestión académica y apelando a la literatura científica.
“Los estudios científicos sobre los pulpos han revelado –dice la proposición de ley 122/000202– que son animales con una gran complejidad cognitiva y conductual, memoria, curiosidad y capacidad para explorar, utilizar instrumentos, resolver problemas complejos, planificar y anticiparse. Tienen un desarrollado sistema nervioso y pueden padecer dolor físico y emocional: son capaces de sufrir y de recordar ese sufrimiento”.
¿Qué dicen los documentales?Unas criaturas maravillosas
Además, agrega el texto legal, aún pendiente de debate, son seres únicos y de naturaleza solitaria “y su cría y mantenimiento en cautividad son incompatibles con sus necesidades, tanto por la carencia de un entorno sin estímulos como por el riesgo de sufrir lesiones y enfermedades”. De hecho, se ha documentado que “en situaciones de confinamiento y hacinamiento se automutilan o se agreden entre ellos”.
El debate está sobre la mesa. Una ley de hace más de 40 años ya dijo que “los cultivos marinos representan para España un fuerte potencial de producción que puede ayudar en buena medida a cubrir nuestra demanda de pescado y mariscos y, consecuentemente, a disminuir nuestros gastos de divisas, así como a crear nuevas empresas”. Pero ¿es la cría de pulpos “inevitablemente cruel”, como sostiene la propuesta para reformar la ley? Y, si es así, ¿qué hacer? ¿Negocio o ética?
