Escuchar a la sociedad civil
Diario de València
Las palabras de Vicente Boluda dirigidas al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, han de entenderse como una ocasión propicia y no como un ataque. El empresario, en una reflexión que quiso dejar claro que era personal y no institucional actuando por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), instó a algo básico: comenzar conversaciones con el Gobierno relativas a la financiación autonómica. “Lo que va davant, va davant” (...) “A lo mejor hay veces que hay que decir que sí”, expresó. Prestar atención a tal sugerencia no supone una muestra de fragilidad; es una labor de sensatez.
La sociedad civil organizada lleva años advirtiendo de la anomalía valenciana. El actual modelo de financiación autonómica está caducado desde 2014. Más de una década después, la Comunitat sigue siendo la peor financiada del Estado en términos de recursos por habitante ajustado. Esa infrafinanciación no es un concepto abstracto: se traduce en deuda acumulada (más de 60.000 millones de euros) para sostener servicios públicos equiparables a los de otras autonomías y en una pérdida progresiva de PIB per cápita relativo respecto a la media española.
En este contexto, la actitud de Boluda no resulta ideológica, sino funcional. Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sugiere investigar un trayecto bilateral, lo sensato es acudir a la negociación. Tratar los asuntos no conlleva consentir sin límites. Implica salvaguardar con lógica y entereza las prioridades de más de cinco millones de valencianos en un escenario donde no actuar solo agrava la desigualdad.
Se ha intentado presentar como un impedimento que el gobierno de España haya llegado a acuerdos con Esquerra Republicana de Catalunya, ERC. No obstante, el recuerdo de la historia política tendría que actuar como remedio frente a la exageración. En su momento, José María Aznar pactó un sistema con Jordi Pujol. José Luis Rodríguez Zapatero actuó de forma similar con el tripartito catalán, donde igualmente participaba ERC. Y dicho esquema final es el que actualmente diversas regiones —incluyendo la Galicia que lideró Alberto Núñez Feijóo— prefieren no modificar.
No constituye, por consiguiente, una irregularidad democrática, sino que es un procedimiento frecuente en un Estado compuesto. La política territorial española ha progresado históricamente mediante consensos. Argumentar hoy que todo diálogo bilateral supone una renuncia inaceptable obedece más a la dinámica del enfrentamiento entre partidos que al resguardo de los intereses generales.
Asimismo, todavía queda espacio para el progreso. El PSPV ha admitido hace poco la inclusión del Fondo de Nivelación y la remisión de una fracción de la deuda, dos exigencias de larga data para subsanar la carencia de fondos. Estos representaban igualmente los pilares fundamentales de la oposición de Llorca al diálogo. Si tales componentes comienzan a integrarse en el plan del Gobierno, clausurar las opciones antes de oír los argumentos resulta, al menos, prematuro.
Escuchar a la sociedad civil implica reconocer que fuera de la política institucional hay análisis, experiencia y sentido práctico. Boluda habla desde la óptica empresarial, acostumbrada a negociar en entornos complejos y a distinguir entre principios y resultados. Su planteamiento no es un alineamiento con el Gobierno central, sino una invitación a explorar cualquier resquicio que permita mejorar la posición valenciana.
La opción distinta, actualmente, resulta poco clara. Feijóo, ante la reciente asamblea de AVE en València, no concretó qué modelo alternativo propone frente al de Sánche z. Cuestionar es válido; presentar un proyecto definido, fundamental. Y todavía más si una posible variación de mayorías forzara a negociar con Vox, un partido que pone en duda públicamente el vigente modelo de autonomías.
La Comunitat Valenciana no debe permanecer estancada en el debate político del país al tiempo que su déficit económico aumenta. Cualquier anualidad carente de cambios afianza la inequidad. Todo ciclo de presupuestos que transcurre sin ajustar el sistema eleva el endeudamiento y limita la posibilidad de equiparación.
Llorca debe priorizar el bien
Llorca tiene la responsabilidad de situar el interés general por encima de la disciplina partidista. Escuchar no es rendirse. Negociar no es conceder. Es, simplemente, ejercer el liderazgo que la coyuntura exige. Cuando la sociedad civil reclama pragmatismo y el diagnóstico es compartido desde hace más de una década, ignorar esa voz no fortalece la posición institucional; la debilita.
Tanto en la esfera política como en el ámbito corporativo, quien no participa en las deliberaciones se arriesga a que terceros resuelvan en su lugar. Y la Comunitat Valenciana ya ha aguardado un tiempo excesivo.
