Maduro se declara inocente de narcoterrorismo en Manhattan: “Me han secuestrado”
Estados Unidos
El presidente depuesto de Venezuela y su mujer comparecen por primera vez ante la justicia estadounidense después de su secuestro en Caracas
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Después de pasar su segunda noche en la prisión metropolitana en Brooklyn, tras su captura en Caracas en la madrugada del sábado, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido trasladados esta mañana mediante un amplio dispositivo policial al tribunal federal de Manhattan en el que serán juzgados. Allí, el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, nombrado por Bill Clinton hace tres décadas y designado para este caso, ha leído los cargos de su imputación al dictador depuesto, que se ha declarado “inocente”.
En medio de una gran expectación y ante los gritos de simpatizantes y detractores en las inmediaciones del tribunal, Maduro y su mujer han entrado a la sala vestidos con tradicional uniforme carcelario naranja y una camiseta azul marino de manga corta. Hablando en español y mediante un intérprete, el presidente de Venezuela ha dicho que está en el tribunal después de haber sido “secuestrado”.
Nicolás Maduro, al juez Alvin Hellerstein
“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente de Venezuela”
Cuando ha intentado seguir con su discurso, denunciando los “planes imperialistas” de EE.UU., el juez Hellerstein lo ha interrumpido, afirmando que “ya habrá tiempo para todo esto”. Acto seguido, Maduro ha leído por primera vez el texto de la imputación y, preguntado por cómo se declaraba, ha dicho: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”. “Sigo siendo el presidente de mi país”, ha sentenciado. Su esposa, Flores, ha respondido de forma similar, declarándose “no culpable, completamente inocente” y “la primera dama de Venezuela”.
Las declaraciones han sido recogidas por medios estadounidenses presentes en la sala, en la que por ley no se permite por norma general la captación de imágenes. El juez Hellerstein ha fijado la próxima audiencia judicial para el próximo 17 de marzo, pero dada la magnitud del caso y su complejidad legal, la fase prejudicial podría alargarse más de un año, hasta el inicio definitivo del juicio.
La operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que incluyó bombardeos en Caracas y en las principales bases aéreas del país, así como el despliegue de los soldados de élite de la Fuerza Delta que secuestraron a Maduro y su esposa, se justificó con este proceso judicial. La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, publicó la acusación formal, votada por un gran jurado de Nueva York, en la que se imputan al presidente cuatro cargos: conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
La acusación formal sostiene que, durante más de 25 años, Maduro, Flores y otros dirigentes venezolanos también mencionados han “abusado de sus posiciones de confianza pública y corrompido instituciones que antes eran legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”. Concretamente, el Departamento de Justicia afirma que el gobierno venezolano proporcionó “cobertura policial y apoyo logístico” a bandas de narcotraficantes, como el Cártel de Sinaloa o el Tren de Aragua, que enviaban parte de sus beneficios a altos cargos que, a cambio, los protegían.
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Maduro estuvo “a la vanguardia de esa corrupción”, dice la acusación, y utilizó “la autoridad que obtuvo ilegalmente y las instituciones que corroyó para transportar miles de toneladas de cocaína a EE.UU.” Entre otros actos concretos, también se acusa a Maduro de vender pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes conocidos y de facilitar vuelos bajo cobertura diplomática para traer de regreso desde México a Venezuela los beneficios del narcotráfico.
A la mujer del presidente venezolano, Flores, se la acusa, entre otros delitos, de haber aceptado “cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar una reunión entre un narcotraficante a gran escala y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela” en 2007.
Según la acusación, Maduro y Flores traficaron con cocaína durante más de una década, en la que ambos “ordenaron secuestros, palizas y asesinatos contra quienes les debían dinero del narcotráfico o de otro modo socavaban su operación de tráfico de drogas, incluida la orden de asesinar a un capo local de la droga en Caracas, Venezuela”.
La defensa legal de Maduro y Flores irá a cargo de Barry Joel Pollack y Mark E. Donnelly, respectivamente. El primero, abogado con sede en Washington y con más de 30 años de experiencia el derecho penal federal, es conocido por haber llevado a cabo el caso que permitió la liberación de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, acusado bajo la ley de Espionaje. Por su parte, Donnelly, penalista con más de dos décadas de trayectoria, trabajó durante más de diez años en el Departamento de Justicia y dirigió la división del distrito sur de Texas de fraude y delitos relacionados con el lavado de dinero.
Maduro está representado por Barry Joel Pollack, el abogado penalista que defendió a Julian Assange
El proceso, que está llamado a ser uno de los juicios más mediáticos del siglo, pone en cuestión la legitimidad del sistema judicial estadounidense, pues no está claro que tenga competencias para juzgar por estos delitos al presidente de un tercer país, incluso aunque se demuestre que los cargos de los que se le imputa son ciertos.
Así se lo ha hecho saber al juez el abogado Pollack: “Hay dudas sobre la legalidad de su secuestro militar”, ha dicho, señalando que podría presentar recursos en relación con el papel de Maduro como jefe de un Estado soberano, que, como ha dicho el dictador, ha sido “secuestrado”. La defensa de Maduro también ha dicho que, “por el momento”, no solicitará la libertad bajo fianza, aunque no lo ha descartado en un futuro.
La captura de Maduro también ha llevado a múltiples expertos, así como a congresistas de ambos partidos, a denunciar la ilegalidad de la operación. En su rueda de prensa desde Mar-a-Lago en la que dio detalles de lo sucedido, el presidente Donald Trump justificó la detención asegurando que el Departamento de Justicia había solicitado asistencia militar para ejecutar el arresto. Sin embargo, el narcotráfico y la violencia de bandas se consideran actividades criminales y no alcanzan el umbral jurídico internacional de conflicto armado que justificaría una respuesta militar en un país extranjero.
Además de la posible vulneración del derecho internacional, que prohíbe el uso de la fuerza contra otros países en la mayoría de casos no amparados en la defensa legítima, Trump se saltó la autoridad del Congreso, el organismo encargado de autorizar actos de guerra, que ni siquiera fue informado con antelación. Sin embargo, a la práctica, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, presidentes de ambos partidos han justificado operaciones similares en tanto que comandantes en jefe de las fuerzas armadas y para salvaguardar el interés nacional.
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El caso fue presentado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, una oficina del Departamento de Justicia conocida por sus procesamientos agresivos. La misma fiscalía ya había presentado una acusación contra Maduro en el 2020, con los mismos cuatro cargos, pero renovó su imputación para incluir también a la esposa del presidente.
Durante el proceso, ambos dormirán en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión de máxima seguridad que algunos abogados estadounidenses han descrito como “el infierno en la tierra” e incluso algunos jueces se han negado a que sus condenados terminen ahí. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, denunció el estado ruinoso de la prisión, alegando que sus condiciones “son inaceptables e inhumanas”, y añadió que “estar encarcelado no debería implicar la negación de derechos humanos”.
Entre otros motivos, su fama se debe a la situación de hacinamiento, insalubridad y violencia, debida en parte a que se construyó para albergar a 1.000 reos y tiene en la actualidad 1.336 internos. Se trata de una prisión de cemento y acero vertical, de varios pisos de altura, inaugurada en la década de 1990 con el propósito de ampliar la capacidad carcelaria de la ciudad, en un contexto de incremento de convictos. Los encarcelados en sus celdas, de tamaño pequeño, pasan la mayoría de horas en su interior.
El centro de detención ha albergado a otros huéspedes conocidos, como el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que fue condenado por narcotráfico a 45 años hasta que fue indultado en diciembre del año pasado por el presidente Trump. También estuvo recluído durante un tiempo el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, así como “El Chapo” Guzmán, uno de los narcotraficantes más conocidos de México, el rapero Sean “Diddy” Combs, o incluso la socia y expareja de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell.