El tercer pilar de la nueva red de corrupción bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción ya ha sido identificado. Tras los arrestos del miércoles de la exmilitante del PSOE, Leire Díez, y del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, ayer se produjo la detención del empresario Antxon Alonso. Alonso, propietario de Servinabar 2000, una compañía navarra en la que, según la Guardia Civil, el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, sería socio, completa el trío. Díez, Fernández y Alonso, quienes permanecerán detenidos hasta el sábado antes de ser presentados ante la Audiencia Nacional, enfrentan acusaciones por presunta prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
Se desconoce aún la extensión de la investigación, pero no será menor considerando el número de allanamientos realizados por los agentes. Aproximadamente veinte registros se efectuaron en compañías que, de alguna forma, habrían estado vinculadas a Servinabar.
En Zaragoza, los investigadores se presentaron en las oficinas de Forestalia, una firma dedicada a las energías renovables, la cual supuestamente tendría conexiones con la compañía navarra encabezada por Alonso. Una vez más, otra investigación diferente parece entrelazarse con esta: el juez del Tribunal Supremo que indaga a Cerdán ha reunido pruebas que sugieren que dicha compañía funcionaba como fachada para que el exsecretario de organización del PSOE recibiera pagos ilícitos.
Alonso también contrató a Fernández en 2021, con un contrato hasta 2023, después de que fuera destituido por la persona que lo había respaldado para ponerlo al mando de la SEPI en 2018, tras la asunción de Pedro Sánchez en La Moncloa. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo relevó de su cargo tras ser imputado en otro caso, del cual posteriormente fue absuelto. El día de ayer, la vicepresidenta negó mantener alguna conexión actual con Fernández.
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Oficialmente, la conexión entre las partes se describe como distante. Cerdán refuta rotundamente cualquier asociación con Alonso, quien afirma que el acuerdo para adquirir el 45% de la empresa nunca se llevó a cabo. Sorprendentemente, Alonso había empleado a la esposa y al cuñado de Cerdán. Ahora se revela que esta pequeña firma, con menos de diez trabajadores, también contó con el exlíder de la SEPI, quien también pertenece al PSOE. La naturaleza precisa de la vinculación entre estos dos empresarios deberá ser aclarada por Fernández ante la autoridad judicial.
Antes de que estallara el asunto Koldo, y en particular los informes que conectaban a Cerdán con el escándalo de corrupción que tenía al Ministerio de Transportes, bajo la dirección de José Luis Ábalos, como centro neurálgico, Servinabar y Alonso eran figuras completamente anónimas.
No obstante, el empresario de Navarra emergió como una figura central en los reportes de la UCO acerca de Cerdán, dentro de la investigación judicial que involucra al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y Cerdán, acusados de recibir pagos indebidos por facilitar adjudicaciones públicas a ciertas compañías.
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¿Cuál es la identidad de Antxon Alonso? Se conoce que su lugar de nacimiento es el pueblo guipuzcoano de Elgoibar, que cursó estudios de magisterio, pero que desde una edad temprana se dedicó al ámbito empresarial. Ha establecido y gestionado diversas compañías y mantenía una estrecha amistad con Cerdán. Junto al ex dirigente del PSOE, poseía una compañía, Servinabar, la cual presuntamente recibió sobornos por contratos adjudicados de forma improcedente a Acciona.
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Servinabar estaría también en el punto de mira de esta nueva investigación por la que también están detenidos Díez y Fernández. Alonso constituyó la empresa en al año 2015. Cuando la UCO registró su domicilio encontró un contrato privado por el que Cerdán adquiría el 45% de la empresa por un importe de 6.000 euros. El contrato nunca fue elevado a público por lo que Cerdán se mantuvo como propietario en la sombra, según la tesis de la UCO y el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.
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Sin embargo, Servinabar no es la única compañía en la que Alonso tiene participación y que está bajo escrutinio. La UCO también efectuó un registro en las instalaciones de Noran S. Coop en San Sebastián, “vinculada a Alonso y a Koldo García, que fue perceptora entre 2016 y 2025 de 647.331 euros procedentes de Servinabar”. Dicha cooperativa, de acuerdo con el reporte de la UCO, empleó a Francisca Muñoz, quien es la esposa de Cerdán.
La misma indagación revela que las cónyuges de Alonso y Cerdán mantenían sus disputas, puesto que la pareja de Alonso, Karmele Atutxa, exhibió “cierta preocupación por los gastos desmedidos en los que habría estado incurriendo la de Santos (Paqui)”, a quien presuntamente se le permitió usar a voluntad una tarjeta de crédito proporcionada por la red.
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Además de su faceta empresarial, Alonso presuntamente llevó a cabo ciertas acciones de índole política. El individuo que se encuentra actualmente bajo arresto es originario de la misma localidad que Arnaldo Otegi, quien lidera la formación EH Bildu. Otegi ha manifestado que Alonso fue quien le introdujo a Cerdán y que, de forma conjunta, “fijaron las vías de interlocución entre el PSOE y EH Bildu”.
