Empresas subrayadas en fosforito

“Eso nos jode un poco”. Con estas palabras Koldo García le afeaba a la por entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que hubiese elegido para un contrato una UTE entre dos empresas, en vez de a Acciona. Pardo de Vera se escama porque el nombre de la UTE se lo habían enviado subrayado en fosforito. Es “por disimulo”, le contesta García. Ah, por disimulo, buen truco, ahora lo pillo, debió de pensar ella. El fosforito como técnica de despiste. A la altura de una novela de espionaje y contraespionaje de la Guerra Fría. Una jugada maestra, una pista falsa para confundir, propia de alguien que sabe manejarse. Esta semana, como cuenta aquí Joaquín Vera, la Audiencia Nacional ha decidido investigar a Pardo de Vera por cinco delitos, incluido el de organización criminal.

Parece que regresa el fosforito, el mismo que envolvía el nombre M.Rajoy en los papeles de Bárcenas. Regresa para subrayar nombres de empresas bajo un epígrafe llamado licitación pública. Es en esta frontera entre las administraciones públicas y sociedades privadas donde también fermenta la corrupción, en esta oquedad en la que brotan los comisionistas y asoman los ábalos y los cerdanes. Subrayados en fosforito que acaban decantando con zancadillas el sprint final entre varios aspirantes a un contrato.

Una obviedad. La corrupción es un enorme problema para nuestras instituciones democráticas. Las no democráticas no tienen ese problema porque son de naturaleza corrupta, aunque sus ciudadanos a veces ni lo sepan. Y también es un problema para el mercado, sobre todo cuando se dan casos de cárteles o colusiones que no hacen sino encarecerle la vida a los consumidores y contribuyentes, si es que unos y otros no son lo mismo. De ahí el daño del caso Koldo y la importancia de que administraciones, empresas, funcionarios y particulares no bajen la guardia.

A propósito de las empresas, estos días aflora el debate sobre los corruptores, término que no agrada a la CEOE. “Ahora nos llaman corruptores. Yo no lo puedo admitir”, aseguró hace unos días su presidente, Antonio Garamendi, a propósito del caso Koldo. Es quizá una afirmación desafortunada porque nadie acusa en términos generalizados a las empresas. Al revés, Garamendi perdió la ocasión de recordar que son muchas las empresas que pueden considerarse víctimas de primer orden de la corrupción, sobre todo cuando pierden contratos en los que han puesto un gran esfuerzo en forma de tecnología, talento y financiación. “El que corrompe es el que tiene el poder”, sostiene la CEOE. A lo que podría añadirse el viejo adagio de que dos no corrompen si uno no quiere.

Lo cierto es que el caso Koldo ha dejado estos días en shock a las empresas de construcción. “Todo lo que está ocurriendo es muy negativo para el sector. Hay una crisis reputacional de nuevo de algo que parecía olvidado”, lamentaba esta semana en un encuentro con periodistas el presidente de Lantania, una constructora de tamaño medio, con más de 1.000 millones de euros de cartera. Parecía evocar aquellos tiempos de poceros y ferralla barridos por la Gran Recesión.

Las grandes constructoras, sea dicho, han evolucionado en los últimos años para convertirse en multinacionales obligadas a competir en el exterior. La proyección internacional de ACS, Ferrovial o la propia Acciona arrastra a otras compañías del sector y resulta de por sí un antídoto contra la corrupción, sobre todo cuando se dirige a mercados como Estados Unidos o Reino Unido. La facturación de estos grandes grupos en España es por momentos residual, de apenas un 9% en el caso de ACS, al tiempo que se hacen con grandes proyectos como la terminal 1 del aeropuerto JFK de Nueva York o los centros de datos de Meta en Louisiana. Y sin embargo, el caso Koldo resulta suficiente para empañar la reputación del sector.

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Iñaki de las Heras

Sobre Acciona, comentar que su presidente dijo en la última junta de accionistas que lo ocurrido le “duele profundamente”, informa Fernando H. Valls. La compañía, que aparece citada en decenas de ocasiones en el informe de la UCO, ha despedido al director de Construcción en España, Justo Vicente Pelegrini, y niega prácticas irregulares en materia de contratación pública. “Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Justo”, dicen los audios.

Escándalos aparte, Bruselas ha aludido esta semana al ”alto riesgo de corrupción" en los contratos públicos en España, informa Anna Buj. Le afea sobre todo que no tenga una estrategia nacional anticorrupción, algo así como un libro blanco e incluso un pacto de Estado, figura por otro lado inconcebible en el contexto actual. Aquí Jordi Juan reflexiona sobre la necesidad de que el Congreso apruebe esta estrategia. Habrá que conformarse por el momento con el plan anticorrupción de Sánchez.

Tres datos:

Uno. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, España ha retrocedido diez posiciones en apenas un año y ha pasado del puesto 36 al 46 en el 2024.

Dos. El 40% de las empresas que operan en España cree que la corrupción le ha impedido ganar algún contrato, según el último Eurobarómetro Flash sobre las Actitudes de las Empresas frente a la Corrupción. El porcentaje era de apenas el 21% hace un año y contrasta con la media europea, del 25%.

Tres. Hay quien se atreve a cuantificar el coste de la corrupción para la economía, y las cifras adquieren dimensiones astronómicas. En este artículo, Mariano Guindal recoge algunos datos. 90.000 millones de euros, el 8% del PIB. Con un importe así, quedarían pagadas todas las exigencias de la OTAN e incluso daría para mejorar la sanidad pública.

Sobre el mundo de la contratación pública, merece mucho la pena seguir la pista a la Oirescon, el organismo público independiente encargado de supervisar esta actividad. Su informe anual, de más de mil páginas, es un monumento a la esperanza, la demostración de que la administración se toma en serio el asunto.

Allí hay información esclarecedora. El último informe muestra que al año se licitan unos 200.000 contratos públicos en España, de una media de 545.000 euros. La media de licitadores es inferior a tres, mala señal. De los que se publicitan, el 44% solo tuvo un postor. El año pasado se recibieron además 221 denuncias por corrupción. Se centraron en tres actividades: transporte terrestre, servicios de restauración en espacios públicos y, en tercer lugar, construcción de carreteras, vías férreas, puentes y túneles.

La Oirescon denuncia además los acuerdos entre empresas para repartirse licitaciones o presentar ofertas. Entramos en el terreno de la CNMC, que en sus doce años de actividad ha desmantelado decenas de cárteles, entre ellos uno de grandes constructoras con una sanción aparejada de más de 200 millones.

El organismo de Competencia tiene una herramienta propia de inteligencia artificial llamada Brava dedicada a olfatear todo lo que huele mal en las licitaciones públicas. Ellos llegaron primero, aunque Sánchez ha anunciado esta semana que se usará la IA para controlar la contratación.

También esta semana, el Círculo de Empresarios se ha posicionado en torno a la corrupción en las licitaciones públicas. Como Bruselas, pide una estrategia nacional, además de mayor transparencia en la contratación pública y una trazabilidad del gasto desde su adjudicación hasta la ejecución. Incluye otras medidas relacionadas como la protección del denunciante, el whistleblower, como se conoce en la jerga anglosajona.

Sin embargo, una de las herramientas más eficaces en la lucha contra la corrupción empresarial está en manos de la propia CNMC. Consiste en prohibir a las empresas infractoras contratar durante unos años con la administración pública. La estrenó en el 2019, precisamente a propósito un cártel de contratistas de Adif y esta semana Sánchez también la ha presentado como nueva, al aludir a un sistema de “exclusión y listas negras”.

Mientras, las constructoras no se cansan de publicar papeles sobre las perentorias necesidades de inversión. Si a eso se suman las quejas de los usuarios acerca de las averías en el AVE, los problemas en Rodalies o el estado de las carreteras, el fresco resultante es el de infraestructuras envejecidas o descuidadas.

Las grandes constructoras, integradas en la asociación Seopan, han planteado estos días un plan de inversión de 143.000 millones en autovías sufragado con peajes. La Asociación Española de Carretera ha publicado un informe sobre el deficiente estado de las carreteras en el que cifra en 13.400 millones las necesidades de inversión.

En fin, este es el clima general tras los últimos casos de corrupción. ¿Qué pueden hacer las empresas contra esta patología? ¿Qué hacen ya muchas de ellas? El listado de actuaciones incluye canales de denuncias, códigos de comportamiento, auditorías, formación, medidas disciplinarias y, sobre todo, una cultura de tolerancia cero.

Nada más, dicen que la corrupción es tan antigua como las sociedades mismas. Los primeros indicios se remontan a las primeras dinastías de Egipto, en el año 3.000 antes de Cristo. En la Grecia clásica, cuenta Heródoto, hubo una familia acaudalada, Alcmeónida, que llegó a sobornar a las sacerdotisas del oráculo de Delfos para que repartiesen profecías a su favor. Era la forma con que, por entonces, funcionaba el color fosforito. Si hubiese que sintetizar el sentimiento que la corrupción nos genera, quizá no sea necesario remontarse tan atrás. Sirva con citar al más célebre de sus actuales practicantes, Koldo García. Como él diría, la corrupción “nos jode un poco”.

Otras noticias de la semana

· Aena subirá las tasas. El gestor aeroportuario ya ha calculado la subida tarifaria para el año 2026, fecha en la que termina la obligación de congelación de tasas de los últimos años. El incremento previsto es del 6%, indican fuentes del sector, es decir, 68 céntimos por pasajero. El proceso ha sido supervisado por la CNMC y 45 céntimos del incremento correspondería a ingresos no percibidos en el 2024. Por tanto, la subida ordinaria sería de sólo 23 céntimos por pasajero, un 2,2%, informa Maite Gutiérrez.

· Cirsa se estrena en bolsa. El grupo de juego, propiedad de Blackstone desde que hace siete años lo comprase a Manuel Lao, estrenó su cotización con una subida del 6% y una capitalización bursátil de más de 2.500 millones de euros, informa Blanca Gispert.

· La compra de Talgo se complica. La adquisición del fabricante de trenes por el consorcio vasco liderado por Sidenor se encuentra en serio peligro, aseguran fuentes del Gobierno central y del vasco, después de varios meses de un tira y afloja entre los empresarios interesados, encabezados por José Antonio Jainaga, el Ministerio de Hacienda, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el de Transportes, informa Fernando H. Valls.

· Atentos a la compra de Aades y Neinor. Es una de las grandes operaciones del momento, pese a pasar desapercibida. Lo que está en juego es la compra de la primera promotora de viviendas de España por parte de un grupo controlado por una firma de capital riesgo, informa Manel Pérez.