La estatua de Fraga reaviva la controversia histórica.
Cámara Alta
Una decena de formaciones partidistas, incluyendo a ERC, Junts, EH
La propuesta se ampara en la Ley de Memoria Democrática y recalca su implicación política en la masacre de Vitoria de 1976.
Hasta diez fuerzas políticas han coincidido en el Senado. Pero no para llevar a la Cámara Alta un texto legal sino para retirar un símbolo. Concretamente el busto de bronce de Manuel Fraga Iribarne que preside uno de los espacios de la institución.
El gesto de ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, Compromís, Geroa Bai, Más Madrid, Agrupación Socialista Gomera y el senador por Pitiusas es político, pero también tiene carga histórica. Los firmantes -todos ellos socios habituales del Gobierno- fundamentan su petición en la Ley de Memoria Democrática. Y, por ende, razonan que una institución democrática “no puede normalizar símbolos de impunidad ni proyectar reconocimiento público sobre responsables políticos vinculados a la represión”.
No se trata, sostienen, de revisar la Transición, sino de “aplicar una norma vigente” que obliga a retirar elementos que ensalcen la dictadura o a quienes desempeñaron responsabilidades en ella.
La identidad de Fraga aglutina esa tirantez. Ejerció como ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969 durante el franquismo. Tiempo después, en las postrimerías del régimen, asumió la vicepresidencia segunda para Asuntos del Interior. Es específicamente ese puesto el que resaltan los impulsores de la propuesta al recordar la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, en la cual cinco obreros perdieron la vida por fuego de la Policía Armada durante la evacuación de la iglesia de San Francisco de Asís tras múltiples jornadas de huelga general. “Era el ministro responsable de las fuerzas de orden público en aquel momento”, enfatizan en su texto.
La figura de Fraga ha sido, desde hace décadas, un espejo de las ambigüedades de la historia reciente española. Fundador de Alianza Popular, embrión del actual Partido Popular, y presidente de la Xunta de Galicia durante quince años, su biografía atraviesa dictadura y democracia. Sus defensores suelen reivindicar su papel en la arquitectura de la Transición y su contribución a la consolidación del sistema constitucional. Sus detractores ponen el foco en su responsabilidad política en los últimos años del franquismo.
No es la primera vez que el busto genera controversia. Hace unos años, EH Bildu ya intentó retirarlo. Entonces, la mayoría que conformaban PP y PSOE en la Mesa de la Cámara Alta optó por mantenerlo argumentando que la escultura no reconocía su etapa franquista, sino su labor como senador y su contribución al periodo constituyente.
Actualmente el panorama es distinto. La Ley de Memoria Democrática ha ensanchado el entorno normativo y ha desplazado la confrontación simbólica hacia los estamentos oficiales. El requerimiento entregado este viernes exige que la Mesa del Senado se posicione nuevamente, en esta oportunidad bajo una atmósfera política más atomizada y con una atención creciente por las políticas de memoria. La efigie de Fraga, fija desde hace décadas, se sitúa nuevamente en el eje de la controversia política.
