Vanuatu y nosotros
El archipiélago de Vanuatu, en el cinturón de fuego del Pacífico, se ha erigido, sin desearlo, en un símbolo de los efectos del cambio climático. Considerado uno de los países más vulnerables del mundo, se enfrenta a un cóctel de adversidades demoledor: el aumento del nivel del mar, la erosión costera, la salinización de las aguas, la pérdida de tierras cultivables y la destrucción de infraestructuras. Se prevé que la cifra de migrantes climáticos desde Vanuatu a Australia aumente en los próximos años, como ya ocurre con otros emplazamientos del Pacífico como Tuvalu, y para 2100 una gran parte del país quede bajo el agua durante la marea.

Aunque nos separan algo más de 17.000 quilómetros, nada de lo que ocurre en las antípodas nos ha de resultar ajeno tratándose del clima. Ahí está el tren de borrascas que procedentes del Atlántico norte nos han tenido en jaque en los últimos meses para evidenciarlo. España, zona de contacto entre latitudes medias y subtropicales, es uno de los territorios que está experimentando con gran intensidad los efectos del cambio climático y la Comunidad Valenciana uno de los que más impactos acumulará, afirman los geógrafos Oliver Meseguer y Jorge Olcina (2023). Entre los rasgos con que este se manifiesta, añaden, está el desarrollo de eventos atmosféricos frecuentes con pérdidas económicas cada vez mayores, además de la pérdida de confort térmico, sobre todo en verano, y los cambios en la cuantía e intensidad de las precipitaciones. Una buena muestra son los desperfectos en playas, paseos marítimos y edificaciones en primera línea provocados por los temporales que han barrido en los últimos meses nuestra costa.
Una parte de la prosa científica producida en los últimos tiempos por geógrafos e ingenieros viene insistiendo en la vulnerabilidad de nuestro litoral, en especial el sur de Castellón, Valencia y algunos puntos de Alicante, donde el riesgo de erosión es mayor por la incapacidad de hacer frente a la acción de los temporales más intensos, en particular aquellas playas más estrechas y de arena fina. Esto está provocado, entre otras razones, por el desequilibrio en el aporte de sedimentos de los ríos, reducidos por la construcción de presas y embalses, así como por el desvío de caudales para riego, además de otras intervenciones como son las obras portuarias o la instalación de escolleras artificiales, lo que destruye barreras naturales como las dunas, modifica la dinámica de las olas e impide la regeneración natural de las playas, sin olvidar el efecto de las edificaciones masivas en primera línea. Si a esto le añadimos el aumento del nivel del mar durante los episodios climatológicos extremos que se suceden de manera puntual la combinación es explosiva.
A la vista de los acontecimientos, es evidente que llevamos demasiado tiempo haciéndolo mal. La respuesta tras cada temporal ya sabemos cual es: regenerar las playas de arena, construir espigones y restaurar paseos y otras construcciones. Un círculo vicioso de actuaciones con un elevado gasto público sobre las que no hay garantías que resistan el siguiente embate del mar. La alternativa de desandar el camino recorrido deconstruyendo edificaciones es compleja. Sobretodo cuando afecta, como ocurre en muchas construcciones, unas más recientes que otras, a particulares; o como sucede con los paseos marítimos, santo y seña de nuestro modelo turístico de sol y playa. Pero hay ejemplos, también en la costa mediterránea. Sin ir más lejos, en Elx, Santa Pola o Xilxes, actualmente en ejecución, se ha revertido el perfil natural de la costa eliminando superficies artificiales y hormigón en algunos puntos.
España padece con dureza los efectos del calentamiento
Pero más allá de acciones puntuales, hay unanimidad entre los investigadores de estos fenómenos en reclamar una gestión integrada del litoral, con un modelo que de manera coordinada gestione de una vez las competencias que desde los distintos niveles de la Administración pública tienen que ver con la franja costera. Poco ayuda el cambio de perspectiva de la política restrictiva enfocada a la protección de la costa que impulsó el Botànic a través del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) a la política de flexibilización del PPCV centrada en el desarrollo turístico y económico que, basándose en la Nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa aprobada por PP y Vox en 2025, se desplegará en el Plan de Ordenación Costera (POC), actualmente en proceso de tramitación. Tampoco que Generalitat se limite a acusar a Costas de inacción y esta se centre en esgrimir los millones destinados a regenerar las playas sin llegar a coordinarse, que sería lo razonable. Visión y técnica es lo que hace falta, apunta alguien con conocimiento de causa.