Leire Díez no era una mera militante del PSOE que quiso abanderar una lucha contra las cloacas del Estado. Por los indicios recabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción utilizó la influencia que logró acumular a partir del 2018 por sus puestos de alta dirección en empresas estatales para enriquecerse. Para ello utilizó a otras dos personas, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario navarro Antxon Alonso.
Los tres vieron negocio. Ambos, por sus relaciones profesionales, de partido y personales tenían gran capacidad de influencias en organismos públicos, que habría utilizado. Por todo ello, acabaron arrestado el pasado miércoles y puestos en libertad el sábado aunque vigilados y sin poder salir del país.
En un auto judicial, el juez de la Audiencia Nacional que ha tutelado la investigación, Antonio Piña, detalla hasta cinco operaciones en las que habrían intermediado a cambio de dinero.
En total, se ha contabilizado por lo menos 750.000 euros que se habrían repartido entre los tres por sus gestiones. Esta nueva operación ha destapado que a partir del 2021, los tres habrían creado un grupo de Whatsapp, “Hirurok” (“nosotros tres” en euskera) donde coordinaban todos sus movimientos.
Uno de los puntos en los que se ha centrado la investigación es en cómo cobraban las mordidas. Por un lado, en alguno de los contratos bajo sospecha se contrató a Servinabar, y de esa manera se le pagaba por los servicios prestados. Por otro lado utilizaron una sociedad, Mediaciones Martínez, sita en Zaragoza, para vehiculizar las comisiones. Después, para que llegara ese dinero a los protagonistas se hacían contratos ficticios, como por ejemplo a través de Servinabar, que habría pagado a Fernández 128.000 euros por trabajos prestados.
Asimismo, de la empresa zaragoza se han detectado salidas de dinero para los implicados. Otra vía era emplear los fondos en inversiones inmobiliarias, principalmente en Marbella y Jaca.
Este nuevo descubrimiento puede alumbrar algo más el papel de Díez, aunque todavía queda mucho por descubrir, Cuando su nombre salió a la palestra por su intento de sacar trapos sucios de agentes de la UCO, fiscales y jueces, no se entendía quién era ella.
Desde las filas del PSOE se vendió como una militante del partido que quiso ayudar a destapar las cloacas del Estado. Incluso, ella misma ha dicho públicamente que es una periodista de investigación que estaba haciendo un trabajo sobre corrupción judicial, lo que sería el “lawfare”. Nunca pudo explicar quien le estaba pagando desde que en 2023 abandonó su último cargo público en Correos para llevar a cabo esos supuestos trabajos de investigación.
Cuando se descubrió lo que estaba haciendo dejó de ser militante del partido. Aúna así, nunca se ha sabido cómo en el 2018, tras la llegada de pedro Sánchez al Gobierno, ella logra un puesto de dirección en una empresa pública estatal, Enusa, y de ahí saltar a otro cargo de alta dirección en otra empresa pública, Correos.
Lo que se ha descubierto ahora es que llegara de la mano de quien llegara lo cierto es que estrechó sus lazos con quien fuera el presidente de la SEPI. Éste tuvo que abandonar su puesto año año de aterrizar, en el 2019, tras salir salpicado por un caso de corrupción en Sevilla -del que luego quedaría absuelto-.
Podría ser que Fernández y Díez se conociesen por su etapa Enusa-SEPI. Tampoco se conoce cómo ambos contactaron con Antxon Alonso, aunque se sabe que éste tenía relación de amistad con Santos Cerdán, uno de los hombres fuertes del PSOE y quien a partir del 2021 se hizo mano derecha de Sánchez en el partido, tras ser designado secretario de Organización.
También se sabe que Díez mantuvo reuniones con Cerdán para gestionar y dirigir la operación de búsqueda de información sobre las cloacas del Estado que llegó incluso al intento de soborno de dos fiscales de Anticorrupcion, funcionarios públicos, y que está siendo investigado en un juzgado de Madrid.
Para aclarar un poco el enjambre hay que tener en cuenta otro dato. Cerdán está siendo investigado por el Tribunal Supremo, y estuvo encarcelado cinco meses, por hacer una operativa similar a la que ahora se investiga en esta nueva trama. El exsocialista está investigado por favorecer a empresas, principalmente Acciona, para ser beneficiada de contratos a cambio de comisiones. Para ello, Acciona habría hecho UTE (unión temporal de empresas) con Servinabar y así que esta empresa cobrara por esa vía parte de las comisiones. Después Alonso contrató a la mujer y cuñado de Cerdán en su empresa.
Todavía se desconoce si ambos asuntos están relacionados entre sí porque por ahora se investigan de manera independiente.
En este caso, el grupo Hirurok habría favorecido el amaño de cinco contratos. Habría cobrado 114.000 euros por intermediar para que la empresa Tubos Reunidos fuera rescatada en el 2021.
Por otro lado, habrían cobrado 18.000 euros de la empresa pública Mercasa por realizar un supuesto estudio técnico para su cambio de sede.
La tercera operación investigada es la adjudicación de un contrato públicos por parte del parque Empresarial Principado de Asturias (Pepa) en favor de la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri y Afesa Medio Ambiente por importe de 2,8 millones de euros. Por la intervención del grupo Hirurok, Erriberri habría pagado 400.000 euros.
Otra de las operativas sospechas afecta a Acciona. Ésta se puso en contacto con el grupo investigado para que intermediaran en la adjudicación de una incineradora en Melilla y un dentro de tratamiento de residuos en Castellón. Para el cobró de las comisiones se habría utilizado un contrato simulado con un despacho de abogados que acabaría desviando las mordidas a los investigados.
El grupo Hirurok también desplegaron sus influencias ante cargos públicos de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) para que concediera una ayuda a la sociedad Arapellet, perteneciente al grupo Forestalia, por 17,3 millones de euros. A cambio, este último les habría pagado 200.000 euros.
