El motín del tapón de la botella

'NEWSLETTER' DINERO

Iberdrola, Santander, Repsol, la CNMV, Illa o el Banco de España cargan contra la burocracia. Y Bruselas reacciona

Las claves empresariales de la semana, en tu buzón cada viernes

Érase un tapón a una botella pegado

Érase un tapón a una botella pegado

You Tube

En estos días de compulsivas comparaciones históricas, vamos a forzar una más, una que asocia el motín de Esquilache con los tapones pegados a la botella de plástico. ¿A que esto no se lo esperaban? Aquel motín fue uno de los episodios que han marcado nuestra psicología colectiva, o como se llame eso que tenemos en común. Recordemos lo ocurrido. En su afán reformador, un ministro italiano de Carlos III, el marqués de Esquilache, prohibió las capas largas y los sombreros anchos con el argumento de que permitían ocultar el rostro y las armas, amén de resultar de un macarreo incompatible con los aires de modernidad de la corte. Al hacerlo, hirió el orgullo nacional (¿se puede usar esa palabra al hablar del siglo XVIII?) y ocasionó una revuelta a la que concurrieron los nobles, el clero y el pueblo. La reacción ante aquella innovación extranjerizante forjó un inquietante ensamblaje espiritual y estético entre las elites y el pueblo llano que aún perdura a través de la estética de los toros y los majos.

Todo esto viene a cuento de la necesidad de medir las batallas reformistas, sobre todo cuando tropiezan con el malestar de la población, que suele aglutinar voluntades en torno a estímulos simbólicos. Quizá la comparación es forzada, pero los tapones pegados a las botellas de plástico, esos de los que se quejaba hace unos meses Rajoy, se han convertido en el nuevo sombrero de tres picos de Esquilache. De un Esquilache asentado en Bruselas al que se le atribuye compulsión normativa y se culpa de todos los males. Allí donde algunos ven un tapón a una botella pegado, otros ven el origen de todos los males empresariales. Y Bruselas ha reaccionado.

Del meme al foro empresarial. La memecracia que estimula las emociones populares ha logrado trasladar a todos los rincones de la sociedad a través de estos tapones la queja que desde hace año repetían sin mucho éxito las empresas acerca del exceso de burocracia. Una vez más, un meme vale más que mil discursos. Aunque no lo crean, muchas personas abren ahora las botellas de plástico con fastidio, conectando su malestar con un mensaje que se multiplica en los foros empresariales acerca de la necesidad de reducir, agilizar y simplificar la regulación que asfixia la competitividad europea. Tapones aparte, la reivindicación no es estrafalaria. Llega desde todos los ámbitos, incluidos los celebrados informes Draghi y Letta --celebrados hasta el capítulo en el que se habla de emitir 800.000 millones de euros de deuda al año--, y también desde organismos oficiales.

Tres ejemplos institucionales. En esta entrevista con Manel Pérez y Elisenda Vallejo, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, lo deja claro: “Las empresas necesitan menos burocracia y más seguridad jurídica”. No es el primer organismo que incide en el asunto. Hace unos días, el nuevo presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, hablaba de “evitar la sobrerregulación” y aseguraba que la “simplificación regulatoria está para quedarse”. El plan de Illa para devolver a Catalunya al liderazgo económico de España (Make Catalunya Great Again in Spain) incluye una labor de “simplificación administrativa y normativa”, para lo que se ha creado una comisión ex profeso llamada Cetra (esto de las comisiones siempre ha despertado bostezos administrativos), informa Luis B. García.

Lee también

Otros temas de la 'newsletter' Dinero: El test de Rorschach de la opa BBVA-Sabadell

Iñaki de las Heras
Tercera lámina del test de Rorschach

En La Contra de La Vanguardia, Wolfgang Münchau, autor del libro Kaput. El fin del milagro alemán, decía lo siguiente hace unos días: “EE.UU. crea; China imita, y la UE regula. Somos campeones de la burocracia sin futuro”. Esta semana, por cierto, el presidente de Aena, Maurici Lucena, comentaba al presentar los resultados récord de la empresa que se halla enfrascado en el libro. La burocracia es un malestar que se repite país a país porque en Alemania Friedrich Merz ha ganado las elecciones con un programa en el que defiende entre otras cosas su reducción, cuenta aquí Mari Paz López.

El quejío llega desde todos los ámbitos. La burocracia es una queja recurrente de la automoción, especialmente de Volkswagen, Renault, Stellantis y Ford, que son los grandes grupos europeos y los que fabrican en España. Nótese que sin las subvenciones a la compra de coches eléctricos o a la producción a golpe de Pertes esta industria no levantaría cabeza. Sin embargo, las ayudas coexisten con la exigente hoja de ruta de Bruselas: este año se inician las multas por las emisiones de dióxido de carbono y en una década, en 2035, quedará prohibida la matriculación de coches de combustión, lo que a día de hoy se presenta como una quimera. Este año, sin ir más lejos, habría que duplicar las ventas de coches eléctricos, informa Noemi Navas. Mientras, las aerolíneas, con Iberia al frente en España, inauguran un nuevo frente contra las normas comunitarias que les obligan a incorporar porcentajes crecientes de combustible alternativo. Ya pronostican que la medida encarecerá los billetes de avión, asunto sensible para la noble aspiración popular de darse un viaje de vez en cuando y lucirlo en las redes sociales.

En esta entrevista, el director de inversiones de BNP Paribas WM, Edmund Shing, avisa de que el problema no es Estados Unidos, sino Europa, y aquí el director general de la asociación española de responsabilidad social (Dirse), Carlos Arango, explica que, habiendo demasiada regulación, la UE ya prepara un reglamento ómnibus para simplificar el embrollo regulatorio. La CEOE ha remitido esta semana una carta a Ursula von der Leyen para apoyar esta norma ómnibus y el esfuerzo de simplificación.

Horizontal

Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea 

OLIVIER HOSLET / EFE

Del 'Green Deal' al 'Clean Industrial Deal'. Pues bien, el Esquilache comunitario ha tomado nota. Bruselas es sensible y esta semana ha ofrecido su solución, informa Anna Buj. Se trata del Pacto Industrial Limpio, en el que incorpora la premisa de la competitividad industrial y se compromete a eliminar y simplificar la burocracia. Lo hace, eso sí, sin renunciar a las energías renovables y a la descarbonización de la economía. “Un panorama justo y competitivo en el que las empresas puedan prosperar”, dijo desde Amberes hace un par de días la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera.

La versión española puede hallarse por doquier. La burocracia es uno de los elementos más citados cuando se habla del problema de acceso a la vivienda y el escaso ritmo de construcción, en un momento en el que España necesita 850.000 inmuebles más protegidos para converger con la media europea, informa Fernando H. Valls. Aquí Julio Hurtado cuenta cómo la pugna entre el PP y el PSOE impide agilizar los trámites de construcción de viviendas.

En el ámbito de la energía, las empresas de renovables --Acciona Energía y Solaria están en el Ibex-- se quejan sobre todo de un particular suplicio al que llaman permitting, consistente en una gincana de cerca de tres años para lograr un punto de conexión, autorizaciones, declaraciones de impacto ambiental y permisos de comunidades autónomas y ayuntamientos. Todo ello, mientras el tiempo apremia si no quieren quedarse fuera de los incentivos obtenidos en subastas de renovables. Frente a esta carrera de obstáculos administrativos se cierne otro de los grandes debates energéticos, el de cierre de las centrales nucleares, sobre lo que ha escrito aquí un interesante reportaje Pilar Blázquez.

Estos días las empresas cotizadas presentan sus resultados anuales y algunas de ellas dejan deslizar sus mensajes contra la profusión burocrática. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, lleva tiempo quejándose de la enorme cantidad de normas, aunque esta semana su empresa ha reclamado lo contrario, una norma que castigue el greenwashing y, con ello, lo que considera prácticas desleales de su competidor Repsol. El propio presidente de Repsol, Antonio Brufau, se ha quejado también de la regulación “excesiva” y “compleja”. Mientras, la del Santander, Ana Botín, ha cargado con motivo de la presentación de resultados contra la regulación verde europea, que discrimina unos territorios frente a otros.

Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol

Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol

Oscar del Pozo / AFP

Al otro lado del Atlántico acecha el discurso extremista, presto a apropiarse de este terreno en su delirante batalla cultural. “No vivimos en una democracia, vivimos en una burocracia”, llegó a decir Elon Musk hace poco en su entrevista con Trump en la Fox. “La UE se hizo para fastidiarnos”, proclama el presidente de EE.UU. en esta información de Javier de la Sotilla sobre la delirante primera reunión de su gabinete. El año pasado, por cierto, Bruselas aprobó la primera ley del mundo sobre inteligencia artificial. Estas cosas ponen de los nervios a los broligarcas.

En fin, el motín de Esquilache inauguró una sensibilidad que alcanza nuestros días y que acabó de forjarse en la guerra de la independencia contra los franceses. En su rechazo a la corriente ilustradora que llegaba del norte, las elites hicieron suyas las costumbres del pueblo, y de ahí este ensamblaje emocional tan pegajoso (como la inflación) en torno a los toros, los majos y la estética de asaltador de caminos en Despeñaperros. Pocos años después del motín, en 1785, Carlos III prohibió las corridas de toros y acabó de unir, por pura reacción, a nobles y vasallos en torno a la tauromaquia. Así surgió este tipo de exaltación nacional. Un rey ilustrado rodeado de ministros extranjeros creó un símbolo aglutinador alrededor de un primitivo festejo en su afán de cancelarlo, por decirlo con palabras de ahora. ¿Qué es el toro en la bandera de España si no un aviso para esquilaches? Por cierto, esta estética se resiente últimamente en Madrid al quedar desplazada la elite más castiza por las grandes fortunas latinoamericanas y los brillos de las escuelas de negocio.

En cuanto a la UE, había empezado a bracear contra una corriente que cuestiona buena parte de su planteamiento verde y su frenesí regulatorio. Y ahora modula lo segundo sin renunciar a la ambición descarbonizadora. Corríamos el riesgo de que emitir dióxido de carbono, como las corridas de toros, acabase convertido en una señal de libertadora identidad. Acción y reacción. Lo que Mariano Guindal llama aquí La ley del péndulo. Ya lo dice la tercera ley de Newton, que más que de la física parece sacada de un tratado de política: “siempre que un objeto ejerza una fuerza en otro objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza igual frente la fuerza del primer objeto”.

Otras noticias de la semana

Horizontal

Marc Murtra, presidente de Telefónica 

Dani Duch / Propias

  • Arabia Saudí entra en el consejo de Telefónica. Olayan Alwetaid ha sido designado consejero dominical de la operadora, en representación de Saudi Telecom, que ya tiene el 9,9% de la compañía. Carlos Ocaña, el vocal en representación de la SEPI, será nuevo vicepresidente, informa Pilar Blázquez. Esta semana la empresa ha presentado resultados y vendido el negocio en Argentina.

  • Los jeques visten de Cortefiel. La familia real de Abu Dabi, a través de su vehículo inversor Multiply Group, ha cerrado la adquisición del 67,91% del capital de Tendam, el grupo textil propietario de Cortefiel y Springfield, a sus dos fondos propietarios, CVC y Pai, informa Noemi Navas.

  • Cae el presidente de Prisa Media por la tele. Carlos Núñez ha dejado la presidencia después de que el presidente y primer accionista de Prisa, Joseph Oughourlian, se mostrase en contra de su plan de optar a un canal de televisión, informa Eduardo Magallón.

  • Acuerdo de 120 millones entre Acciona y la Generalitat. El Govern y la empresa de los Entrecanales ultiman un acuerdo extrajudicial para cerrar el largo contencioso por la fallida privatización de la empresa Aigües Ter Llobregat (ATLL) a cambio de que la Administración catalana compense a la constructora con el pago de unos 120 millones de euros, publica en exclusiva Manel Pérez.
Mostrar comentarios
Cargando siguiente contenido...