El president de la Generalitat, Carlos Mazón, confirmó este lunes que el pleno del Consell aprobará hoy un contundente plan de ajuste del gasto público como respuesta a la no llegada del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario por parte del Gobierno central. Una situación que calificó de “inédita en los últimos 12 años” y que atribuyó directamente a la “negativa” del Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Qué remedio nos queda”, se lamentó Mazón en declaraciones a los medios tras asistir a un acto de presentación de ayudas para jóvenes agricultores en València, donde advirtió que la falta de este mecanismo de financiación -que calificó como “algo más que técnico, pues es la liquidez necesaria para seguir pagando en términos razonables está llevando a la Comunitat Valenciana a una situación límite que obliga a tomar medidas excepcionales”.
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El plan de contención del gasto, que según adelantó este diario incluirá desde ventas de patrimonio y recorte de subvenciones hasta congelación de plazas no esenciales y restricciones a viajes institucionales, busca “preservar el gasto social, sanitario y educativo” mientras se elimina lo que el president denominó “gasto superfluo”. “Nuestro enemigo no es el gasto en derechos sociales, sino aquel que no aporta valor a los ciudadanos”, recalcó Mazón, quien defendió que la Generalitat mantiene actualmente “el presupuesto sanitario más importante de su historia, el social más alto y también el educativo”, unos ámbitos que prometió blindar pese a lo que describió como “abandono permanente” por parte del Gobierno central. La gravedad de la situación ya se está traduciendo en retrasos de hasta un mes en los pagos a farmacias -que han anunciado medidas si persiste la “situación crítica”- y amenaza con extenderse a otros proveedores y servicios públicos.
El origen de esta crisis financiera se remonta al déficit no autorizado de 2024, que ronda los 2.500 millones de euros
El origen de esta crisis financiera se remonta al déficit no autorizado de 2024, que ronda los 2.500 millones de euros (más otros 300 millones atribuibles a los gastos generados por la dana de octubre pasado). Históricamente, el FLA extraordinario -que el año pasado se activó en tres tramos (2.209 millones en mayo, 717 en octubre y 700 en diciembre)- ha servido como válvula de escape para cubrir estos desequilibrios, especialmente en comunidades como la Valenciana, Catalunya, Extremadura y Murcia, las más perjudicadas por el actual modelo de financiación. Sin embargo, a diferencia de ejercicios anteriores -cuando el fondo se aprobaba como muy tarde en mayo-, en esta ocasión el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero no ha dado señales de activarlo, pese a que la consellera de Hacienda valenciana, Ruth Merino, había fijado como fecha límite este lunes 7 de julio.
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Esta demora ha sido interpretada por el Consell como un acto de “castigo político”, una acusación que choca frontalmente con los argumentos esgrimidos por el Gobierno central. Fuentes del equipo de Montero insisten en que la Comunitat Valenciana ha recibido en 2025 “más dinero que nunca” -14.013 millones en entregas a cuenta, un 10,4% más que en 2024-, a lo que suman otros 1.908 millones correspondientes a la liquidación de 2023. “En total, 15.921 millones, un 4,2% más que el año pasado”, subrayan estas fuentes, que tachan de “teatro” las advertencias de Mazón. No obstante, expertos del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) -una entidad considerada neutral- coinciden en que estos fondos, pese a su récord histórico, no resuelven el problema de base: la incapacidad de la Generalitat para financiar el déficit heredado de 2024, agravado por los gastos de la dana.
La tensión ha trascendido el ámbito técnico para convertirse en un pulso político de alto voltaje. Mazón celebró que el PP, en su reciente congreso nacional, haya incorporado las reivindicaciones valencianas sobre financiación, aunque matizó que las ponencias políticas “no son programas electorales”. Más contundente se mostró al denunciar el trato desigual entre comunidades: “Madrid hace rebajas fiscales mucho mayores y no se le condiciona el FLA”, espetó, en clara alusión a las críticas de la ministra Diana Morant, quien acusó al gobierno valenciano de “pedir dinero mientras baja impuestos”.
La tensión ha trascendido el ámbito técnico para convertirse en un pulso político de alto voltaje
Los datos de la Cuenta General de 2024, recién elevada al Consell, reflejan la magnitud del desafío: un resultado económico-patrimonial negativo de 4.589,79 millones (frente a los -2.475,44 millones de 2023), con 604,22 millones en provisiones para daños por la dana y 291,6 millones en ayudas urgentes aprobadas (de las cuales solo se ha pagado el 68,2%). Ante este escenario, Mazón ha exigido a sus consellers medidas concretas en seis ejes: racionalización de patrimonio (incluyendo posibles ventas), control del absentismo laboral, revisión del sector público instrumental (eliminando duplicidades), creación de un Comité de Seguimiento con Hacienda, revaluación de subvenciones y aceleración de la digitalización.
Mientras el Consell se prepara para aprobar este martes las primeras decisiones, el malestar crece entre los afectados. Las farmacias, primeras en sufrir los retrasos en pagos, han advertido que tomarán medidas si la situación persiste, y sindicatos como UGT-PV y CCOO-PV, junto a la CEV, han respaldado las demandas de la Generalitat. Con el Gobierno central negándose por ahora a mover ficha y Mazón descartando recortar en servicios esenciales, la crisis financiera valenciana entra en una fase crítica cuyas consecuencias podrían extenderse rápidamente al conjunto de la economía autonómica.
