¡Confiemos en la universidad pública!

Últimamente ha cobrado una enorme relevancia mediática el asunto conocido como el caso Ramon Flecha, profesor titular de sociología en la UB, debido a las acusaciones formuladas por más de diez colaboradoras de este docente respecto a las dinámicas del equipo de investigación CREA, el cual él mismo creó. Independientemente del avance de las pesquisas y sus posibles repercusiones, que ahora gestiona la Fiscalía, la repercusión de este suceso sobre el necesario vínculo de credibilidad entre la ciudadanía y la universidad pública resulta significativa. A esto se suman otros incidentes ocurridos en la propia UB, en la UPF y en centros como la Rey Juan Carlos o la de Salamanca, que, aunque difieren de lo señalado en el caso Flecha, contribuyen a proyectar una percepción de la universidad española, especialmente de la pública, que dista mucho de la labor social que esta desempeña, la cual se manifiesta en la instrucción de 1,3 millones de alumnos de grado, postgrado y doctorado, además de integrar a casi 100.000 investigadores en el ámbito científico español.

Resultaría conveniente, en consecuencia, que tales recursos, derivados de la labor diaria de por lo menos 160.000 docentes y empleados de gestión de la institución académica estatal, lograran una visibilidad superior en la prensa. Bajo este contexto, restablecer la credibilidad en las universidades públicas en España constituye una labor esencial que involucra tanto a los organismos públicos responsables, CCAA y ejecutivo nacional, como a los propios centros educativos y, por consiguiente, a la ciudadanía en general. De ahí que constituiría una equivocación profunda pensar que la implementación de medidas destinadas a prevenir las polémicas citadas solucionaría el problema de desconfianza existente.

Optimizar el rendimiento de la universidad pública y encarar la rivalidad en aumento de las universidades privadas exige otorgarle una independencia superior, tanto en la gestión de recursos humanos como en la financiera y docente, implementando esto a través de diversas estructuras institucionales al reconocer que el servicio público puede ser ofrecido no únicamente por las universidades públicas tradicionales, sino también, como ocurre actualmente en Catalunya, mediante fundaciones como la UOC y la Universidad de Vic, u otros esquemas organizativos. Independientemente del sistema de organización elegido, existen elementos que deben ser establecidos por la autoridad pública correspondiente: el financiamiento y el régimen de tasas, la supervisión ejercida fundamentalmente por las agencias de calidad, la transparencia en la gestión y las directrices estratégicas del centro educativo; para lograrlo, resulta vital configurar un gobierno de las universidades públicas que fomente una vinculación más estrecha entre la institución y el organismo público que provee los fondos, una cuestión que el marco vigente de la LOSU no logra solucionar.