En contra de la obsolescencia programada: cada vez más consumidores demandan poder reparar sus dispositivos electrónicos
Derecho a reparar
Gastar menos o generar menos impacto medioambiental es todo un reto cuando los productos están pensados para romperse; por eso, cada vez más consumidores y asociaciones reclaman mejores garantías y derechos para reparar nuestros aparatos electrónicos
“Si mi padre me contesta con un emoji de pulgar, no me asusto, pero si lo hace mi pareja, sé que se ha molestado”: ¿por qué entendemos como borde un simple “Ok” en WhatsApp?
Los dispositivos electrónicos deberían tener más durabilidad.
“Hace treinta años, comprabas una televisión, o una nevera, y te duraba casi para toda la vida. Pero ahora, cualquier electrónico te dura cuatro o cinco años como mucho. Te obligan a gastar el dinero una y otra vez por productos que son de menos calidad”. Este pensamiento no es una superstición: es una realidad estudiada y cuantificable que afecta a todos los consumidores.
“Tenía un lavavajillas que compré cuando me casé, hace veinticinco años. Se rompió y me dijeron que no lo arreglaban, así que me compré otro. Duró dos años”, nos asegura María del Carmen F., de 51 años. Las cifras apoyan su perspectiva: según datos recogidos por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 66% de los productos comprados fallan durante los tres primeros años de vida; y el 49% de estos informes de defectos vienen de productos tecnológicos, sobre todo teléfonos móviles. El aspecto más problemático de estos últimos es la batería: el 39% de móviles presentaron problemas a largo plazo con su uso y durabilidad.
Tenía un lavavajillas que compré cuando me casé, hace veinticinco años. Se rompió y me dijeron que no lo arreglaban, así que me compré otro. Duró dos años
Pero, ¿qué podemos hacer frente a estas prácticas poco éticas de las empresas? Diversas asociaciones de consumidores lo tienen claro: abogar por nuestro derecho a reparar es la manera de defender nuestros intereses y, además, evitar las consecuencias negativas del consumo excesivo. Reemplazar las partes o componentes defectuosos en lugar de desechar los dispositivos por completo nos ahorra dinero y frena el ciclo de consumo acelerado.
Tal y como nos explica un portavoz de la OCU, “antes reparábamos más, pero muchos productos ya no están diseñados para repararse fácilmente. Y, además, hemos ido perdiendo las habilidades y la costumbre de arreglar las cosas por nuestra cuenta”. Los estudios apoyan esta afirmación. Quienes más reparan sus productos son las personas mayores: aquellos que crecieron en una época en la que, si algo se rompía, la primera opción era intentar arreglarlo. “Ahora lo habitual es tirar y comprar otro aparato nuevo, barato, y a menudo de mala calidad, que se convertirá en residuo en poco tiempo”.
Muchos productos ya no están diseñados para repararse fácilmente
¿Qué dice la legislación al respecto?
Pero los usuarios pueden encontrarse con varios problemas a la hora de tratar de reparar un dispositivo defectuoso. El primero es que el fabricante o el vendedor no quiera hacerse cargo del producto o de sus reparaciones, aludiendo al mal uso por parte del consumidor.
El segundo es que los plazos de reparación o reemplazo que ofrezca este último sean demasiado amplios, dificultando acceder a estos servicios para solventar problemas con productos de uso diario. “Cuando se rompió mi último móvil, lo mandé al servicio técnico, y tardaron tres meses en devolvérmelo. Usé uno antiguo de mi mujer, pero, ¿y si no hubiese tenido otro?”, se queja Juan Carlos G., de 61 años. “Aunque sobre el papel te lo arreglan, casi te obligan a comprarte otro”. Con las prisas, muchos optan por acudir a tiendas de reparación de terceros, que ofrecen plazos más ajustados para, por ejemplo, cambiar una batería o una pantalla rota. Pero hacer uso de estos servicios invalida, en muchos casos, la garantía del producto, lo que hace que, en el futuro, no podamos acceder a reparaciones o repuestos oficiales si el terminal vuelve a fallar.
En los últimos años, la legislación, tanto en la Comunidad Europea como en España, ha ido aumentando poco a poco los derechos de los consumidores al respecto del ejercicio de las garantías. Desde el año 2022, todos los productos adquiridos de primera mano tienen una garantía legal de 3 años. Además, durante los dos primeros años de este período, el consumidor no necesita aportar pruebas para demostrar la falta de conformidad del producto: se asume que el problema ya estaba disponible en el producto “de fábrica” y desde el momento de entrega. Además, las empresas están obligadas a mantener piezas de repuesto y servicio técnico para los productos distribuidos durante un mínimo de diez años.
Por otro lado, la Unión Europea ha firmado una directiva que tendrá que implementarse en todos los países miembros antes del 31 de julio y que busca facilitar la reparación de cualquier tipo de bienes, independientemente del tiempo que haya pasado desde su compra. Pero todavía quedan dudas al respecto. La legislación española incorporará estos principios a través de la nueva Ley de consumo sostenible, programada para este año 2026, que se preocupa no sólo del impacto económico de estas prácticas, sino también del medioambiental.
“Esta ley se aplica a defectos que aparecen fuera de la responsabilidad del vendedor, y deja claro que el consumidor puede acudir al reparador que elija”, nos explican desde OCU. El objetivo es que se pueda acudir a reparaciones de terceros o incluso tratar de reparar nuestros propios dispositivos sin eliminar la posibilidad de acceder al servicio técnico oficial. Las empresas estarán, también, obligadas a ofrecer información sobre vida útil estimada, reparabilidad e impacto ambiental de los productos destinados al uso en largo plazo.
Por el momento, sin embargo, su ámbito de aplicación será muy concreto. “Este 'derecho a reparar' está limitado a una serie de productos concretos que tienen requisitos de reparabilidad a nivel europeo y que es bastante limitado por ahora: lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, pantallas electrónicas, aspiradoras, teléfonos, secadoras, patinetes y bicicletas eléctricos, y poco más”. Las ausencias más notables son los teléfonos, las tablets y los ordenadores, también los más afectados por este tipo de fallos.
Una pelea contra el consumo y contra la contaminación
Incluso con estos avances, un portavoz de FACUA nos asegura que “el consumidor se encuentra total y absolutamente indefenso ante las prácticas de obsolescencia programada, pues para un consumidor es muy complicado poder demostrar que el bien que adquirió está diseñado para dejar de funcionar correctamente a partir de una fecha concreta.” Por eso es importante que los consumidores reclamen sus derechos y que la legislación avance en este frente.
El consumidor se encuentra total y absolutamente indefenso ante las prácticas de obsolescencia programada
Según un estudio de la Universidad de Wisconsin, el desgaste temprano de productos generó en cada hogar estadounidense un gasto extra de alrededor de 1.043 dólares al año. “Aumentar la vida útil de los productos no solo combate el consumismo excesivo y los efectos ambientales que de él se derivan, sino que además permite que el consumidor pueda seguir haciendo uso del bien durante un mayor tiempo en lugar de tener que asumir forzosamente una inversión económica en un nuevo artículo”.
A veces, el problema no está en la propia legislación, sino en la manera en la que se implementa. Las empresas aprovechan lugares grises o inespecíficos —por ejemplo, el de los plazos estimados para efectuar reparaciones, o el uso de dispositivos de sustitución— para evitar ofrecer estos servicios de manera ágil y correcta. Para FACUA, “es preciso que por parte de las autoridades públicas se lleven a cabo cuantas inspecciones sean precisas para garantizar que los productos que se comercialicen en España no sufren este tipo de prácticas y que, cuando estos comportamientos empresariales sean detectados, se proceda a sancionar a sus autores con contundencia”.
Y, ¿cuál es el camino a seguir? A día de hoy, los más desprotegidos son los productos que se compran de segunda mano, cuya garantía se puede reducir a un plazo de hasta un año. Pero un paso importante es la educación al respecto: “es preciso que se invierta en campañas informativas para los consumidores. En muchas ocasiones las personas consumidoras desconocen sus derechos y las vías de las que disponen para poder exigir su cumplimiento, y esto implica que finalmente no exijamos que el vendedor cumpla con sus obligaciones”.