España es uno de los países más longevos del mundo, un hecho que en principio es motivo de celebración, pero que también plantea enormes desafíos económicos y sociales. Así lo advierten los expertos del Instituto Santalucía en su podcast Un país para mayores, basado en el libro del mismo nombre. Vivir cien años es cada vez más plausible, pero garantizar una vejez digna y financieramente sostenible exige una planificación rigurosa que muchos ciudadanos aún no han iniciado.
En el podcast, los autores recuerdan que “la probabilidad de sufrir gran dependencia aumenta con la longevidad”, lo que incrementa notablemente los gastos en los últimos años de vida. Juan de Ipiña, director de Desarrollo de Negocio de RGA, advierte que “el principal peligro es que uno sobreviva a sus ahorros y justamente en la fase final de tu vida, cuando la brecha de ingresos y gastos empieza a ampliarse por el coste de los cuidados”. A ello se suma un escenario económico incierto.
La longevidad y el aumento de la dependencia obligan a replantear cómo financiar los últimos años de vida
La inflación, señala De Ipiña, es otro elemento crítico: “Otro riesgo muy importante es una inflación moderada o alta durante un tiempo largo, que se coma parte del ahorro generado durante tanto tiempo”. El experto explica que, llegada la jubilación, “los rendimientos que generan nuestros ahorros son claramente inferiores a la inflación” porque los ahorros se mantienen en “inversiones mucho más conservadoras”. Este fenómeno, advierte, puede erosionar de forma significativa el patrimonio acumulado.
Muchos ciudadanos siguen confiando en que el sistema público cubrirá todas sus necesidades, lo que puede generar una falsa sensación de seguridad. De Ipiña lo resume como “otro desafío muy grande”, señalando que existe “la creencia popular que el Estado va a garantizar el 100% de las pensiones públicas actuales en el futuro”. En este sentido recuerda el ejemplo de Grecia, donde “hubo más de 13 recortes desde el año 2007”. Y añade un dato estructural: “En el año 70 la esperanza de vida era de 72 años, actualmente son 82 años”. Esto ha tensionado la sostenibilidad del sistema.
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La presión financiera, según él, es evidente: “En el año 2008 había un gasto público de pensiones equivalente a 98.000 millones de euros. En el año 2021 fue de 171.000 millones, un 75% más”, apunta. Al mismo tiempo, “cada vez hay menos cotizantes por beneficiario”. El experto es tajante al describir el futuro inmediato: “O se incrementan los impuestos de manera brutal o se ajustan las pensiones públicas a la baja”.
El desequilibrio entre cotizantes y jubilados anticipa un escenario en el que las prestaciones públicas podrían ser insuficientes
Por su parte, Enrique Ruiz, director general de RGA, incide en la falta de percepción social sobre este problema. Al ser preguntado si somos conscientes del riesgo de quedarnos sin recursos en la vejez, responde: “Pues me temo que no”. Añade que el concepto de jubilación ha cambiado y que, hoy, “durante nuestra jubilación vamos a tener que afrontar sí o sí que los ingresos son limitados y las necesidades van siendo mayores porque lo que se va a producir con toda seguridad es un deterioro de la salud”. Por ello, insiste en “promover el ahorro privado y hacer una planificación de nuestra jubilación”.
De Ipiña también expone la falta de cultura financiera como un obstáculo determinante: “Hay una clarísima falta de concienciación”, afirma. Explica que muchos ciudadanos se fijan únicamente en el rendimiento puntual de un producto, sin entender la diferencia entre “productos de acumulación” y “productos de desacumulación”. Destaca el caso de los PIAs y las rentas vitalicias: “Las ventajas fiscales que tienes en las rentas vitalicias son increíbles. Pero cuando digo increíbles, son increíbles”. Y concreta: “Si eres mayor de 70 años puedes tener una reducción de la base imponible del 92%. Puedes llegar a tributar de media un 1,52% por cada 100 euros”.
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Los expertos coinciden en que existe una desconexión entre las necesidades reales de los ciudadanos y la oferta de las aseguradoras. De Ipiña señala “una falta de alineación entre la demanda de los asegurados y la oferta de las aseguradoras”, motivada en parte por los estrictos requisitos de solvencia que deben cumplir para ofrecer rentas vitalicias, lo que desincentiva su comercialización.
La falta de educación financiera y la complejidad de los productos de ahorro dificultan que los ciudadanos tomen decisiones adecuadas sobre su jubilación
A la hora de buscar responsables, Ruiz apunta a una responsabilidad compartida: “El Estado tiene la obligación de incentivar el ahorro privado, de comunicar, de incrementar el conocimiento financiero de la sociedad”. Pero también recuerda una realidad poco conocida: “La mayoría de la población no es consciente de que lo que está aportando cada mes al Estado no es para pagar su jubilación futura, sino para pagar las pensiones de los que hoy son jubilados”. Empresas, sindicatos y particulares, añade, también deben implicarse.
El episodio concluye recordando que una adecuada planificación exige responder a preguntas esenciales. Ruiz plantea algunas de ellas: “¿Cuáles van a ser nuestras necesidades después de la jubilación? ¿Vas a dejar todo el patrimonio a tus hijos? ¿Tienes previsto una enfermedad crónica y necesitas cuidados especiales? ¿Voy a preferir quedarme en casa o ir a una residencia?”. Una vez estimado el coste, subraya, hay que “empezar a hacer nuestra hucha para hacer frente a esos gastos futuros”, ajustándola con el paso del tiempo según se acerque la jubilación.