Las Claves
- Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante el juez Alvin Hellerstein en Manhattan declarándose inocentes de todos los cargos imputados.
- La fiscalía acusa a Nicolás
Tras completar su segunda estancia nocturna en la prisión metropolitana en Brooklyn, luego de su captura en Caracas en la madrugada del sábado, Nicolás Maduro y su cónyuge, Cilia Flores, fueron conducidos hoy mediante un gran despliegue policial a la corte federal de Manhattan para su juicio. Allí, el magistrado Alvin Hellerstein, de 92 años, designado por Bill Clinton hace tres décadas y asignado al caso, comunicó los cargos de la imputación al mandatario derrocado, quien se declaró “inocente”.
El líder venezolano bajo arresto, Nicolás Maduro, acompañado por su esposa, Cilia Flores, llega a la zona de aterrizaje de Wall Street durante su traslado hacia el tribunal federal para la lectura oficial de cargos en Nueva York.
Rodeados de una enorme anticipación y frente a los clamores de seguidores y opositores en los alrededores de la corte, Maduro y su esposa han ingresado al recinto portando la clásica vestimenta de prisión color naranja junto con una prenda azul oscuro de mangas cortas. Expresándose en castellano a través de un traductor, el mandatario de Venezuela ha manifestado encontrarse ante el juzgado tras haber resultado “secuestrado”.
Nicolás Maduro ante el magistrado Alvin Hellerstein
El presidente de Venezuela defiende su inocencia y su integridad.
Al intentar proseguir con su intervención, cuestionando los “planes imperialistas” de EE.UU., el magistrado Hellerstein lo ha frenado, asegurando que “ya habrá tiempo para todo esto”. Posteriormente, Maduro ha examinado por vez primera el documento de cargos y, tras ser interrogado sobre su culpabilidad, ha expresado: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”. “Sigo siendo el presidente de mi país”, ha declarado. Su mujer, Flores, ha reaccionado de modo idéntico, manifestándose “no culpable, completamente inocente” y “la primera dama de Venezuela”.
Varios reporteros de Estados Unidos que se hallaban en el lugar han recopilado estos testimonios, un espacio donde las leyes suelen restringir la toma de fotografías. El magistrado Hellerstein ha establecido la fecha de la siguiente sesión para el 17 de marzo, aunque por la envergadura del asunto y sus complicaciones normativas, la etapa de instrucción podría dilatarse más de una anualidad hasta que arranque el proceso principal.
La intervención armada de Estados Unidos en Venezuela, que incluyó ataques aéreos en Caracas y en las bases de aviación primordiales del país, así como el despliegue de comandos de la Fuerza Delta que aprehendieron a Maduro y a su cónyuge, se fundamentó en este proceso legal. La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, divulgó la denuncia formal, aprobada por un gran jurado de Nueva York, en la cual se le imputan al mandatario cuatro cargos: asociación ilícita para ejecutar narcoterrorismo, complot para importar cocaína, tenencia de ametralladoras y artefactos de destrucción, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos de destrucción.
El pliego de cargos indica que, por un periodo superior a 25 años, Maduro, Flores y diversos líderes venezolanos igualmente citados han “abusado de sus posiciones de confianza pública y corrompido instituciones que antes eran legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”. Específicamente, el Departamento de Justicia asegura que la administración venezolana suministró “cobertura policial y apoyo logístico” a grupos de narcotráfico, tales como el Cártel de Sinaloa o el Tren de Aragua, los cuales remitían una porción de sus ganancias a funcionarios de alto rango que, en contrapartida, les brindaban protección.
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Maduro se encontraba “a la vanguardia de esa corrupción”, afirma el cargo, y usó “la autoridad que obtuvo ilegalmente y las instituciones que corroyó para transportar miles de toneladas de cocaína a EE.UU.” Aparte de otras acciones puntuales, también se imputa a Maduro la venta de pasaportes diplomáticos venezolanos a narcos reconocidos y la gestión de vuelos con amparo diplomático para retornar desde México a Venezuela los réditos del tráfico de drogas.
A la esposa del mandatario venezolano, Flores, se le imputa, junto a otros ilícitos, el haber recibido “cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar una reunión entre un narcotraficante a gran escala y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela” en 2007.
Imagen de la declaración de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante el magistrado.
De acuerdo con los cargos, Maduro y Flores comercializaron cocaína por un periodo superior a diez años, tiempo durante el cual los dos “ordenaron secuestros, palizas y asesinatos contra quienes les debían dinero del narcotráfico o de otro modo socavaban su operación de tráfico de drogas, incluida la orden de asesinar a un capo local de la droga en Caracas, Venezuela”.
La representación jurídica de Maduro y Flores será asumida por Barry Joel Pollack y Mark E. Donnelly, de forma respectiva. El primero, un jurista radicado en Washington que cuenta con una trayectoria superior a los 30 años en materia penal federal, destaca por haber gestionado el proceso que logró la libertad de Julian Assange, creador de WikiLeaks, quien enfrentaba cargos por la ley de Espionaje. En cuanto a Donnelly, un experto en derecho penal con más de veinte años de carrera, se desempeñó por más de una década en el Departamento de Justicia y estuvo al frente de la oficina de fraude y crímenes de blanqueo de capitales en el distrito sur de Texas.
Maduro cuenta con la representación legal de Barry Joel Pollack, el especialista en leyes criminales que ejerció como abogado de Julian Assange.
Este litigio, destinado a convertirse en uno de los juicios con mayor impacto mediático de la centuria, cuestiona la autoridad del sistema judicial estadounidense, pues no queda claro que disponga de facultades para procesar por dichos crímenes al líder de un tercer país, incluso si se comprobara que los cargos que se le atribuyen son verídicos.
Así se lo ha transmitido al magistrado el jurista Pollack: “Hay dudas sobre la legalidad de su secuestro militar”, manifestó, señalando que cabe la opción de presentar recursos sobre el rol de Maduro como mandatario de un país soberano, que, tal como ha expresado el dictador, ha sido “secuestrado”. El equipo legal de Maduro también mencionó que, “por el momento”, no pedirá la libertad bajo fianza, si bien no lo descartan para más adelante.
La detención de Maduro ha provocado que varios analistas y miembros del Congreso de ambas bancadas cuestionen la legitimidad de la acción. En su encuentro con la prensa en Mar-a-Lago para informar sobre el suceso, el presidente Donald Trump argumentó a favor del arresto señalando que el Departamento de Justicia pidió respaldo castrense para concretar la captura. Pese a ello, el tráfico de estupefacientes y la criminalidad de pandillas se definen como actos delictivos que no superan el límite legal internacional de lucha armada necesario para avalar una incursión militar en otra nación.
Aparte de la potencial infracción de la legislación internacional, que veta el empleo de la violencia contra otros estados en casi todas las circunstancias ajenas a la legítima defensa, Trump ignoró la potestad del Congreso, la entidad con la facultad de validar acciones bélicas, a la cual ni siquiera se le avisó previamente. No obstante, en la realidad, particularmente tras la Segunda Guerra Mundial, mandatarios de ambas agrupaciones políticas han legitimado maniobras parecidas basándose en su condición de comandantes en jefe de las fuerzas armadas y con el objetivo de velar por el interés nacional.
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La causa fue interpuesta por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, una dependencia del Departamento de Justicia distinguida por sus enjuiciamientos contundentes. Dicha oficina ya había formulado cargos contra Maduro en el 2020, bajo las mismas cuatro acusaciones, aunque actualizó su denuncia para incorporar igualmente a la cónyuge del mandatario.
A lo largo del procedimiento, ambos pernoctarán en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, un penal de alta seguridad que diversos defensores estadounidenses han calificado como “el infierno en la tierra” e incluso ciertos magistrados han evitado que sus sentenciados terminen en ese sitio. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, criticó el estado decadente de la cárcel, sosteniendo que sus circunstancias “son inaceptables e inhumanas”, agregando además que “estar encarcelado no debería implicar la negación de derechos humanos”.
Su renombre proviene, entre otros factores, del estado de sobrepoblación, insalubridad y agresividad, originado en parte porque se edificó para alojar a 1.000 convictos y posee hoy en día 1.336 reclusos. Es un recinto carcelario vertical de hormigón y acero, de bastantes plantas, puesto en marcha en los años 90 con la intención de expandir el cupo penitenciario de la urbe, en una época de crecimiento de la población penal. Los detenidos en sus habitáculos, de dimensiones reducidas, transcurren casi todo el tiempo dentro de los mismos.
Esta institución carcelaria ha servido de alojamiento para otros internos de renombre, como el antiguo mandatario de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico hasta que el presidente Trump le otorgó el indulto en diciembre del año anterior. También estuvo privado de libertad por un tiempo el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, al igual que “El Chapo” Guzmán, uno de los capos más destacados de México, el intérprete Sean “Diddy” Combs, o incluso la socia y antigua pareja de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell.