Mi vehículo ha sido precintado e incautado por una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social de 0,11€ (once céntimos). Una vez advertido, procedí inmediatamente al pago. No obstante, a pesar de tratarse de una cuantía irrisoria ya abonada, debo esperar ahora varios días –o incluso semanas– a que se completen los trámites administrativos para recuperar un vehículo que necesito para trabajar. Resulta difícil comprender cómo el sistema puede ejecutar una medida tan grave por una deuda mínima, mientras que la restitución del bien no goza de la misma urgencia. Esta actuación supone un perjuicio económico real, además de una sensación de indefensión y falta de proporcionalidad en la actuación administrativa. No cuestiono la obligación de cumplir con las deudas, pero sí la ausencia de sentido común en este caso concreto. Hago pública esta situación con la esperanza de que sirva para visibilizar una práctica que puede afectar a cualquier ciudadano y que merece una reflexión por parte de las administraciones públicas.
Belén Malagón
Petrel