Hace falta un acuerdo para los presupuestos

El Govern presidido por Salvador Illa (PSC) dio ayer el visto bueno al proyecto de presupuestos para Catalunya en este 2026, con vistas a su posterior aprobación en el Parlament. Sin embargo, dicho proyecto no cuenta por ahora con apoyos suficientes en la Cámara catalana, donde el PSC ha sumado ya a sus 42 escaños los seis de Comuns, pero no ha logrado todavía los 20 de ERC, imprescindibles para alcanzar los 68 en los que se sitúa la mayoría absoluta. Las últimas cuentas catalanas aprobadas son las del 2023. Desde entonces se han ido prorrogando, año tras año.

Las líneas generales del proyecto de presupuestos expuesto por Alícia Romero, consellera de Economia i Finances, quedaron ayer claras. Las cuentas que propone el Govern, claramente expansivas, con un total de 49.162 millones de euros, suponen un incremento del 10,3% de los recursos disponibles respecto al presupuesto del año anterior, que fue fruto de una prórroga, y una subida del 23% respecto al presupuesto del 2023, último año en el que se aprobaron las cuentas en tiempo y forma. La partida de sanidad, que es la que más fondos requiere (13.840 millones de euros, más de un 25% del total), aumenta un 21% respecto al 2023, pero se queda por debajo del crecimiento medio. A su vez, la partida para educación, la segunda por su cuantía, contaría con 8.356 millones de euros, situándose por encima de la media. Sube la inversión en vivienda. El pago de intereses de la deuda es el capítulo que más se incrementa, al duplicar su importe y encaramarse hasta los 1.616 millones.

Pese a la magnitud de estas cifras, los republicanos se resisten por ahora a dar su beneplácito. Una semana atrás trascendió que los encuentros entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, encaminados a regularizar la recaudación en Catalunya del IRPF, no habían dado los frutos apetecidos por la formación soberanista. Por consiguiente, el respaldo de esta a los presupuestos catalanes quedaba en el aire. Se abrió entonces un periodo de incertidumbre, que todavía no se ha cerrado.

Es cierto que las relaciones entre ambas formaciones parecen haber mejorado en los últimos días. Al menos, en lo relativo a su voluntad de darse tiempo mutuamente, y así apurar los plazos para alcanzar el acuerdo. La Mesa y la Junta de Portavoces han acordado prolongar casi veinte días naturales la presentación de enmiendas. Si se superaran las diferencias actuales y se diera al fin luz verde a las cuentas, estas podrían ser votadas el 24 de abril, después de que el 19 de marzo expirara el plazo negociador y el 20 se empezaran a debatir.

Naturalmente, nuestro deseo, y nos atrevemos a decir que también el de buena parte del país, es que se alcance ese acuerdo. Porque Catalunya necesita los nuevos presupuestos dotados con los recursos oportunos para afrontar los desafíos del presente, que obviamente son distintos de los de anteriores ejercicios, puesto que es conveniente atender las renovadas necesidades de la ciudadanía. Siempre fue así, y más lo es en tiempos de cambios cada vez más acelerados.

Con creciente frecuencia, en la Administración catalana, y también en las de otros ámbitos territoriales, las cuentas preparadas con el propósito de dar un mejor servicio público a todos los contribuyentes son tomadas como rehenes en las negociaciones entre las fuerzas del gobierno y las de la oposición. Dichas negociaciones forman parte del juego político legítimo. Sobre eso no hay mucho que añadir, salvo que en ningún caso deberían concluir con la adopción de posiciones rígidas cuyo choque acaba teniendo consecuencias perjudiciales para el conjunto de la población. El efecto que tendría el fracaso de las negociaciones entre socialistas y republicanos es perfectamente cuantificable. La consellera Romero lo cifraba anteayer en 1.500 millones de euros que se perderían irremediable, por estar inscritos en el capítulo de gasto no prorrogable.

Las carencias de Catalunya son de todos bien conocidas. Es muy difícil justificar la renuncia a recursos que están al alcance de la mano, simplemente por razones de parte y de estrategia cortoplacista. Los países solo pueden progresar de modo significativo si sacan el mejor partido posible a sus recursos. Pero para eso es imprescindible que, previamente, se asegure su obtención. Resulta pues difícilmente entendible que se renuncie a tales recursos aduciendo argumentos que sacrifican el progreso colectivo en aras de las disputas partidistas.