La firma Vilalta, con domicilio en Vila-seca, ha alcanzado un pacto con sus acreedores para impulsar su red de estaciones de servicio y su negocio de distribución mayorista de combustibles. Dicho convenio, validado judicialmente, ofrece a los acreedores diversas alternativas, incluyendo reducciones de deuda del cincuenta por ciento y del veinticinco por ciento, o bien un aplazamiento total hasta el año 2028.
Esta pacto representa un alivio crucial para la empresa familiar de larga trayectoria, la cual se vio forzada a solicitar la administración concursal con una obligación pendiente de 22 millones de euros en enero anterior, tras el fracaso de la ejecución de un programa de reorganización y las conversaciones para finalizar un plan adicional.
La compañía se compromete a comercializar parcelas en Cambrils con un valor superior a los 12 millones.
En esta ocasión, Vilalta ha acordado la venta de diversas propiedades para liquidar sus obligaciones financieras. Específicamente, se trata de terrenos en Cambrils, destinados a uso residencial y comercial, que han sido recientemente reurbanizados y cuyo valor supera los 12 millones de euros. Adicionalmente, la empresa arrendará dos estaciones de servicio de índole industrial y ha pactado un contrato de arrendamiento a largo plazo para su establecimiento hotelero y de restauración en Vila-seca.
Paralelamente, la compañía busca desinvertir en 5 millones de euros la unidad productiva de su subsidiaria Ca n’Alzina, ubicada en Sabadell, la cual también se encuentra en proceso de concurso de acreedores. Dicha entidad abarca las operaciones de una estación de servicio, un estacionamiento para camiones, un depósito y un establecimiento de restauración. Todas estas acciones han sido supervisadas por el administrador concursal Octavio Gracia, perteneciente a la consultora Think it Legal.
La empresa, con el asesoramiento del letrado Pablo Garrido de ETL Global ADD, ha conseguido una prórroga para saldar su deuda y ha obtenido una disminución en la cantidad total adeudada. Entre sus acreedores se encuentran más de 150 entidades comerciales, diversas instituciones bancarias y la Agencia Tributaria, a la que el conglomerado adeuda seis millones de euros. Con una fuerza laboral de cincuenta empleados, la compañía opera actualmente nueve estaciones de servicio y anticipa generar ingresos de veinticuatro millones este año, una cifra considerablemente inferior a los cien millones registrados hace tres años.
La quiebra de la empresa se atribuye a una estrategia de inversión que fracasó, mediante la cual la compañía intentó hace años expandirse hacia el sector de paneles solares, redes de estaciones de carga para vehículos eléctricos y un centro de distribución de hidrocarburos de nitrógeno.
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