La restauración de la sede social del Banc Sabadell en Catalunya, un hecho en sí mismo muy relevante desde el punto de vista económico y de la consolidación de un nuevo clima, tiene la virtud de transformar la coincidencia tácita de los contrarios a la oferta de compra hostil del BBVA en un pacto político explícito y operativo para garantizar la supervivencia del banco vallesano. Dispuestos en orden de combate.
El traslado, acometido de manera voluntaria por Josep Oliu y el consejo del Sabadell, arrima al Govern de Salvador Illa la tarea de defender la independencia del más que centenario banco. Se opuso a la opa en el cierre de la campaña electoral en la que resultó ganador en julio pasado. El banco le reconoció ayer sus aportaciones a la estabilidad política, al esgrimirlas como justificación del viaje en sentido contrario al de octubre del 2017.
El traslado convierte la coincidencia tácita de los opuestos a la opa en pacto explícito
El retorno justifica que Junts, el partido de Carles Puigdemont se vuelque en la presión al Gobierno de Pedro Sánchez para que encuentre la manera de abortar el asalto del BBVA. Junts puede apuntarse su parte de mérito en el cambio, en el que tanto ha insistido, hasta el punto de defender en su momento, con una propuesta de decreto, sancionar a las empresas que no volvieran de manera voluntaria, y se reconcilia públicamente con Oliu y el banco. Está claro que esto último ya lo han hecho en privado y desde hace mucho.
Finalmente, Pedro Sánchez tiene motivaciones adicionales para capitanear la oposición desde la máxima autoridad ejecutiva. Reciente el episodio del relevo en la presidencia de Telefónica, en el que también está sobre la mesa la consolidación de un ámbito de influencia gubernamental en el ámbito económico.
Motivos todos para ayudar a su compañero Illa y consolidar y agrandar su granero electoral en Catalunya. Y para seguir porfiando por los votos parlamentarios de Junts en otros ámbitos. Estímulos necesarios y suficientes, no solo para vetar una hipotética fusión de los dos bancos, objetivo final del BBVA, incluso para cancelar, prohibir, la operación en su inicio; antes de la opa.
Los expertos en los refugios ocultos entre la espesura regulatoria apuntan a un apartado del artículo 60 de la ley de Defensa de la Competencia. Este establece que, en el supuesto de que la CNMC, la comisión de la competencia, en segunda fase de análisis, justamente en la que está ahora, establezca condiciones para aprobar la opa, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que también se ha significado argumentando contra la operación, podrá llevar el caso al Consejo de Ministros.
Carlos Cuerpo, Josep Oliu y Carlos Torres.
Y en esa tesitura, el Gobierno estaría en condiciones de “acordar autorizar la concentración, con o sin condiciones”. Eso sí, justificándolas en “razones de interés general distintas de la defensa de la competencia”. Estas últimas, por razones obvias, son las que ya habría analizado la CNMC. Pero sin establecer más límites en cuanto a la importancia o envergadura de las exigencias.
Ayer, en Davos, Sánchez realizo unas interesantes declaraciones a la agencia Bloomberg en las que apelaba no solo a razones de competencia para orientar el sentido de la decisión del Gobierno y añadía aspectos como “la cohesión social y la cohesión territorial”. Conceptos mucho más amplios que el estrecho criterio mercantil de la competencia. ¿De interés general?
El rechazo a los planes de Carlos Torres, presidente del BBVA, es amplio en el tejido empresarial de Catalunya; también en Valencia, aunque en este último caso hay que esperar a conocer los efectos del reciente cambio de sede para calibrar su persistencia.
Para el banquero salmantino, el cambio de sede del Sabadell puede ser el segundo giro de guion negativo más preocupante desde que se lanzó a la aventura de la opa hostil en mayo pasado. El primero fue la decisión de la CNMC de enviar su análisis a la segunda fase de estudio. El segundo, es el vuelo de vuelta a Sabadell.
